Reformar al sistema multipartidista y a los partidos políticos, propone especialista en un foro

*Se deben conjuntar movimientos sociales e iniciativas como “la idea de un nuevo constituyente y una nueva Constitución”, plantea el investigador Alberto Olvera. México es una dictadura de una élite que no respeta las leyes para nada, señala. La Fiscalía de Guerrero es un caso paradigmático, “porque ha sido incapaz de encontrar vivas o muertas a 43 personas (los normalistas de Ayotzinapa) y eso habla de una incapacidad increíble”, expone

Karla Galarce Sosa

El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Alberto Olvera Rivera propuso reformar el sistema multipartidista de México y a los partidos políticos porque son “altamente” cooptados, comprados y utilizados por el crimen organizado.
Dijo que se puede hacer a partir de la conjunción de movimientos sociales y mediante iniciativas, como “la idea de un nuevo constituyente y una nueva constitución”.
Durante su participación en el cuarto día del foro Guerrero, una luz de esperanza que convocó la Universidad Loyola, el investigador dijo que la naturaleza de la crisis que vive el país tiene su origen en el agotamiento del ciclo de democratización electoral que se tuvo en México a partir de 1997.
“Se agotó la capacidad transformadora, muy acotada, limitada a lo estrictamente electoral y con fallas muy graves de expresar los deseos de la ciudadanía, de ahí que la desinstitucionalización de los partidos que carecen de vida interna, están cooptados, son controlables y comprables por el crimen organizado, es imprescindible pensar en una reforma radical que permita una renovación, tanto de la clase política como de las instituciones mismas”, dijo ante un auditorio lleno.
Añadió que se requiere de una vinculación de las protestas radicales “como las que se tienen en Guerrero”, con una “idea de construcción de algo diferente”.
“Tenemos dos visiones que no se están comunicando, el movimiento radical que se opone a las elecciones, que busca establecer un gobierno local pero que no percibe que eso sólo es posible en algunas partes del país y no es legalmente validable, y por tanto no puede ser una opción para resolver la crisis nacional”, advirtió el maestro en sociología egresado de la facultad de Ciencia Política y Social de la New School for Social Research de Nueva York.
Advirtió que para la convergencia de las fuerzas sociales se deben establecer mecanismos electorales, y “pensar en la opción, mucho más seriamente, de las candidaturas independientes estatales”.
De la rendición de cuentas dijo que la consecuencia de la crisis del Estado es antiquísima, pues “no se puede tener rendición de cuentas sin un estado de derecho, y no se puede tener un estado de derecho sin una reforma verdadera del régimen, por tanto se deben establecer condiciones políticas que lo permitan”.
Destacó que la presencia de grupos sociales apuntan a la reconstrucción de un nuevo régimen, aunque el trabajo debe ser gradual y que no toque “el corazón del sistema, es decir el sistema de justicia, porque lo que colapsa el sistema verdaderamente democrático, es la inexistencia de un sistema de justicia operativo, pues mientras no haya esa capacidad, autonomía y autoridad, no se tiene en lo más mínimo una base de un sistema de derecho”.
En declaraciones el ponente dijo que Guerrero es un claro ejemplo de las fallas del sistema, tanto del estado de derecho como de la “democracia infuncional”.

Conjuntar esfuerzos entre grupos sociales y gobierno para cambiar el sistema

“Hay sectores de la población que protestan con una radicalidad extraordinaria, que organizan los movimientos y que plantean el autogobierno y bloquean otras posibilidades (…) este tipo de decisiones no se le pueden imponer a toda la gente, y ese tipo de movimientos corren el riesgo de aislarse del resto de la población, son movimientos comprensibles, justificados, incluso necesarios, pero no son movimientos con la capacidad de transformación macrosocial, a un nivel más amplio que lo estrictamente social. En ese sentido se debe hacer una crítica amigable y solidaria, tratando de señalar esos límites”, expuso.
Alberto Olvera presentó la ponencia Rendición de cuentas y la restauración autoritaria: ¿Contradicción o complemento?, y comentó que a las nuevas generaciones les toca vivir un cambio histórico en México, al ser el 2015 “un año de inflexión” en el que se vivirán procesos que pueden ser de transformación para el país.
“El futuro no está escrito y puede haber una recuperación de la senda del crecimiento, o podemos vivir el autoritarismo en pleno, o fracasar en el intento de la reconstrucción del estado de derecho”, advirtió.
En México, continuó, viviremos una simultaneidad de crisis por eso la necesidad urgente de una gran reforma de cómo el Estado se financia y ahora se nos habla de que habrá un presupuesto austero y no es una virtud, sino una necesidad porque no hay dinero, creció mucho el gasto público en el periodo de la democracia y el hecho de que el estado meta la mano a los contribuyentes traerá un costo político grave.
Dijo que lo de hoy es que la democracia ha sido construida por una serie de reformas sucesivas, y ese ciclo se está cerrando porque existe una crisis de legitimidad de los partidos.
“Hay una sensación de que los partidos que tenemos no sirven para nada, y si México seguirá siendo lo que ha sido siempre, que es una dictadura de una élite democrática que no respeta las leyes para nada (…) el poder judicial en México, tiene menos jueces percápita que en el resto del mundo, lo que significa que hay pocos jueces porque hay incapacidad de resolver los problemas y si nos vamos al nivel de procuración de justicia el problema es mucho peor, porque carecen de capacidades de investigación y las fiscalías son incapaces de investigar”, anotó.
Puso como ejemplo de la crisis a la Fiscalía de Guerrero como un caso paradigmático, “porque ha sido incapaz de encontrar vivas o muertas a 43 personas y eso habla de una incapacidad increíble, pero eso no es todo, hay 23 mil desaparecidos en todo el país, no sólo son los 43 normalistas y si eso no ocurre, no hay fiscalía, hay un vacío, porque carecen de capacidad para resolver”.
Señaló que en el país, a pesar de un supuesto tránsito de democratización y la salida del PRI hace 18 años, el viejo régimen y su práctica “no han cambiado porque se basó en una presidencia imperial, se basó en un dominio fuerte sobre la sociedad, en un sistema corporativo, es un sistema eficaz de control político”.

Difícil pensar que hay legitimidad en Guerrero, dice Alberto Bayardo del ITESO

Para el académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y responsable del Observatorio del Poder Legislativo, el investigador Alberto Bayardo Pérez Arce expuso en su ponencia La gobernanza con perspectiva de derechos humanos: una propuesta metodológica, la diferencia entre gobernanza y gobernabilidad.
Comentó que es difícil pensar que hay una legitimidad en Guerrero “con todo lo que está pasando, en el sentido de que la gente acepta que se le gobierne, es complejo lo que está pasando”.
“La cuestión de la violencia en Guerrero es tan grande que ningún actor social puede resolverlo solo, por ejemplo, los empresarios no pueden con sus propios recursos resolverlo, tampoco la sociedad civil, ni el gobierno con sus recursos, y menos los académicos, entonces se necesita conjuntar los recursos para resolver juntos el problema, establecer acuerdos, hacer negociaciones y acuerdos que permitan resolver la gobernanza”, comentó.
Calificó como un problema grave la situación que se vive en Guerrero, aunque admitió que desconoce a fondo de la problemática, sin embargo acotó que la entidad “va más allá de Acapulco o Chilpancingo, y difícilmente se puede hablar de que algo se ha resuelto”, expuso al responder una pregunta de si observa gobernabilidad en la entidad con el gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez.
Cuestionó durante su exposición que las autoridades, al dar por concluido el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desatienden la identificación de las más de 140 personas cuyos cadáveres fueron encontrados en las fosas clandestinas alrededor de Iguala.
Criticó también el dictamen que emitió la Fiscalía en torno a la desaparición e hizo referencia a la comisión independiente que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes dijeron que el tema debe tratarse como un asunto de desparición forzada, “aunque el gobierno quiera que se concluya como que los normalistas fueron calcinados, la verdad histórica es que siguen desaparecidos los 43 normalistas”.
Dijo que otro reto sobre la gobernanza es la credibilidad de las autoridades pues “si no le creemos al gobierno por qué tendríamos que obedecerlo, es mucho de lo que pasa en Guerrero, es mi impresión”.
Afirmó que para que haya gobernabilidad se debe tener un estado que resuelva los problemas y que priorice aspectos inmediatos como la investigación de crímenes, y resuelva problemas como la impunidad y la corrupción porque “si no hubiera impunidad, no hubieran desaparecido a los estudiantes”.
En su ponencia La desnaturalización de las declaraciones públicas de patrimonio e impuestos de los funcionarios, y la falta de declaración pública de intereses, el investigador Miguel Eraña Sánchez, quien abrió la ronda de participaciones, ofreció referencias filosóficas sobre nuevas teorías relacionadas a intereses públicos de funcionarios.
Su participación incluyó aspectos históricos de derecho constitucional, señaló que nunca ha habido declaración pública de intereses por los funcionarios o servidores públicos.
El profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho de  la Universidad Iberoamericana  campus  Santa Fe de la Ciudad  de México desde 2003, añadió que los funcionarios están obligados a declarar públicamente sus bienes e informar los vínculos empresariales, académicos o representaciones, si es socio o albacea de consorcios internacionales o de menor alcance, para que “cada acto, resolución o actuación sea verificado y no entre en contradicción, y si se omiten hay una presunción de responsabilidad, y eventualmente un delito por omisión”.
El doctor en derecho por la Universidad de Salamanca añadió que si hay reserva en la declaración patrimonial de servidores públicos, se cae en la omisión. Dijo que en México el 93 por ciento de los delitos que se cometen y se denuncian no se solucionan, por lo que se ubica en el segundo sitio a nivel mundial en impunidad, por debajo de Filipinas.
El autor de Derecho Parlamentario Orgánico. Claves para ser un buen legislador en México, editado por el Senado de la República-Editorial Porrúa en 2013, resaltó la necesaria participación en las próximas elecciones, o buscar alternativas de participación como las candidaturas ciudadanas, pero no dejar de participar en las elecciones, pues mencionó que un 28 por ciento de las personas empadronadas asumen que acudirán a las urnas.
En la sesión de preguntas y respuestas, un docente de la Universidad Autónoma de Guerrero comentó que las exposiciones dejan un ánimo de desesperanza, contrario al título del foro que hace referencia a una luz de esperanza, pues las exposiciones coinciden en que existe un alto grado de impunidad e incapacidad para desempeñar función en cargos públicos de quienes aspiran a gobernar.