El incumplimiento del Pronapred afecta también a Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Coyuca y Zihuatanejo

*Los 207 millones de pesos que el Programa Nacional de Prevención de la Violencia asignó este año para Guerrero no se aplicarán por la descoordinación del gobierno del estado

Óscar Ricardo Muñoz Cano

Los 207 millones de pesos que el Programa Nacional de Prevención de la Violencia (Pronapred) asignó para el estado de Guerrero este año no se aplicarán debido a la descoordinación al interior de la administración del gobernador Rogelio Ortega y no hay condiciones para que los recursos se apliquen en el futuro inmediato.
Los trabajos en actividades de educación, cultura, deportes y otras áreas, en aras de combatir la violencia y la delincuencia en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, se verán interrumpidos mientras que en Chilapa, Coyuca y principalmente Iguala, donde en septiembre de 2014 desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, sencillamente no podrán inciar sus trabajos.
Así lo hicieron saber diversas fuentes consultadas de los tres niveles de gobierno quienes aportaron elementos sobre un desconocimiento del programa por parte de quienes lo coordinan en la entidad, revelando incluso algunos de los adeudos que tiene Guerrero para con organizaciones internacionales que trabajaron durante 2014.
Si bien, su coordinadora en el estado Isabel Ortega Morales asegura que sí se está trabajando y que muestra de ello es la creación de observatorios ciudadanos, al menos esta actividad, a decir de las fuentes, dista de la visión original del programa pues “regalar botes de pintura no tiene nada que ver con la prevención de la violencia”.

El programa

El Programa Nacional de Prevención de la Violencia es un programa federal que tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia en el país.
A decir del Diario Oficial de la Federación (DOF), ejemplar del día 30 de abril de 2014, su instrumentación es coordinada por la Secretaría de Gobernación (Segob) e implica el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como la participación de la iniciativa privada y los organismos internacionales para llevar cabo actividades de educación, cultura, deportes y otras.
En ese sentido, detalla, es el municipio el área usuaria del programa, quien propone los proyectos con auxilio de los enlaces municipales del Pronapred; la federación baja los recursos al estado y el estado es el que maneja los procedimientos administrativos y contables.
Textualmente, el DOF indica que “el carácter nacional del Programa refrenda la convicción de que los gobiernos locales son de primordial importancia en la prevención; su proximidad y conocimiento del territorio y las problemáticas que viven sus comunidades permite la integración de acciones y el desarrollo de procesos preventivos pertinentes, alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción… En este sentido, los municipios y delegaciones tienen un papel central en la implementación y seguimiento de los procesos de prevención social, siempre con el apoyo y coordinación de sus entidades federativas en la realización de los diagnósticos, el diseño y evaluación de los proyectos de prevención”.
Teniendo como base a los polígonos (conjunto de colonias con población entre 10 y 15 mil habitantes que sirven de unidad de focalización que considera variables delictivas y asociada a factores de riesgo de violencia y delincuencia), el programa se sustenta en tres teorías que explican las distintas aristas de la violencia y la delincuencia: la teoría ecológica del delito (modelo sistémico que orienta la atención de problemas delictivos en todos sus ámbitos de desarrollo); la teoría epidemiológica del delito (centra la atención en los factores de riesgo y factores protectores) y la teoría de la eficacia colectiva (entiende el problema de la criminalidad como algo colectivo en lo que influye el contexto de desarrollo de las personas por lo que busca propiciar comunidades más organizadas, con mayor nivel de solidaridad y confianza, más cohesionadas y por tanto, comunidades más seguras).
En 2015, y según un acuerdo publicado en el DOF a finales de diciembre del año pasado se atenderán a nivel nacional con una inversión de 2 mil 683 millones 230 mil pesos, 66 municipios, cinco demarcaciones territoriales en el Distrito Federal, siete zonas metropolitanas y dos zonas conurbadas.

Guerrero

El programa se instauró en 2013 en la entidad y para este 2015 el monto asignado es de 207 millones mil 140 pesos con 13 centavos divididos de la siguiente manera: para Acapulco 96 millones 556 mil 707 pesos con 78 centavos; para Chilpancingo 27 millones 869 mil 168 pesos con 84 centavos; para Zihuatanejo 22 millones 513 mil 411pesos con 21 centavos, para Iguala (zona conurbada) 23 millones 378 mil 847 pesos con 34 centavos; para Chilapa 18 millones 909 mil 628 pesos con 91 centavos, y para Coyuca de Benítez 18 millones 773 mil 376 pesos con 5 centavos
La primera ministración indica el DOF, se debió entregar al estado el pasado 15 de febrero, y debió corresponder al 70 por ciento del monto total asignado a Guerrero previa acreditación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los lineamientos del propio programa.
La segunda entrega, que corresponde al 30 por ciento restante se deberá otorgar a partir del 15 de julio de 2015.
No obstante, la actual administración estatal en voz de su propia coordinadora Isabel Ortega Morales, no ha concluido las operaciones correspondientes de 2014 incluyendo pago a proveedores.
En ese sentido, diversas organizaciones confirmaron algunos adeudos que el estado tiene para con ellos, organizaciones que ya realizaron un trabajo en el estado en el ejercicio anterior, organizaciones además, de talla internacional.
Entre ellas está Save the children y que en Acapulco trabajó con 735 niñas, niños y adolescentes en las colonias de Progreso, Poblado de Puerto Marqués, Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio, así como en secundarias y preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Del mismo modo, la empresa Renace, especialista en la construcción de herramientas de evaluación y monitoreo del sistema de justicia penal aplicables a nivel nacional e inter nacional y que colabora en la ayuda a la preliberación de gente que está en la cárcel y que en 2014 mantuvo un staff de abogados y rentó oficinas en la entidad.
La Fundacion Nemi, dedicada a la formación de una juventud que se enfrenta a una de las situaciones económicas y sociales más difíciles del México moderno o la Fundación Origen, organización líder en el desarrollo integral de la mujer en México, están en la misma situación.
A ellos se suman actividades como Glorias del Deporte, en donde un grupo principalmente de exfutbolistas visita comunidades y municipios que a la par del deporte ofrecen también charlas educativas o el proyecto del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (Cide) sobre negociación de conflictos a través del diálogo.
A nivel Acapulco, y tan solo en la parte de Cultura, los programas afectados son Cinemovil, que lleva una pantalla para proyectar películas en los cinco polígonos que estableció el programa; Artemóvil, que llevaba talleres artísticos en bicicletas y que se quedó sin recursos desde 2014 y pretendía convertirse en Bibliomóvil en este 2015; Pinta de murales en calles y bardas y las agrupaciones de teatro y circo y la creación de orquestas musicales de los cinco polígonos, así como ferias culturales también tendrán que dejar de operar.
En el caso de los centros culturales, desde 2013 se inició el proyecto para la rehabilitación de los ubicados en la colonia Jardín, Progreso y Petaquillas (este último se demolió como parte de otro proyecto integral turístico) y se proyectó para 2015 la construcción de un más en Renacimiento.
Sobre otros municipios como Iguala, especialmente, éstos no tendrán oportunidad de realizar los trabajos proyectados pues recién este año habrían de incorporarse.

Adeudos del programa desde 2014

Las primeras denuncias señalaron que la Federación no pudo asignar recursos debido a que el gobierno del estado declaró que al menos en el caso de Acapulco no se llevaron a cabo acciones.
“No sé qué pasa con las operativas del Pronapred… que son las que tienen que hacer llegar los recursos, estar pendientes de los reportes, pero nos dijeron en la reunión que se deben todavía pagos y recursos del 2014 y para Pronapred a nivel nacional no existe el trabajo que se ha realizado en Acapulco, no tienen nada, y sólo se dice allá por parte no sé si de ellas, que en Acapulco no hay nada, cuando ya se entregaron reportes con fotografías, con datos técnicos, con todo”, declaraba Malena Steiner a El Sur el 15 de abril pasado.
En ese sentido, una de las fuentes confirmó que todos los recursos del 2014 los tiene el estado desde hace un año y agregaron que luego de que cambió el gobierno y llegó Rogelio Ortega empezaron las dificultades.
“En un momento dado decían que no tenían bien la documentación pero ellos tienen todo, absolutamente todo, hasta el último papel documentado porque estamos hablando de organizaciones serias, con trabajos terminados, con informes de trasparencia y no les volvieron a pagar”, en referencia a las organizaciones arriba mencionadas.
“Es una situación compleja, eso ha hecho que no se haya cerrado el presupuesto de 2014 a estas alturas del 2015 y eso derivaría en última instancia a que Hacienda exija esos recursos no utilizados con todo e intereses generados”, advirtió la misma fuente.
“Es tristísimo lo que pasa, sobre todo por las características del estado, por la problemática que están viviendo y tener ahí el dinero frenado… es lamentable”.

Cambio de estrategia

El 22 de febrero pasado quien entonces fungía como jefa de la oficina del gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, Isabel Ortega Morales (a la postre coordinadora del Pronapred en la entidad) declaraba a la agencia de noticias IRZA que a partir de este año se cambiaría la estrategia para incluir a más grupos sociales, “porque sólo con la participación de todos se cerrará los espacios a la violencia y la inseguridad”.
El 31 de marzo y como parte del desarrollo de la estrategia “Constructores de Paz” en Acapulco se integraron y comenzaron a trabajar Observatorios Ciudadanos en las cinco zonas con mayores índices de violencia en esa ciudad.
Estos observatorios, explicó Ortega Morales en la nota publicada en El Sur el 27 de marzo tienen como objetivo ser vigilantes de que las acciones que se realicen en sus colonias se lleven a cabo en forma y convocar a los vecinos para trabajar en conjunto para disminuir los índices de delincuencia.
Actualmente, ya se instaló el de Acapulco, ya se instaló el de Chilapa los de Iguala y Cocula y se instalarán Zihuatanejo, Coyuca de Benítez y Chilpancingo.
En entrevista telefónica para este medio el 16 de abril pasado, Ortega Morales recalcó la participación ciudadana y explicó que “para la instalación de los observatorios se realizaron reuniones y se convoca de manera conjunta estado y municipio y se hacen recorridos, de pronto alguien se acerca y nos dicen sus necesidades…”.
Una de las primera acciones llevadas a cabo de la mano de estos observatorios ocurrió entre el 10 y el 12 de abril pasado: la entrega de pintura para que los vecinos pintaran las fachadas de su casa en el barrio de Petaquillas.
No obstante días después y en una conferencia de prensa, los vecinos denunciaron que las encargadas del programa, les entregaron 24 botes de pintura de 20 litros, pero al abrirlos se percataron que sólo había dos litros de color para renovar las fachadas de 250 casas censadas.
“Fue un fraude”, declaró a nombre de los inconformes, Antonio Castillo Nava (El Sur, 20 de abril, 2015).
“El gobierno federal no es Infonavit, por Dios”, señaló otra de las fuentes consultadas, quien agregó “regalar botes de pintura no tiene nada que ver con la prevención de la violencia… Parece que estas gentes no han entendido la filosofía del programa y están proponiendo cosas que el centro no puede aceptar para este año”.