Margarita Warnholtz

La ignorancia del Consejo Coordinador Empresarial

Que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está trabajando para que se retiren de las leyes, o se violen, los derechos de los pueblos indígenas porque les estorban. En pocas palabras, eso declaró Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, en días pasados. “Trabajamos para garantizar la certidumbre jurídica en los registros públicos de la propiedad y tenencia de la tierra, así como en la consulta indígena que nos afecta, sobre todo en las reformas, como la energética, para que no sea vinculatoria y no nos obstruya los programas de inversión que tenemos”, dijo.
Me parece que el señor Gutiérrez no sabe que los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. El derecho a la consulta (previa, libre e informada), está estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que fue ratificado por México y que desde 2011 tiene rango constitucional. Además, como bien le aclaró (http://www.jornada.-unam.mx/2015/04/19/politica/008n1pol) el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también obligatoria y vinculante, y ésta incluye también el derecho de los indígenas a la consulta.
Quién sabe a qué se refiera Gutiérrez con eso de que “están trabajando” al respecto, supongo que estarán cabildeando en el Congreso, o tratando de convencer a algunos secretarios de Estado o al propio presidente Enrique Peña Nieto, de que se elimine ese obstáculo para sus negocios que es la consulta a los pueblos indígenas, ¿o cómo se puede “trabajar” para cambiar leyes que garantizan los derechos de otros? Desafortunadamente para él y el resto de los miembros del CCE, no les será tan fácil, ni lo lograrán comprando a algunos legisladores, pues, como ya mencionamos, los derechos indígenas están incluidos en tratados internacionales, o sea que tendrían que llevar su “trabajo” o sus intentos a instancias mundiales que no les van a hacer caso. Y no les van a hacer caso, entre otras razones, porque los derechos de los pueblos indígenas no se los sacaron de la manga dos o tres personas, sino que son producto de muchos años de lucha de este sector de la población.
Parece ser que, a estos empresarios se les está complicando pasar por encima de los demás para hacer sus negocios, pues resulta que los pueblos indígenas están comenzando a hacer valer legalmente sus derechos. Por ejemplo, solamente de mediados de marzo a la fecha, se han interpuesto tres demandas de amparo (http://fundar.org.mx/se-amparan-en-bloque-pueblos-indigenas-en-contra-de-concesiones-mineras/#.VTlesJO3u1j ), todas admitidas, en contra de concesiones mineras por diversos pueblos. Es decir, que si los integrantes del CCE creían que podrían comprar autoridades comunitarias o repartir miserias entre la gente para apropiarse de los territorios de los pueblos ancestrales, ya vieron que no les va a ser tan fácil. Entonces, claro, como se sienten dueños del país, ahora pretenden cambiar las leyes. No pueden reconocer que no son los únicos con derechos.
Las declaraciones de Gerardo Gutiérrez Candiani no solamente denotan prepotencia y desconocimiento de la legislación, sino una absoluta ignorancia de la realidad de nuestro país y de sus pueblos originarios. Tal vez necesite que algún abogado indígena le dé un par de cursos, o que algún empresario indígena le enseñe cómo hacer negocios sin pasar por encima de los derechos de los demás.