Julio Moguel

¿Debe irse Rogelio Ortega?

Altas y bajas en el gobierno de Ortega, y…

He sido crítico del gobierno de Rogelio Ortega. He formado parte de los muchos –las encuestas personales en determinados circuitos sirven y valen– que tuvieron y generaron grandes expectativas en las posibilidades de que con su mandato, así fuera éste de muy poco tiempo, se diera un golpe de timón a la terrible circunstancia que vive el pueblo de Guerrero. Y no, por supuesto, para que en el corto plazo de su gestión se vieran florecer grandes y amplias jardineras, sino para marcar pautas y líneas de intervención que dejaran claro cuáles debían ser las rutas a seguir en el arduo y complejo proceso de Reconstrucción (dejémoslo así, con mayúscula) que exige a gritos la entidad sureña.
Pero ahora, después del camino que ya ha sido recorrido, ante la pregunta directa –que me han hecho algunos amigos– de si debe irse a su casa a descansar el gobernador Rogelio Ortega respondo sin medias tintas y sin dudarlo: No. No debe irse Rogelio Ortega. Ojalá el Congreso del estado asuma este viernes 24 el tema con suficiente y clara inteligencia, y conceda a Ortega nuevas cartas credenciales para seguir al mando del gobierno en lo que sigue. ¿Las razones?
1.- Tropiezos y zigzagueos, sin duda, pero en el recuento de acciones algo empieza a aparecer con cierta consistencia. Sin dejar de mencionar de entrada que, también con algunos tropiezos y zigzagueos, pero más o menos con la firmeza necesaria para marcar una ruta, el gobierno provisional de Ortega ha dado la cara y ha presentado posicionamientos claros y dignos en torno al tema Iguala-Ayotzinapa.
2.- Por si en esto último quedara alguna duda, me parece que es importante revisar el posicionamiento más reciente de Ortega en torno al tema referido (aparecida en diferentes medios de prensa el pasado martes 21 de abril), cuando puntualizó, con suficiente valentía, que “no se han erradicado las complicidades de Abarca en Iguala”.
3.- Mismo impulso –y aquí sí, al parecer, con un golpe de timón– en torno a la coherencia y valentía en el manejo del timón cuando, en la misma declaración aparecida en los medios el pasado martes 21, Ortega señala que en Guerrero “permanece también el cacicazgo de Ángel Aguirre”. (Recordará el lector que en una de sus primeras declaraciones el actual gobernador no paró en elogios al ex gobernante).

Un posicionamiento ejemplar

El discurso más reciente de Ortega (el mencionado, del pasado 19 de abril y aparecido en los medios de prensa el día 20) es, en mi opinión, el primero de sus escasos seis meses de mandato en que la voz del que dice lo que dice refleja posibilidades de un reordenamiento significativo en las pautas de gobierno que se han venido siguiendo. Es, digámoslo de otra forma, el primero en que se ve emerger, en voz, tono y orden de exposición, a alguien que se desprende finalmente de “los particulares” y “particularismos” para mandar o pretender mandar con obediencia a los requerimientos fundamentales de la Reconstrucción guerrerense. Porque además de lo que ya hemos apuntado, vemos en la declaración ya mencionada de Aguirre una fría y consciente valoración de una circunstancia preeminente: la de la presumible “presencia del narcotráfico en por lo menos 22 municipios guerrerenses”, y el reconocimiento, a continuación, de que ello afectará sin duda los procesos electorales en curso.
Lejos entonces, la declaración de Ortega, de las declaraciones edulcoradas de quienes desde las más altas esferas del poder consideran y dicen que Guerrero sólo tiene “focos” aislados de conflicto en la materia.
Se trata, entonces, desde el posicionamiento de Ortega, de empezar por el principio –como recomienda el afamado Perogrullo: reconociendo que la casa está en candela, y que hay que actuar en consecuencia para salvar las mayores cantidades de vidas, patrimonios, bienes. Ello orienta a otras importantes definiciones, que tendrían que desdoblarse y extenderse a otros ámbitos programáticos y de acción, en lo que viene.

El candente pero indispensable tema de la soberanía

La importancia del posicionamiento de Ortega el pasado 19 de abril no deberá subestimarse, sobre todo si se considera que marca los hilos conductores o los ejes de una decisión mayor con respecto al tema-majestad de “la soberanía”: porque el sur-sureste (Guerrero, en primer lugar) y una parte importante del centro-occidente mexicanos (particularmente Michoacán) han sido sometidos a los más terribles procesos de prueba y de sometimiento a las voluntades monárquicas de quienes han venido ocupando desde hace algún tiempo la silla presidencial.
Por ello hay que adelantar, en el debate, la idea de que un tema-eje de cualquier programa progresista de reconstrucción que se presente en Guerrero y en Michoacán, venga de donde venga desde los distintos contendientes partidarios, tiene que ser el de la soberanía. Dicho de otra forma: los gobiernos progresistas que pudieran surgir de la votación del próximo 7 de junio tienen que aceptar y promover el máximo apoyo posible del ámbito político federal, pero dentro de un esquema que permita la recuperación real de los poderes locales y regionales, incluyendo en ellos prioritariamente el que corresponde al gobierno estatal.
Ello implica, entre otras cosas, hacer a un lado o confrontar la estrategia federal en materia de seguridad sobre el “mando único”, pues pervierte y/o contradice –como lo hizo el comisionado Castillo en Michoacán– cualquier proceso de autoorganización social-popular en la materia, justo ahora en que más necesarias son estas fórmulas de defensa en amplias regiones de Guerrero –y del país (el caso de Cherán, en Michoacán, resulta ser ejemplar en la materia).
Otras materias pendientes de la agenda orteguista

Si Rogelio Ortega logra ampliar su periodo de mando en el gobierno guerrerense tendrá que apurar temas que ya ha venido desdoblando, al menos declarativamente, en la agenda política. Uno de ellos, fundamental, es el reconocimiento en ley y en práctica de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado.
Con lo que se abre –o se abriría– un nuevo punto de inflexión en el tema de la soberanía, pues, hasta ahora, a pesar de las declaraciones positivas del Ejecutivo federal en torno al tema (en septiembre de 2014 en el espacio neoyorkino de la ONU), no sólo no se ha avanzado en alguna medida sino que se ha marchado hacia atrás con suficiente evidencia.
Una intervención aislada desde el gobierno federal ha caminado a contrapunto de esa tendencia negativa, a saber, la de Jaime Martínez Veloz, Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) –quien ha logrado desanudar y ayudar a resolver cualquier cantidad de conflictos y de problemas fincados en las más amplias áreas de pueblos y comunidades indígenas del país–, pero ello no ha logrado hasta el momento llevar al punto de lo que verdaderamente falta, a saber: legislar en la materia para alcanzar, al menos, los puntos de acuerdo a los que se llegaron en San Andrés Larráinzar en 1996, o al punto ya marcado por el Convenio 169 de la OIT en torno al derecho indígena a la consulta.
Y, ¿en materia de desarrollo? Todo por decir y por hacer, apuntando a líneas de intervención que puedan ser puntos de relevo para el próximo gobierno del estado (que esperamos apunte hacia un esquema progresivo y/o progresista de transformaciones sustantivas, venga del signo político que venga.