Se crean en dos años cuatro sistemas de seguridad y justicia ciudadanos y cinco policías comunitarias

*Desde que en Huamuxtitlán y Olinalá los ciudadanos tomaron las armas contra la delincuencia organizada, hasta la entrada de la Policía Comunitaria a Petaquillas, a 5 minutos de la ciudad capital,  se calcula que cumplen funciones de seguridad pública 20 mil ciudadanos armados

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En dos años, en Guerrero se crearon cuatro nuevos sistemas de seguridad y justicia ciudadana y hay cinco grupos visibles de autodefensa que imitaron a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), constituida en la región Costa Chica-Montaña hace dos décadas, por la mismas razones que dieron origen a las de hoy: la espiral de violencia y el abandono del gobierno.
Se calcula que hay alrededor de 20 mil ciudadanos o policías comunitarios armados haciendo labores de seguridad, según promotores de estas mismas organizaciones.
En un ambiente de crispación social, manifiesta en las protestas contra las reformas estructurales y por los crímenes de Iguala junto a la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre, parece que el gobierno teme una insurrección, y cada vez que se activa uno de estos grupos, la respuesta es la militarización en el estado.
Los nuevos movimientos estructurados son la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP); el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG); el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que se separó de la anterior, y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC).
Entre las autodefensas se cuenta el grupo de Cuetzala del Progreso en la Zona Norte, formado en 2013; otro de comunidades de la Sierra de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, que se conoció en noviembre pasado, por medio del programa de televisión Punto de Partida, de Denise Maerker.
El más reciente es de pueblos del municipio de Cocula: los policías comunitarios de Nuevo Balsas, que el mes pasado se dieron a conocer por una acción de rescate de 18 trabajadores de la minera Media Luna, secuestrados.
Los primeros antecedentes conocidos de esta ola de autodefensa son Huamuxtitlán y Olinalá, en la Montaña alta de Guerrero, donde los pueblos se sublevaron, tomaron las armas y acusaron a sus gobiernos municipales de tener vínculos con el crimen organizado.
Los vecinos conformaron el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán, y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Vigilancia de Olinalá en 2012, y el siguiente año, se integraron a la Casa de Justicia de El Paraíso, perteneciente a la CRAC, desarticulada a finales de 2013 por injerencia del gobernador, Ángel Aguirre Rivero.

Las primeras autofedensas

El Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán se conformó en junio de 2012, luego que vecinos de la cabecera municipal descubrieron en las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal a 18 secuestrados.
De acuerdo con las versiones periodísticas, la noche del 2 y 3 de junio de ese año, el pueblo se levantó en armas para perseguir a los policías municipales y a los secuestradores, que al saberse descubiertos huyeron con las 18 personas.
Tras una persecución y un enfrentamiento a balazos, liberaron a las víctimas, pero los secuestradores huyeron con el apoyo de los municipales. Esa misma noche el pueblo arremetió a golpes contra el alcalde, Juan Carlos Merino. En pocos días, el gobierno fue reemplazado por un Concejo Municipal.
En Olinalá, el 27 de octubre del mismo año, los vecinos expulsaron a un grupo delictivo y colocaron retenes con personas armadas en las seis entradas del pueblo para proteger a sus familias de una posible respuesta de los criminales que secuestraban y les exigían cuotas.
Integraron el Consejo Ciudadano de Olinalá, liderado por la migrante Nestora Salgado García. Aunque exigieron al gobernador la destitución del alcalde, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, cedieron a la negociación política con Aguirre Rivero.
En agosto de 2013, el Frente y el Consejo se incorporaron a la CRAC, pero debido al acoso del gobierno a la Casa de Justicia de El Paraíso, Miguel Vitrago Reyes reconoció después que se separó del sistema porque le advirtieron que él sería el siguiente detenido.
La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado fue aprehendida por marinos y policías federales en agosto de 2013, y acusada de secuestro y delincuencia organizada porque se negó a liberar al síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, sometido a reeducación en el sistema comunitario, por el robo de ganado. Los policías comunitarios, se negaron a liberarlo porque fue detenido en flagrancia.

Ciudadanos organizados

El 2 de diciembre de 2012, se presentó en la Montaña alta la CRSJ-PCP, con sede en Temalacatzingo, con pueblos nahuas de Olinalá, Cualac y Tlapa, que sustentó el movimiento en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, pero opera hace muchos años según sus usos y costumbres. La Policía Ciudadana y Popular ha seguido su desarrollo, y este 10 de abril, en conmemoración del 96 anivrsario luctuoso de Emiliano Zapata, rindieron protesta cerca de 30 nuevos policías de esta organización, que operarán en el municipio de Humuxtitlán, de acuedo con la not publicada en El Sur.
El 5 de enero de 2013, nacieron los grupos de autodefensa en Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala, con retenes en la localidad de Ayutla, “para contener las acciones del crimen organizado”, no contra el gobierno, aclararon los promotores que salieron encapuchados los primeros días ante la prensa.
En testimonios publicados, los pobladores denunciaron la situación de criminalidad, así como la simulación o complicidad de policías municipales, estatales, incluso del Ejército con el narcotráfico que no sólo traficaban, extorsionaban, secuestraban, violaba a las mujeres y asesinaban con total impunidad.
Este movimiento, que inicialmente buscó el auspicio de la CRAC, fundó el SSJC, bajo la dirección de la UPOEG, que encabeza el líder na’savi, Bruno Plácido Valerio.
La CRAC, donde ya se evidenciaban fuertes conflictos internos, se deslindó públicamente de los grupos de autodefensa (El Sur, 8 de enero de 2013). No obstante, la nueva organización de seguridad se extendió por Costa Chica y llegó a comunidades rurales de Acapulco y Chilpacingo.
En 2015, en el primer aniversario de la entrada de la Policía Ciudadana en el Valle de Ocotito, en Chilpancingo (el pasado 23 de enero) un bloque de comunidades organizadas por la UPOEG en materia de seguridad, alrededor de la carretera federal México-Acapulco, anunció su separación y la conformación del FUSDEG.
El nuevo grupo alcanzó notoriedad después del 31 de enero, cuando llegó a la comunidad de Petaquillas municipio de Chilpancingo, a 5 minutos de la ciudad capital. Ese día unos 600 policías comunitarios del Valle del Ocotito ocuparon Petaquillas, y se comenzó a crear la Policía Cmunitaria en este lugar, lo que motivó operaciones de cientos de militares en la entrada de la población para impedir el paso de otros grupos armados del Valle del Ocotito, del municipio de Juan R. Escudero y localidades Acapulco, del mismo sistema.
En menos de un mes, por el respaldo ciudadano, la organización logró la instalación de una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación, que le reconoció facultades para hacer labores de seguridad.
De forma independiente, el 3 de noviembre de 2013, surgió el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), en la región Norte. Fue el único que tuvo el apoyo abierto del gobierno municipal y sigue trabajando por la seguridad. En 2014, celebraró su primer aniversario, como consta en el seguimiento de este caso en El Sur.

Las autodefensas, según la CNDH

Tras el surgimiento en cascada de los movimientos de autodefensa en 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que en 46 de los 81 municipios de las siete regiones del estado había presencia de dichos grupos, en un informe especial sobre autodefensas, policías comunitarias y seguridad pública en Guerrero.
Aunque no lo aceptaron funcionarios estatales de ese momento, la mayoría de los casos se confirmó con el paso tiempo.
El organismo detalló que en ese momento, la CRAC tenía presencia en 15 municipios; la UPOEG en 21, y el CRS-PCP en tres. Con un municipio, estaba el MAAC de Apaxtla de Castrejón y a la Policía Ciudadana de Olinalá, cuya líder, Nestora Salgado García, fue detenida por efectivos de la Marina y encerrada en un penal federal en Tepic, Nayarit, después de que se unió a la CRAC.
Señaló otros 11 grupos de autodefensa, como el de Cuetzala del Progreso, que se mantiene en funciones, según los registros periodísticos, y de San Miguel Totolapan, el único de Tierra Caliente, que salió a la luz por un reportaje televisivo de Punto de Partida.
Pero los pueblos de San Miguel ya habían denunciado la inseguridad y exigieron al gobierno del estado que los acreditara como Policía Rural, la alternativa del Estado para regular a los grupos armados.
En Costa Grande, no hay grupos ciudadanos organizados por la seguridad, pero hubo esfuerzos truncos en Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez.
En su momento, Plácido Valerio de la UPOEG denunció el homicidio de los productores de café José Luis Sotelo Martínez y Juan Lucena Ríos, la tarde del 16 de noviembre de 2013, en el centro de Atoyac, que encabezaban la formación de la Policía Comunitaria en el poblado de El Paraíso.
En Coyuca de Benítez, la Unión de Pueblos (UP) organizó hace dos años una asamblea para formar un sistema comunitario de seguridad y justicia, con el respaldo de la UPOEG, pero el luchador social, Carlos García Jiménez, denunció que el alcalde operó para inhibir la iniciativa.
En junio de 2013, se suscitó un caso particular en Tecpan de Galeana; pobladores de los pueblos de San Luis San Pedro, San Luis la Loma y otro más en Nuxco, bloquearon cinco puntos de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, y anunciaron la conformaron una policía comunitaria. Pronto, el comandante de la Novena Región Militar, general Genaro Fausto Lozano Espinoza, denunció que esos grupos de autodefensa eran auspiciados por la delincuencia organizada para proteger la zona donde operan.

Las fracciones de la CRAC

La CRAC que alcanzó prestigio internacional por su organización y sistema de justicia y reeducación comunitaria, está fraccionada en bloques que representan distintos liderazgos. En los hechos, están separadas y confrontadas.
La primera que se separó formalmente, se denominó CRAC “de los pueblos originarios” y la encabeza el luchador social Cirino Plácido Valerio. Operan en municipios de la Costa Chica-Montaña y el año pasado se extendió a comunidades de Chilapa.
Otras sección es liderada por el ex coordinador de la Casa de Justicia de la San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, desconocido por lo órganos internos de la organización, pero siguió operando bajo el auspicio del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Sigue trabajando en el tema de seguridad en la nueva Casa de Justicia de Cochoapa, en localidades de Ometepec.
Los nuevos representantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, cuyo vocero es Abad García García, atribuyen a Villar Castillo, el mayor daño hecho a la organización. Ahora esta representación mantiene la mesa de diálogo con el nuevo gobierno de Rogelio Ortega Martínez.
La Casa de Justicia de El Paraíso, con sede en Ayutla de los libres, fue la que más creció en 2013. Integró grupos de Tixtla, Olinalá y Huamuxtitlán. A la fecha, sus representantes visibles están presos: el coordinador, Bernardino García Francisco, Nestora Salgado de Olinalá, Gonzalo Molina de Tixtla, Arturo Campos Herrera promotor de El Paraíso, entre otros policías comunitarios prisioneros Acapulco.
Tras la detención de sus dirigentes, la Policía Comunitaria del barrio de El Fortín, en Tixtla, se separó de las corrientes internas de la CRAC y conformó la Casa de Justicia la Patria es Primero.
Pero las primeras policías comunitarias de Tixtla surgieron en Acatempan y El Troncón, que se mantuvieron alejados de los movimientos sociales y de la represión del Estado.
El grupo más reciente de la Policía Comunitaria de la CRAC, se organizó el año pasado en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, sede el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop). Su vocero, Marco Antonio Suástegui, también fue detenido el 17 de junio de 2014 y llevado a una prisión federal en Nayarit.
Los grupos se conformaron con la asesoría del ex coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández, actual asesor del gobernador en la materia. Su promotor y dirigente, Marco Antonio Suástegui, tuvo la misma suerte que los representantes de El Paraíso, fue detenido y llevado a una prisión federal.