Habrá rescisión laboral si no se desisten del movimiento los paristas, dice el vocero del TSJ

*Aunque hay apertura de los trabajadores al diálogo desde el miércoles, la retención de sus salarios se mantiene, advierte Barreto Cedeño. El paro tiene un “sesgo político” porque pretendió crear un ambiente de inestabilidad previo al vencimiento de la licencia de Aguirre Rivero, acusa

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El vocero del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Miguel Barreto Cedeño acusó ayer que el movimiento de los trabajadores que demandan un incremento salarial del 35 por ciento tiene un “sesgo político”, pero no por el próximo cambio en la presidencia del Poder Judicial, sino en el Ejecutivo, y aunque no quiso decir qué grupo político está detrás del movimiento laboral, declaró que se pretendió crear un ambiente de inestabilidad previo al vencimiento de la licencia de Ángel Aguirre Rivero como gobernador.
El magistrado aseguró, sin embargo, que ya hay más apertura al diálogo de parte de los representantes de los trabajadores, mismo que comenzó el miércoles con la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, pero advirtió que la retención del salario a los paristas se mantiene, y que el próximo paso será la rescisión laboral, si es que no se desisten de su movimiento.
Barreto Cedeño insistió que sólo son 200 trabajadores los que están en paro laboral, y que hasta ayer jueves en la mayoría de los distritos judiciales se habían regularizado las labores, pero admitió que por el movimiento, 20 mil expedientes, civiles, familiares y penales se encuentran suspendidos, lo cual calificó como un “daño grave” al Poder Judicial.
También informó que el pleno del TSJ aprobó en su sesión de la tarde del miércoles el acuerdo por medio del cual se instalarán a partir del 26 de abril los juzgados civiles y familiares auxiliares para comenzar a desahogar el rezago de estos expedientes derivado del paro laboral que ayer cumplió 44 días.
Barreto Cedeño fue entrevistado el mediodía de ayer en su cubículo del TSJ, en el edificio ubicado en la plaza Primer Congreso de Anáhuac.
De entrada, informó que el pleno del TSJ, en su sesión de la tarde del miércoles (en un lugar alterno al salón de plenos por temor a la irrupción de los paristas), aprobó que “mientras no nos hagan entrega los paristas de las instalaciones que todavía tienen tomadas, se van a crear juzgados auxiliares de primera instancia en materia civil y familiar en todos los lugares en donde hay juzgados cerrados”.
Explicó que el primero de estos juzgados se instalará este 26 de abril en Chilpancingo y que la próxima semana seguirán los de Acapulco e Iguala, para atender los expedientes que se han rezagado con el paro laboral.

De los 18 distritos judiciales del estado, hay paro total sólo en ocho, reconoce el vocero

Sin embargo, aseguró que van disminuyendo los juzgados tomados por los paristas, y declaró que hasta ayer, de los 18 distritos judiciales solamente había paros totales en ocho; el de Cuauhtémoc, con cabecera en Arcelia; Alarcón, con cabecera en Taxco; Guerrero, con cabecera en Tixtla; Montes de Oca, con cabecera en La Unión; Abasolo, con cabecera en Ometepec; la Montaña, con cabecera en Malinaltepec; Bravo, con cabecera en Chilpancingo, y Tabares con cabecera en Acapulco.
Informó que el miércoles y ayer, los trabajadores levantaron el movimiento en el Distrito de Morelos con cabecera en Tlapa; Zaragoza, con cabecera en Huamuxtitlán; el Juzgado Mixto de Hidalgo, con cabecera en Iguala; y el de Mina, con cabecera en Coyuca de Catalán.
Aun cuando insistió en que los trabajadores en paro son apenas unos 200, de un total de mil 669, declaró que en los 44 días que lleva el movimiento laboral han provocado un “daño grave” por los asuntos que se encuentran parados.
Al respecto, precisó que no se han realizado las audiencias de 7 mil 17 juicios civiles; 834 juicios penales; 12 mil 122 juicios familiares. Según el magistrado esto último es lo más grave porque implica que 12 mil 122 familias no pueden tramitar ni recibir sus pensiones alimenticias.
Además informó que, en 220 asuntos los menores y madres no pueden conciliar con su contraparte, por lo que manifestó que “vamos a tener que trabajar rapidísimo” cuando se instalen los juzgados auxiliares para desahogar el rezago que ha generado el paro de los trabajadores.
Barreto Cedeño informó que también es grave que de los 834 juicios penales, 408 de los expedientes ya están para sentencia y que muchas de estas son absolutorias, por lo que hay personas que ya debieron quedar libres en los 44 días del paro, pero que siguen presas por el movimiento laboral.
El magistrado informó que para la instalación de los juzgados auxiliares no habrá necesidad de rentar instalaciones, porque el TSJ tiene suficientes, y que tampoco van a tener que contratar a más personal, pues insistió que de los mil 669 trabajadores con los que cuenta el TSJ, si a caso 200 están participando en el paro.
El vocero del TSJ informó que, mientras tanto, las negociaciones con los representantes de los trabajadores siguen, y que éstas se reanudaron el miércoles con la intervención del presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno.

Confirma que hay dos averiguaciones contra los trabajadores

Reiteró que también las averiguaciones previas por las denuncias que presentaron los magistrados en contra de los trabajadores siguen su curso.
Al respecto, confirmó que hay dos averiguaciones previas; una por denuncias por el delito de coalición de servidores públicos y daños, y la otra por privación ilegal de la libertad, como consecuencia de la retención por los paristas a los magistrados y a la dirigencia del Sindicato Único del Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) con la que estaban reunidos la tarde del 16 de abril en el edificio del Tribunal, en el centro de la ciudad.
Denunció que tienen pruebas de que ese día los paristas apoyados por “grupos violentos” ingresaron al edifico con explosivos y con la intención de detonarlos adentro. Aseguró que cuentan con un video que demuestra que metieron en la Secretaría de Acuerdos bombas molotov, pólvora, gravilla y vidrios, y que esa podría ser otra denuncia para que la investigue la Procuraduría General de la República (PGR) por tratarse de un delito federal, aunque no confirmó que hayan presentado la denuncia formal.
El magistrado Barreto agregó que la participación de ese “grupo violento” comprueba que el paro de los trabajadores del Poder Judicial tiene un “sesgo político”, pero no por la sucesión en la presidencia del TSJ que será a finales de éste mes, sino que “sus intenciones van más allá” y dijo que el movimiento tenía el objetivo de crear un ambiente de inestabilidad previo al vencimiento de la licencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Barreto Cedeño no quiso precisar qué grupo político está atrás, ni si estaba a favor o en contra del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, pero dijo que es claro porque, además, el punto más importante que planteaban los trabajadores ante los medios de comunicación, que es el de incremento salarial del 35 por ciento, en las negociaciones lo dejaban a lo último y pedían que primero se resolvieran las otras demandas, pero el vocero del TSJ no puntualizó cuales son.
Agregó que, sin embargo, ahora “ya vamos avanzando en las pláticas” y auguró que en breve habrá acuerdos, tras la reapertura del diálogo el miércoles con la intervención del presidente de la Codehum, Navarrete Magdaleno.
Pero advirtió que, a pesar del diálogo, los dos plenos; el del Consejo de la Judicatura y el del TSJ mantienen el acuerdo de la retención de salarios a los trabajadores paristas y que, de continuar el paro “el siguiente paso será la rescisión de la relación laboral”.
Argumentó que la medida se tendrá que aplicar “porque nuestra función como servidores públicos es brindar el servicio de la administración de justicia” y advirtió que si por la aplicación de esas medidas los trabajadores se radicalizan y emprenden otras acciones, “ya serán otros los que se encargarán de garantizar la seguridad pública, a nosotros nos interesa garantizar el servicio de administración de justicia”, insistió.