Denuncian explotación generalizada de jornaleros; observan maltrato en 19 estados

*El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sostiene que de 2007 a la fechan han muerto 41 niños guerrerenses en los campos agrícolas de Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y San Luis Potosí

Agencias

Ciudad de México

Defensores de los derechos de los jornaleros agrícolas denunciaron la explotación generalizada a la que son sometidos los indígenas que cada año dejan sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida.
En conferencia de prensa, integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, además de Respuesta Alternativa, Voces Latinoamericanas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, precisaron que los indígenas son contratados por enganchadores que ofrecen condiciones laborales inexistentes y los patrones exigen más de 10 horas de trabajo extenuante, aunado a la ausencia de apoyos gubernamentales, tiendas de raya e impunidad para los dueños de las fincas agrícolas.
Los defensores reconocieron que la movilización de jornaleros de San Quintín (Baja California) que pugnan por un aumento salarial, inscripción al IMSS y cese al hostigamiento sexual, entre otras demandas, evidencia una realidad generalizada en 19 entidades adonde llegan miles de trabajadores agrícolas de los estados más pobres del país en cada periodo de cosechas.
Explicaron que por jornadas laborales extenuantes de más de 10 horas y por las cuales cada persona recibe entre 110 y 140 pesos, la agroindustria exporta cada año 400 mil millones de pesos.
Luego de destacar que la cifra de trabajadores de las agroindustrias ascendió a 2 millones, según cifras de la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) de 2009, los defensores acusaron que mientras se solapa la explotación laboral, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 destinó 338 mil millones de pesos para apoyar a los agroindustriales.
De acuerdo con los activistas, los estados donde se encuentran las agroindustrias que requieren de mano de obra barata son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Estado de México y Chiapas.
En tanto, las entidades expulsoras son las diez más pobres del país, entre ellas Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Giovana Battaglia, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, dijo que han detectado a menores de seis años trabajando en los campos, y tras una encuesta realizada en torno de las condiciones de salud de los niños jornaleros, concluyeron que “42% sufren desnutrición crónica agudizada por la baja calidad de alimentación”. Además, dijo, en Guanajuato han muerto cinco menores hijos de jornaleros.
Jesús Carmona, de Respuesta Alternativa, resaltó que en San Luis Potosí operan 32 empresas agroindustriales que destinan 90% de su producción a la exportación, por lo que en los últimos dos años se ha incrementado la contratación de trabajadores originarios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Morelos.
Sobre el trabajo infantil, recordó que en julio de 2014 una camioneta con jornaleros se volcó y murieron dos niños “con signos de haber trabajado en los campos, al igual que otros dos que resultaron heridos”.
Margarita Nemecio, de Tlachinollan, sostuvo que de 2007 a la fechan han muerto 41 niños guerrerenses en los campos agrícolas de Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y San Luis Potosí.
“Hasta ahora no ha habido justicia para las familias, ni nada que se le parezca a una indemnización”, apuntó, y reprobó que siendo un problema tan añejo, las autoridades federales se niegan a atender.
“No hay ningún tipo de supervisión ni sanción para los enganchadores que engañan a los trabajadores, no hay supervisión a los transportistas contratados por empresarios para llevar a jornaleros. Nosotros detectamos condiciones de hacinamiento, pero ningún camión fue revisado por la Policía Federal, ni se verificó que tuvieran sus documentos en regla”, precisó.