Nuevas investigaciones de los ataques a Ayotzinapa, piden expertos de la CIDH

Nuevas investigaciones de los ataques a Ayotzinapa, piden expertos de la CIDH al gobierno federal

*Presenta su segundo informe el Grupo Interdisciplinario. Han entrevistado a detenidos en la prisión de Nayarit, mediado entre autoridades y víctimas y se reunirán con mandos del 27 Batallón de Iguala. Que la Policía Federal incorpore nuevos lugares de búsqueda de los normalistas detenidos-desaparecidos, y que la PGR gestione más y mejores imágenes satelitales del basurero de Cocula, solicitan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Ejército aceptó que los mandos del 27 Batallón de Infantería de Iguala se entrevisten con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación y seguimiento de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El GIEI no precisó la fecha de las entrevistas ayer, cuando en la ciudad de México presentó su segundo informe de trabajo y reveló que se entrevistó con acusados de los crímenes de Iguala en el penal federal de Nayarit.
Agregó que el 12 de abril miembros del grupo fueron a Iguala donde hicieron una reconstrucción de los ataques de los policías municipales, acompañados de los normalistas sobrevivientes.
Destacaron que al revisar la documentación advirtieron como un elemento que “puede dificultar el desarrollo de la investigación” el hecho de que las autoridades hayan recurrido a la “fragmentación del caso, en el sentido de que a algunos imputados o presuntos responsables los tengan en algún lugar del país, el expediente en otro y que los hechos hayan ocurrido en otro sitio”.
“El GIEI suministró información para abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las ya existentes; solicitó tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, entre otras”, dijo en conferencia de prensa Carlos Beristain, integrante del Grupo.
Se negó a precisar estas nuevas diligencias, “se han proporcionado a la PGR algunas ideas. La forma para que una línea de investigación fracase es hacerla pública”, expresó el experto Francisco Cox, según información de la Agencia Reforma.
El Grupo, añadió, todavía no puede anticipar si comparte o no el argumento de la verdad histórica dada a conocer por el ex procurador Jesús Murillo Karam.
En un comunicado el grupo detalló sus actividades del 6 al 22 de abril en su segunda visita en México: entrevistas con detenidos por este caso en la prisión de Nayarit, mediación entre autoridades y víctimas para avanzar en la investigación, la petición de que se hagan nuevas diligencias y que se amplíen otras realizadas previamente sobre los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala.
Pidió que la Policía Federal  incorpore nuevos lugares de búsqueda de los alumnos detenidos-desaparecidos, no sólo los sitios que les señalen los padres, y que el Senado apruebe de inmediato la reforma constitucional necesaria para posteriormente elaborar una ley sobre desaparición forzada.
Además, que la Procuraduría General de la República (PGR) gestione más y mejores imágenes satélites del basurero de Cocula, donde -según la versión oficial que rechazaron los padres y normalistas-, los estudiantes desaparecidos fueron presuntamente asesinados y calcinados por el grupo criminal Guerreros Unidos.
De las solicitudes que hicieron al gobierno a su llegada al país, precisaron que ya recibieron el expediente digital completo (alrededor de 80 mil fojas) y se les concedió hacer entrevistas a soldados del 27 Batallón de Infantería en Iguala, próximamente.
Los expertos del Grupo, Carlos Beristain y Francisco Cox presentaron el comunicado en el salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y destacaron que se fortaleció la confianza con las víctimas, pese a casi siete meses de los hechos de Iguala.
En el documento distribuido vía internet detallaron que el GIEI propuso a la Policía Federal dos sitios para que los inspeccione de inmediato de acuerdo con los siguientes criterios: tener un referente de confianza con los padres y mantenerlo, contar con la participación de los familiares en el proceso de búsqueda, utilizar los recursos técnicos apropiados y contar con personal capacitado, y si es necesario, asegurar los lugares hasta tener las garantías legales para su allanamiento.
Los padres se quejaron anteriormente de que en los primeros meses de búsqueda con la Policía Federal no se revisaron bodegas ni casas solas sospechosas, porque los uniformados no llevaban órdenes de cateo ni funcionarios para gestionarlas de inmediato.
El GIEI propuso que brinden “en todos los casos, información posteriormente a los familiares de forma clara, escuchando y resolviendo sus preocupaciones y dudas”.
Aseguraron que esos criterios darán certeza “a la incertidumbre que supone la desaparición forzada en general y, en este caso, la derivada de las características de los hechos y las diversas versiones que se han dado sobre los mismos”.
De las fotografías satelitales del basurero de Cocula que les entregó la PGR, insistieron en  que es necesario acceder a una serie más amplia y de mejor calidad “utilizando los satélites accesibles a través de Cenapi y otras instituciones como la Policía Federal, y que sean proporcionadas en soporte digital para examinarlas de forma conveniente”. Esta petición se realizó desde el primer informe, el mes pasado.
Indicaron que la PGR les proporcionó “recientemente” un mapa de fosas encontradas en la zona de Iguala, que analizarán para evaluar la relación de algunos casos en los que se sospecha que hubo intervención de agentes de la Policía Municipal, con el mismo patrón de los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.
Reiteraron la demanda para el uso de tecnología láser (LIDAR) para identificar perturbaciones en los terrenos cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y sus alrededores para localizar posibles fosas en Iguala, y en la necesidad de elaborar un plan de trabajo amplio en el municipio de Iguala, en el que haya coordinación entre autoridades estatales y federales con la participación de los expertos independientes y familiares.
Para adentrarse en la investigación, el GIEI informó que visitó dos días el penal de Tepic,  Nayarit,  para entrevistarse con prisioneros por el caso Ayotzinapa.
Sin precisar cuántos, dijo que se entrevistó con “un buen número de personas recluidas” y agradeció a las autoridades de la prisión las facilidades proporcionadas para este trabajo que espera continuar.
Revelaron que suministraron nueva información a las autoridades mexicanas para que abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las ya existentes, y se complete la información oficial sobre los escenarios en que se dieron los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Por otro lado, se informó que el GIEI visitó Iguala el 12 de abril para hacer una reconstrucción de la zona y los hechos del 26 y 27 de septiembre, “con normalistas sobrevivientes, quienes proporcionaron detalles específicos sobre los eventos de que fueron víctimas en los distintos escenarios de la ciudad de Iguala”.
Señalaron que dicha reconstrucción “fue muy importante para tener una referencia concreta sobre los hechos, modus operandi y los escenarios en que se dieron”.
Sobre el normalista hospitalizado en coma en la ciudad de México, Aldo Gutiérrez (uno de los 25 heridos de bala en Iguala), informaron que se establecieron un acuerdo con Secretaría de Gobernación (Segob) y sus familiares para que le hagan nuevos estudios, que aún esperan que concluyan de forma efectiva.
De la demanda de atención médica para los familiares concentrados en la Normal de Ayotzinapa, las autoridades se comprometieron a enviar una unidad móvil de médicos y dotar de medicamentos a la enfermería de la escuela, y que habrá “un sistema de referencia hacia especialidades de segundo nivel existentes en el estado de Guerrero”.
Tras la agresión, la Secretaría de Salud envió los primeros meses un módulo de salud móvil a la Normal Rural, que retiró el 26 de abril, luego de que la PGR hizo pública la tesis del basurero de Cocula.

Sufren familiares victimización y coacción de funcionarios

El GIEI pidió que las autoridades investiguen a los funcionarios que han incurrido en la revictimización de los padres, “dado que generan confusión y un nuevo impacto psicológico en los familiares”.
Denunció que familiares de los jóvenes han sufrido “distintas formas de victimización secundaria y coacción” por parte de funcionarios gubernamentales, por lo que solicitaron a las autoridades federales una investigación de los hechos y castigo a los presuntos responsables.
Beristáin señaló que de forma recurrente han recibido quejas de familiares que “han sentido que su dignidad ha sido despreciada, no ha sido tenido en cuenta” por personas que “a veces no entienden lo que significa la desaparición forzada; a veces tienen intereses o beneficios secundarios”.
Agregó que las “nuevas formas de victimización” fueron notificadas a las “autoridades para que sean evaluadas”, y en el caso específico de la Secretaría de Gobernación (Segob) se entregó “incluso documentación para que sea evaluada, haya una respuesta a los familiares y se investigue a las personas que pueden estar detrás de estas acciones”, informó la Agencia Proceso
En cuanto a las políticas de no repetición, indicaron que el 14 de abril el Grupo “solicitó al Senado agilizar la modificación de la Constitución antes de finalizar el actual periodo legislativo, a fin de que sea posible aprobar en un futuro próximo la ley sobre desaparición de personas”.
En tanto, indicó que analizan los proyectos de ley sobre desaparición de personas del Poder Legislativo y dell Ejecutivo. Informaron que el GIEI sale del país, pero regresa a México el próximo 1 de mayo.