Tlachinollan

Circo, maroma y teatro  de los candidatos

Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan

*Toda nuestra solidaridad con la base trabajadora del poder judicial del Estado, que con gran valor y dignidad ha sabido defender sus derechos laborales.

El panorama de Guerrero no sólo es tétrico por la violencia que se enseñorea en el estado, sino por la sombría trayectoria de los candidatos y candidatas que nada proponen a una sociedad agraviada y hastiada de tanto político embustero, deshonesto, bandido, delincuente y sátrapa.
Es inadmisible que ante tanta criminalidad perpetrada por las fuerzas militares y policiacas, contra una población que reclama sus derechos, no exista un régimen de responsabilidad estatal que castigue a quienes atentan contra la vida y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Estamos ante un estado maltrecho, donde la impunidad y la corrupción forman parte del repertorio delincuencial de los gobernantes. En Guerrero el uso de la fuerza es la ley por antonomasia, y la normalidad democrática consiste en violar los derechos humanos de la población, así como fabricar delitos contra quienes ejercen su derecho a la protesta. No sólo padecemos una frágil institucionalidad, sino que somos rehenes de las mafias políticas que han trastocado el estado de derecho y la misma norma constitucional.
Los 311 asesinatos acaecidos en Acapulco, en los primeros cuatro meses de 2015, son parte de los hechos cotidianos que se registran en el puerto y que no preocupan a las autoridades. Son las estadísticas de la degradación y la banalidad de la vida. Es el termómetro de la descomposición social y política que a nadie afecta, por el contrario, como sociedad tenemos que acostumbrarnos a convivir con la delincuencia, a verla como un mal menor y a vivir bajo su yugo.
La autoridad real en los municipios no es la que se encarga de administrar para sus bolsillos los Ramos 33 y 26, sino los grupos delincuenciales que tienen sometida a la población; que maneja a su antojo los negocios ilícitos y que tienen el control territorial de los municipios. Tampoco la población siente confianza en los funcionarios que procuran y administran justicia, porque saben que la justicia estatal está supeditada a los intereses políticos y mafiosos de los grupos de poder. Los encargados de la seguridad no necesariamente velan por la seguridad de la población, sino que están para cuidar a la alta burocracia y defender los intereses económicos de la clase poderosa. Esto no generaría tanto daño a la población, si los elementos policiacos cumplieran con sus responsabilidades públicas. Lo perverso es que los jefes que comandan estas corporaciones colaboran con el crimen organizado y utilizan todo el aparato de seguridad para cometer atracos y crímenes contra la población inerme.
Este colapso que vive el estado no es motivo de alarma entre las elites políticas. Aunque está el foco rojo encendido, a causa de las malas actuaciones de los mismos gobernantes, no hay un tratamiento de fondo a los problemas estructurales, que son añejos y que hunden sus raíces en las acciones delincuenciales de quienes gobiernan. Lo que le interesa al poder presidencial es que no se afecte su proyecto político, que las reformas estructurales avancen en su aplicación en los estados y que haya gente leal en estas entidades, que haga el trabajo de administrar los conflictos, de bajar los niveles de intensidad, de poder desactivarlos con los métodos más nefastos (compra de líderes, flujo de dinero para la atención de demandas sociales) con la finalidad de impedir que el estado naufrague y así salir avante en el próximo proceso electoral.
Los candidatos para gobernador del estado no tienen el arrojo, ni la estatura para abordar los temas más espinosos, que han colocado al borde de la exasperación a amplios sectores de la población, que ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos, y que en lugar de ser atendida, ha sido ignorada y despreciada. La postura de los candidatos no ha sido autocrítica, mucho menos han asumido parte de su responsabilidad como autoridades o servidores públicos que fueron, al omitir una postura de cara a la sociedad, sobre los trágicos hechos de Iguala, donde los policías municipales, en contubernio con los grupos de la delincuencia organizada, asesinaron a seis personas, entre ellas a tres estudiantes y desaparecieron a 43 jóvenes más de la Normal de Ayotzinapa. Esta falta de congruencia política con la población más agraviada del estado de quien predican que van a servir y atender, se manifiesta en la falta de sensibilidad para comprender y respetar el dolor de los padres y madres de familia, quienes como sujetos políticos han fijado una postura de suspender las elecciones, hasta dar con el paradero de sus hijos.
No hemos escuchado de ninguno de los candidatos y la candidata propuestas relacionadas con los temas de fondo, sobre cómo combatir la inseguridad y hacer frente a la violencia. Qué planteamientos hay que retomar de la sociedad civil para atacar de fondo la corrupción y acabar con las acciones impunes de las autoridades. Cómo depurar las corporaciones policíacas y hacer planteamientos más integrales en cuanto a un modelo de seguridad ciudadana, donde se garantice la participación de la sociedad en los sistemas de control y monitoreo. Es imprescindible hacer cambios de fondo en el sistema de procuración de justicia, que tiene que acabar con los cotos de poder, las prácticas institucionalizadas de la corrupción, la depuración y saneamiento de la policía ministerial y de los mismos agentes del Ministerio Público, que violan los derechos humanos, así como desincorporar los servicios periciales de la fiscalía, para garantizar su profesionalización e independencia. La justicia y rendición de cuentas no han estado en el centro del debate público entre los candidatos a gobernador, no sólo evaden los temas, sino lo que es peor, ni siquiera saben qué decir y mucho menos qué proponer.
Como candidatos de un estado donde el problema de las desapariciones forzadas es sumamente grave, no vemos un posicionamiento claro de cómo se tiene que hacer frente a esta crisis, que ha devastado a un país, que ha sido evidenciado de que hay registros de más de 23 mil desapariciones y que el mismo Estado mexicano ha sido emplazado por la ONU para que tome medidas drásticas que reviertan esta crisis humanitaria y den con el paradero de las personas desaparecidas, que investiguen a los responsables y garanticen medidas de no repetición.
En Guerrero es importante que se atiendan las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, de que se retiren las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Este incumplimiento se ha traducido en que tanto la Marina como el Ejército cometan violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en varias regiones del estado y que ninguna autoridad ha investigado estos hechos. Es urgente reconducir las políticas de seguridad pública hacia el paradigma de la seguridad ciudadana, con énfasis en la rendición de cuentas. En el estado ninguna autoridad ha sido castigada por violar los derechos humanos de la población, por el contrario, han fortalecido su poder y se sienten intocables. Esta realidad tan deleznable por los graves daños que han ocasionado no puede mantenerse inalterada, por ello, como guerrerenses tendremos que luchar para que se elimine el fuero político de los servidores públicos, porque todos y todas sabemos que se trata de una figura que ha sido utilizada por la clase política del estado, y del país, como garantía de impunidad. Sólo así los gobernantes que han agraviado a la sociedad podrán ser investigados y ser sujetos a un proceso judicial. Para que estén donde deben estar, en la cárcel.
Lejos estamos como sociedad de ver a candidatos que tengan el pulso de los problemas que más nos afectan, y que elaboren propuestas retroalimentadas por la sociedad. Lo que hemos visto y escuchado son discursos vacuos, sin contenido ni planteamientos serios. Es el rollo cantinflesco que forma parte del espectáculo circense, al que nos han acostumbrados los malos políticos. Sus campañas se reducen a anunciar cuántos nuevos adeptos se adhirieron a sus candidaturas y decir de qué partidos provienen.
Esa es la gran noticia con un fotomontaje para apantallar a los adversarios y seguir alimentando con mentiras un proceso electoral que no atrae ni convoca a la sociedad. Es la mera simulación de personajes que se mueven en la opacidad y que hacen acuerdos por debajo de la mesa, con líderes corruptos con tal de obtener el triunfo. Otra forma de hacer campaña es echar lodo al contrincante, para generar noticia y mostrar quién tiene más saliva para denigrar al adversario.
Estos desfiguros de los candidatos, su falta de compromiso con la población que más ha luchado por un cambio real, sus actos frívolos y llenos de cursilería, no nos hablan de un proceso electoral serio, donde se está definiendo el rumbo político del estado, más bien, nos dejan entrever que estamos ante un espectáculo donde los candidatos hacen show al subir a las pasarelas, hacen circo y maroma para pedir votos y son subsidiados por el erario público, por mostrar sus atributos como embaucadores del pueblo. Esta defraudación de la clase política es lo que ha generado la revuelta contra las elecciones. Ya no más circo, maroma y teatro de los candidatos.