Desata polémica local y mundial el plan uruguayo de legalizar la mariguana para frenar el narcotráfico

EFE

Asunción

El plan uruguayo de legalizar la mariguana para combatir el narcotráfico y la delincuencia fue rechazado ayer por centros de rehabilitación de drogadictos del país y desató un intenso debate entre los expertos, mientras aparecen las primeras críticas desde el extranjero.
Melissa Cuadro, portavoz de la Fundación Manantiales, indicó ayer a Efe que “no están dadas las condiciones” para aplicar esa iniciativa, anunciada como parte de un paquete de medidas contra la inseguridad en las calles, y consideró que el proyecto “debería someterse a decisión popular, a un referéndum”.
El Gobierno uruguayo anunció el miércoles su intención de que el Estado asuma un control “estricto” de la producción y la distribución de la mariguana, con el fin de contrarrestar el consumo de pasta base de cocaína, una droga más dura y adictiva, asociada al aumento de la delincuencia juvenil.
Actualmente en Uruguay el consumo de mariguana no está penado, pero sí su producción y comercialización.
Nicolás Fabicius, ex drogadicto y coordinador de la ONG Remar, opinó que “no porque se legalice la mariguana se va a evitar la adicción”, tras relatar que él mismo comenzó consumiendo esa droga.
A la espera de que la propuesta se convierta en un proyecto de ley, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, detalló hoy a la prensa que el cultivo recaerá en “plantadores autorizados” y el Estado se hará cargo de “la elaboración del producto” y de la distribución.
Como precaución se crearán “marcadores químicos para que se sepa exactamente cuál es el origen de esa mariguana” con el objetivo de no generar “problemas de contrabando con los países vecinos”, dijo.
Breccia, que tiene rango de ministro, reveló haber fumado en una ocasión mariguana y haber disfrutado su consumo, aunque aclaró que no lo hace habitualmente.
El funcionario, de 65 años y que es doctor en Derecho, señaló que la experiencia que tuvo fue “satisfactoria” pues sintió “paz, tranquilidad, alegría”.
En tanto, desde Brasil, donde participa en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible Río+20, el presidente de uruguayo, José Mujica, señaló al diario O Globo que “la idea no es liberar” esa droga sino “al contrario”, controlarla “a través de una red estatal de distribución”.
El Estado, según Mujica, va a tener el control de la calidad, la cantidad, el precio y un registro de los consumidores y el producto.
Desde el mismo foro, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, criticó después la medida con el argumento de que “si un país legaliza y el otro no, se genera una distorsión”.
Mientras desde Caracas el ministro del Interior venezolano, Tareck el Aissami, también cuestionó la propuesta, que llegó a calificar de “trampa”, y se mostró más partidario de “invertir en la prevención y no ser reactivos”.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, indicó en Montevideo que Uruguay no pretende “la promoción del uso de la mariguana”, sino “plantear los riesgos y los daños que genera”, y reveló que el modelo en el que se inspira es Holanda.
La propuesta uruguaya parte de la premisa de que el consumidor de mariguana acaba cayendo en drogas más duras, por tener que acudir a comprarla en el mercado clandestino.
Al respecto el director del Centro de Rehabilitación Izcal, Fredy Da Silva, sostuvo al diario El Observador que “no hay ningún dato ni ninguna prueba de que la legalización de una droga reduzca el consumo de otras”.
“Es como que tengas un dolor de cabeza y te tomes un analgésico para el estómago”, recalcó.
La psicoterapeuta Raquel Peyraube, asesora de la Comisión de Trabajo sobre Drogas del Ministerio de Salud, negó en cambio que la mariguana sea “puerta de entrada a ningún consumo de otra droga”.
No obstante admitió a Efe que “tiene riesgos” en algunos casos, “como todas las sustancias que alteran el estado de consciencia”, en función del tipo de cerebro de quien la consume.
Por eso le parece adecuado que el Estado controle la distribución y proporcione el máximo de información al usuario, como hace con los anticonceptivos.
Según el Ejecutivo, que pretende lanzar una campaña a favor de la legalización en foros internacionales, Uruguay no quiere repetir la “dramática situación” que genera el narcotráfico en países como México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Brasil y Ecuador.