Las elecciones deben aplazarse, opinan organizaciones cercanas a Rogelio Ortega

*No están en contra de la jornada electoral ni la boicotearán, pero en estos momentos “no hay condiciones”, señalan durante el encuentro La sociedad civil por el rescate de Guerrero. Faltan 43

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dirigentes de organizaciones civiles, sociales, políticas y defensores de derechos humanos que han tenido acercamientos de diverso orden con el gobierno de Rogelio Ortega se reunieron ayer “y ante la crisis social y política que vive el país y particularmente Guerrero”, acordaron promover la “reconstrucción” del estado desde abajo, emitir una convocatoria por la paz e impulsar un plan de transformación “a través de acciones no violentas y por medios pacíficos”.
Además, los representantes de los organismos que se reunieron desde la mañana y hasta entrada la tarde en las instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), coincidieron, en su mayoría, en que no están en contra de las elecciones pero sí están de acuerdo en que deben ser aplazadas para después del 7 de junio, porque en estos momentos “no hay condiciones”.
Asimismo, se manifestaron por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y expresaron su solidaridad con las madres y padres de los normalistas y con la Escuela Normal de Ayotzinapa. Ahí, anunciaron también que sus propuestas las llevarán a las organizaciones que integran la Asamblea Nacional Popular (ANP) y sumaron a sus demandas la libertad de los presos políticos.
A la reunión asistieron unos 30 dirigentes de distintas agrupaciones y defensores de derechos humanos.
La mesa estuvo presidida por Mario Saucedo Pérez, del Frente Amplio Social Unitario y ex dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria a la que perteneció el gobernador Rogelio Ortega; Javier Morlet Macho, de Acciones por la Paz y Convivencia y en representación de la Asociación de Hoteleros de Acapulco; Pablo Guzmán Hernández, ex coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) y actual asesor de la Secretaría de Gobierno, y Aleida Alarcón Domínguez, en representación del Grupo ACA.
Estuvieron, asimismo, el presidente del Grupo ACA, José Luis Gallegos Peralta; el dirigente de la Red de Izquierda Revolucionaria (Redir), Camilo Valenzuela; el ex comisionado de la Comisión de la Verdad (Converdad), Nicomedes Fuentes García; el coordinador de la Casa Matriz de la CRAC-PC en San Luis Acatlán, Abad García García; la consejera y el asesor de la misma institución, Felícitas Martínez Solano y Valentín Hernández, respectivamente; además del maestro jubilado de la Escuela Superior de Agricultura de la UAG, Palemón Castrejón Salgado.
Después de la reunión que duró cinco horas –comenzó a las 11 de la mañana y terminó casi a las cuatro de la tarde–, los asistentes al encuentro que se denominó La sociedad civil por el rescate de Guerrero. Faltan 43, acordaron la elaboración de un documento que contendrá los principales acuerdos y pronunciamientos.
Este documento será elaborado y revisado el próximo martes para ser sometido para su conocimiento a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y a todas las agrupaciones que integran la ANP, con la intención de que se sumen a la iniciativa.
Por su parte, Javier Morlet informó que los representantes de estas agrupaciones ya se venían reuniendo con anticipación y que el encuentro de ayer fue a petición de las madres y padres de familia con quienes se reunieron durante la Convención Nacional, el 11 de abril pasado en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa.
Sin embargo, ayer no asistieron ni los padres de los estudiantes desaparecidos ni estudiantes de la Normal.
Consultado al final de la reunión, Mario Saucedo dijo que la propuesta surgió a raíz de lo que pasó con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, donde murieron seis personas, 3 de ellas estudiantes, hubo 25 heridos y 43 desaparecidos a manos de la policía.
Explicó que derivado de esta crisis social y política que se evidenció con ese hecho, comenzaron a reunirse con representantes de organizaciones del país y del estado “para tratar de acabar con las causas que dieron motivo al caso Ayotzinapa”.
Saucedo Pérez dijo que la idea es que la sociedad de Guerrero puede salir de la crisis en que se encuentra a través de la organización y la participación.
Antes, los asistentes, habían convenido en pronunciarse por la presentación con vida de los 43 estudiantes, y por justicia y castigo para los responsables.
Saucedo dijo que es necesario que para que estos hechos no se repitan, la sociedad debe pronunciarse ante la clase política, donde se observa ua corrupción generalizada y que en gran parte es la responsable por sus vínculos con el crimen organizado.
Expresó que así como en Guerrero ocurrió esta “agresión brutal” en el caso Ayotzinapa; también “desde Guerrero puede mostrarse también que la sociedad civil ha dicho ya basta y que se está organizando, ese es el esfuerzo que estamos haciendo aquí”, explicó.
En la reunión se tocó también el tema relacionado con el vencimiento el próximo viernes 25 de abril de la licencia que solicitó el gobernador Ángel Aguirre, lo que ha dado motivo a la polémica sobre si Rogelio Ortega debe ser ratificado o no por el Congreso local.
Sin embargo, en ese sentido no hubo ningún acuerdo ni pronunciamiento y Saucedo dijo que es un asunto del que al final quedó en indefinición por parte de los asistentes a la reunión.
Sin embargo si convinieron en que “en estos momentos las elecciones no van a resolver el problema de crisis que vive el estado, e inclusive, hasta pueden agravar la situación en Guerrero”, explicó Mario Saucedo y que esa será la postura que asumirán en los próximos días.
Aunque después matizó que esto no significa que estén por el boicot o la suspensión de las elecciones, sino que éstas se pospongan y que no se hagan este 7 de junio hasta que haya condiciones “y pueda haber un proceso en donde la gente participe con la convicción de que realmente ya no volverá a ocurrir un caso como el de Iguala”, y advirtió que si se realiza el proceso electoral como está programado para el 7 de junio ysiguen las cosas como están, los que lleguen a gobernar serán los responsables.
Informó que los acuerdos serán llevados a las organizaciones que integran la ANP y al gobierno del estado para impulsarlos de manera conjunta.
Convinieron en que la próxima reunión será en el mes de julio.