Arturo Solís Heredia

Canal Privado

*Ratificación o remoción, that is the question

El debate sobre la ratificación o remoción de Rogelio Ortega como gobernador interino habría sido un ejercicio saludable, necesario y hasta útil, si los motivos, objetivos y argumentos de los debatientes principales se hubieran alejado del cinismo manipulador y falaz, tan penosamente tradicional en nuestra cultura política.
Saludable, porque discutir públicamente los asuntos del poder es sano; necesario, porque los gobernantes necesitan aprender a rendir cuentas y los ciudadanos a exigirlas; y útil, porque a todos serviría, no sólo al gobernador, debatir para entender errores y corregirlos, y para discutir, consensar, definir y trazar el rumbo y el destino que deberá andar y buscar el próximo gobierno.
Sin embargo, a juzgar por lo dicho y argüido por los principales fieles que inclinarán la balanza para uno de los dos lados posibles, el debate ha sido más bien insano, innecesario y podría resultar no sólo inútil, sino contraproducente y hasta peligroso, si el próximo domingo los diputados locales deciden remover al gobernador Ortega y nombrar a un sucesor.
Primero, porque independientemente del nombre y filiación de un hipotético nuevo gobernador, los jaloneos, desencuentros y ajustes inevitables e implícitos de semejante cambio, en pleno proceso electoral, sólo agregarían leña a un fuego que a nadie conviene reavivar.
Segundo, porque si se cumple lo anunciado por el senador Sofío Ramírez, el regreso efímero de Ángel Aguirre, sólo para solicitar licencia definitiva y dejar en el cargo al senador aguirrista, no sólo rompería los acuerdos y destruiría los avances, muchos o pocos, logrados por el gobernador Ortega, sino que muy probablemente los agraviados interpretarían el nombramiento como una burla, y muy probablemente se encendería de nuevo el conflicto.
Las itálicas del párrafo anterior, porque lo escribí antes de que el propio Ángel Aguirre declarara en entrevista con el periodista Carlos Puig, de Milenio Televisión, que “no me he involucrado ni lo haré en el proceso electoral, lo primero es la paz y la estabilidad de Guerrero. Jamás seré pretexto para la confrontación en mi estado”, dijo como queríamos muchos que dijera, con responsabilidad, amor y respeto por su pueblo, y dignidad política.
Tercero, porque cualquiera de los escenarios anteriores ahondaría la desconfianza de los normalistas y maestros movilizados en la palabra de los políticos, reforzaría el ánimo de boicot electoral, y dejaría un escenario de ingobernabilidad para el próximo gobernador electo.
Pero lo que agitó realmente las aguas legislativas no fue la cercanía del plazo de la licencia autorizada al gobernador Ángel Aguirre, pues el decreto aprobado originalmente por los diputados establecía que si éste no solicitaba su reincorporación, automáticamente Rogelio Ortega se convertía en gobernador sustituto.
Las aguas priistas se agitaron por la presencia del gobernador Ortega en el arranque de campaña del candidato perredista a gobernador de Michoacán, al que también asistió su par guerrerense, Beatriz Mojica. Sin percatarse de su sangrado lingual, lamentaron que Rogelio Ortega apoyara a un partido (que no fuera el suyo, but of course), a pesar de que se comprometió a encabezar un gobierno ciudadano.
Pero en su reclamo, olvidaron (simularon olvidar, para ser más precisos y francos) algunos hechos nada desdeñables: uno, que la práctica señalada fue inventada y desarrollada por ellos; dos, que a pesar del interinato por la licencia de Ángel Aguirre, de acuerdo con las reglas no escritas de la política mexicana (también redactadas por el priismo), la mano la sigue llevando el partido que ganó la elección; y tres, que el gobernador Ortega, presionado por el perredismo local para que apoyara a su candidata, concedió la foto que le exigían con ella, “pero no en Guerrero, en donde no apoyaré a ningún partido”, merecía más reconocimiento que reproche.
Las aguas perredistas se agitaron más por eso, porque agitadas estaban desde que el gobernador Ortega se negó a mantener los privilegios y canonjías políticas y presupuestales que los diputados del sol Azteca recibían del gobierno anterior. Su coordinador, Bernardo Ortega, reprochó, entre otras cosas, que funcionarios del interinato “llegaron por el billete” y desatendían sus tareas.
Para legitimar sus reclamos, verdes y amarillos coincidieron en que Rogelio Ortega había fracasado en la pacificación y resolución del conflicto social, y que tampoco había menguado la violencia del crimen organizado. Claro, ambos olvidaron mencionar sus vigas oculares como las causas principalísimas de sendos problemas.
En este sentido, en un desplante de falta de autocrítica, también “olvidaron” explicar los porqués de una extraña bipolaridad: entre la firmeza estricta y enérgica de sus críticas al primer gobernador sin partido, nombrado por ellos, y su acrítica displicencia ante los señalamientos de no pocos ciudadanos y sectores de la sociedad en contra del gobernador con licencia.
El verdadero motivo del debate de los priistas, el temor de que el gobernador Ortega apoye a la candidata del PRD; el de los perredistas, el temor de que no lo haga. De paso, como pescadores en río revuelto, un puñado de aguirristas de ambos lados, motivados por la promesa lucrativa de gobernar aunque sea un ratito.
En síntesis, el debate sobre la continuidad del interinato del gobernador Ortega no lo motivó el análisis de su desempeño en las tareas de pacificación y gobernabilidad, ni el objetivo de los argumentos fue medir los pros y los contras de un nuevo relevo.
Menos aún, casi olvido un pequeño detalle que también olvidaron mencionar los debatientes: que 31 diputados del pleno que decidan la ratificación o remoción del gobernador Ortega, no estuvieron en la sesión de hace seis meses, pues suplieron a los que solicitaron licencia para competir en el proceso electoral.
Pero ninguno de los anteriores debe olvidar dos datos inminentes e inevitables: los suplentes, que los titulares que pierdan la elección regresarán a reclamar sus curules; los suplidos, que la ratificación o remoción del gobernador Ortega tendrá un costo político que tendrán que pagar en la jornada electoral.
En este sentido, el candidato del PRI a gobernador, Héctor Astudillo, pidió a los diputados “no crear un conflicto más”, y les recomendó que actúen con “absoluta responsabilidad”.
Ojalá lo hagan.

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