Marcial Rodríguez Saldaña

Iguala-Ayotzinapa y el gobernador sustituto o interino

Los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde fueron asesinadas seis personas –entre ellas tres estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa– y 43 alumnos fueron desaparecidos, dieron lugar a la puesta en prisión del ex-alcalde de ese lugar, a la salida del exgobernador mediante una licencia por seis meses, y al nombramiento de un nuevo gobernador, tienen metido al Congreso del Estado en un vericueto constitucional y político.
1. La Constitución Política del Estado de Guerrero previene en su artículo 84.2 que, en el supuesto de que un gobernador solicite una licencia temporal que exceda de treinta días, el Congreso del estado deberá designar un gobernador interino mediante una votación de dos terceras partes del total de sus integrantes, por el tiempo que dure la licencia, que en este caso es por seis meses, la cual está por concluir este 26 de abril y ha abierto el debate respecto de qué es lo que que deben hacer los legisladores locales.
2. Resulta que en el decreto que aprobaron los diputados locales el 26 de octubre, cuando nombraron al actual gobernador, lo hicieron en calidad de sustituto –que este supuesto se da sólo en el caso de que la ausencia del gobernador sea definitiva– por lo que los integrantes de la actual legislatura local violaron la Constitución Política de Guerrero, ya que debieron realizar la designación como gobernador interino, toda vez que había una solicitud de licencia temporal.
3. Según la explicación que han dado algunos diputados, para calmar los ánimos de la protesta social nacional e internacional por los crímenes y violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el caso de Iguala-Ayotzinapa, es que aprobaron la designación de gobernador sustituto para mandar el mensaje de que el ex gobernador Aguirre ya no regresaría a su encargo, pero esta explicación en nada justifica la violación flagrante a la Carta Magna de Guerrero, porque, en todo caso, mejor hubieran dialogado con los padres de los jóvenes asesinados y desaparecidos, y explorado propuestas de un gobernador interino o sustituto que ellos también asintieran.
4. Ahora, para enmendar esa violación constitucional han aprobado un nuevo decreto de aplicación retroactiva, para aprobar que debió designarse al actual gobernador como interino y no como sustituto, ya que al vencerse la licencia temporal del ex gobernador Aguirre, en caso de que vuelva a solicitar otra licencia –que es lo más previsible que ocurra–, tienen que elegir de nuevo a un gobernador, que puede ser el que está u otro, para que ahora sí, con una licencia que implique la ausencia definitiva del ex gobernador, procedan al nombramiento de un interino que culmine el mandato.
5. Sería conveniente que los legisladores del Congreso del estado de Guerrero se asesoraran bien en materia constitucional para que no anden cometiendo estas violaciones a nuestra carta magna local, que los pone en evidencia ante la comunidad académica y ante la ciudadanía, pero lo más importante es que pudiesen contribuir a que se haga justicia en el caso de Iguala-Ayotzinapa mediante una comisión que le dé seguimiento puntual, y pudieran acompañar con determinación y firmeza a los padres de familia y compañeros estudiantes en sus demandas ante el gobierno de Peña Nieto, que mantiene una postura como si se tratara de un caso cerrado que, sin embargo, se mantendrá abierto hasta que haya justicia y se considere a los hechos de Iguala como un crimen de lesa humanidad.

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