Al INE no le preocupa que van a llegar narcotraficantes al poder, contesta Vidulfo

“Si no se sienten interpelados por la inseguridad que desborda en Guerrero… no tiene caso ir al diálogo sordo. Ellos viven en su mundo color de rosa, con salarios estratosféricos, en un mundo aislado, queriendo forjar una participación política y democrática que no existe”, afirma el abogado de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra contestó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, que los consejeros generales del INE no tienen interés en las demandas de justicia de los padres, de lo contrario los habrían llamado, pues tienen los contactos.
El consejero presidente dijo que no se había podido comunicar con los familiares de los estudiantes para programar un encuentro.
Al respecto dijo que la condición para reunirse nuevamente con los consejeros del INE sería que reconsideren su respuesta en torno a la solicitud de suspender las elecciones en Guerrero, por la falta de condiciones, pero se negaron a esa posibilidad, “sería importante para nosotros reunirnos, pero si la última palabra es lo que dice el escrito resultaría ocioso”.
Recriminó que los consejeros no se sienten aludidos por la crisis política y de seguridad en Guerrero, “no les preocupa que un narcotraficante haya llegado a alcalde mediante el sistema de elecciones, y que hoy en día muchos otros van a llegar también a puestos del poder público a través del INE”.
“Si no se sienten interpelados por la inseguridad que desborda en Guerrero, que genera inestabilidad, rompimiento del tejido social, dolor y muerte, no tiene caso ir al diálogo sordo. Ellos viven en su mundo color de rosa, con salarios estratosféricos, en un mundo aislado, queriendo forjar una participación política y democrática que no existe”, expuso.
La militarización y la cooptación de organizaciones contuvieron la protesta social, no el gobernador

El gobierno federal contuvo la protesta social en Guerrero que se desató tras la desaparición forzada de 43 alumnos de Ayotzinapa y los ataques a balazos de policías a normalistas y otros ciudadanos en Iguala, mediante la militarización, el envío de policías y la cooptación de organizaciones sociales, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
El abogado respondió a las declaraciones de Ortega Martínez, quien presumió que tuvo una estrategia de diálogo y tolerancia para sentar a negociar a distintos sectores sociales y magisteriales que apoyan a los padres de los desaparecidos.
En consulta telefónica aclaró que el movimiento por la presentación con vida de los estudiantes se encuentra en un momento de reflujo, y podrían dar una sorpresa a quienes dicen que todo está controlado.
En una evaluación de su la corta gestión del gobernador interino, Rosales Sierra consideró que Ortega encabezó un gobierno “ineficaz y títere, impuesto desde la federación. Quien está haciendo un trabajo de guerra sucia, de contensión es el Ejército, los cuerpos policiacos y la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Rosario Robles Berlanga”.
Informó que hubo momentos críticos porque las autoridades dieron dinero a las organizaciones, “la propia Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), hoy en día está sentada con el gobierno, negociando desde el pago de la renta de la oficina de una organización hasta cosas más complejas como el pago de los profesores”.
Consideró que se acotado al movimiento desde la federación con esta estrategia, pero el gobernador ha sido una “pieza utilizable o desechable en este engranaje de la represión”.
Afirmó que el movimiento social sufre un desgaste, se encuentra en un reflujo que no necesariamente implica que terminó, “el movimiento genuino de izquierda, está intacto”.
También se refirió a la polémica en la prensa por la remosión o ratificación de Ortega Martínez, donde se mencionan a otros posibles sustitutos del gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando termina el plazo de su licencia ante el Congreso local. Dijo que se habla de 2 millones de pesos para cada diputado que apoye la propuesta de que Ortega siga en el cargo.
“Justamente ese tipo de posiciones generan espectáculo de circo en torno a un hueso, que rabiosos, los grupos se disputan la carroña, refleja la verdadera clase política decrépita que tenemos en Guerrero. Es motivo de preocupación la estatura de políticos que están dispuestos a mantenerse en el poder aunque sea dos meses, una semana, no les importa resolver los graves problemas de la entidad”.
Añadió que un gobernador interino ni uno electo va a resolver la demanda de los padres de los desaparecidos, la inseguridad y la pobreza ancestral, pues ni uno de los candidatos ha hecho propuestas serias y responsables para atenderlos.