Rubén Cayetano García

Juzgadores sin señorío  

Se dice que no es lo mismo implorar la justicia desde el valle que dispensarla desde la cumbre. La insensibilidad y sordera que tienen las y los magistrados del Poder Judicial de Guerrero ante el reclamo de los derechos de los trabajadores del Tribunal, ha provocado la indignación y molestia no sólo de los propios trabajadores, sino también de los litigantes y de la sociedad en general, dada la parálisis que padece la impartición de justicia en el estado.
El paro es histórico. Nunca, antes del 31 de marzo de 2014, había ocurrido ese despertar en el Poder Judicial en una exigencia genuina, legítima y pacífica que se gana la simpatía de abogados y hasta de quienes requieren de la justicia, pero comprenden su resistencia. La solidaridad es con los trabajadores, con los magistrados es el enfado.
Pero la presidenta del Tribunal y el resto de los 22 magistrados no hacen aprecio de una petición justa. Es inverosímil que quienes tienen que impartir –no administrar? justicia exhiban ese talante de autoritarios en un problema de dimensiones y afectaciones graves al pueblo de Guerrero. El agravio es mayor a partir de que Julio Lorenzo Jáuregui García, Alberto López Celis, Miguel Barreto Cedeño, Alfonso Vélez Cabrera y Vicente Rodríguez Martínez arremetieron físicamente contra los servidores públicos reclamantes, en su mayoría mujeres, con fuerza pública en mano, palabras obscenas, golpes y amenazas, muy propio de quienes Ángel Aguirre Rivero les colocó toga y birrete para asumir un cargo que han vilipendiado, lo que actualiza una de las causales del juicio político presentado ante el Congreso de Guerrero, que es la carencia de autoridad moral para realizar la excelsa labor encomendada.
La naturaleza misma de los magistrados no es la conciliación y la tolerancia, carecen de estos atributos porque, como sedicentes conocedores de la ley, no del derecho por lo que se ve, son imperativos y coercitivos. Para darnos cuenta basta recurrir a la figura del conciliador que el Código Procesal Civil del Estado, prevista pero que tiene más de 20 años como letra muerta ya que jamás designaron un solo conciliador en los procesos civiles y familiares en ningún juzgado, figura que fue desdeñada y que ahora bien podrían ayudar a resolver la litis. La conciliación está ausente.
El conflicto ha detonado el nepotismo y la corrupción lacerante que hay en el Poder Judicial, sea en el ámbito jurisdiccional, administrativo o de la judicatura. Los titulares del pleno, sabedores de la “protección legal” que les brinda el que Lambertina Galeana Marín es, por partida doble, presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, se despachan designaciones, cambios, nombramientos, permisos, remociones, permutas, entre otros privilegios a discreción entre amigos, parientes, familiares y recomendados, lo que genera actos arbitrarios en el ámbito laboral que provocan molestias e indignación en la base trabajadora que está sometida no sólo a un régimen de explotación de su fuerza laboral y capacidades, sino que ven cómo pasa el tiempo y no tienen una carrera judicial que les garantice desarrollar el talento y aspirar a mejores condiciones de vida. Máxime que los únicos que tienen derecho a jubilarse con el 100 por ciento de sus prestaciones son los propios magistrados, lo que insulta a la sociedad en general, que es la que paga esos privilegios, que permite el cobro de una pensión como si estuvieran laborando, mientras los que protestan carecen del más mínimo derecho a una plaza laboral segura que les garantice una estabilidad económica, seguridad social y pensión por jubilación.
Pero, ¿cómo es que este mundo de privilegios para unos cuantos ha prevalecido en el Poder Judicial? Pues a base del adormecimiento de los propios trabajadores que veían a cada magistrada o magistrado como personajes honorables y muy bien relacionados con el poder público o poder político, pues sus nombramientos provienen precisamente del Ejecutivo y son avalados por el Legislativo. Luego las destituciones que legislaturas han hecho de algunos magistrados por causas demostradas de corrupción, pero que a la postre los han tenido que restituir en los cargos, les otorga una especie de coraza a la que si le sumamos la inamovilidad en el cargo que la ley les reconoce, los hace sentirse archirrequetesúper poderosos. Es por eso que muchos de ellos, aunque ya no cumplen los requisitos de ley –como la edad– para continuar en el cargo, con la contumacia de los demás, ahí siguen.
La impunidad, otro privilegio sazonado ahí, deviene a partir de que no le rinden cuentas a nadie. Si bien el Ejecutivo y sus secretarías tienen una contraloría general, y el Legislativo y ayuntamientos una auditoría general como órganos fiscalizadores, en el Poder Judicial no hay un órgano con esas facultades. Son el único Poder Judicial del país que cobra por expedir copias certificadas en asuntos civiles y mercantiles sin que se sepa a dónde va a parar ese recurso y otros, como depósitos, consignaciones, rentas, fianzas o cauciones e intereses bancarios.
El actuar de estas señoronas y señorones del máximo tribunal, viene a caer en el oficioso quehacer de lo más ramplón, cuando en la víspera de la declaración de desaparición de poderes en Guerrero, en octubre del año pasado, mintieron a los trabajadores con la promesa del cumplimiento de sus demandas, para justificarle al Senado de la República que no había necesidad de que se declarara la desaparición de poderes, ya que en lo particular el Poder Judicial estaba funcionando sin problemas. Eso también duele a los trabajadores, que obraron de buena fe para ayudar al poder al que pertenecen, empero que los machuchones que los representan los han traicionado. A nadie les favoreció más que a ellos la caída del gobernador, e hicieron lo que pudieron, no para que cayera Aguirre, sino para quedarse donde siguen amparados por un manto de supuesta legalidad, sólo hay que observar con detenimiento la mecánica de los hechos del 20, 21, 22 y 23 de octubre de 2014.
La solidaridad que han recibido de abogados, organizaciones, medios de comunicación y sociedad en general los trabajadores del poder judicial es sencillamente porque su causa es justa y, contrariamente a eso, el actuar y lo que groseramente perciben los magistrados ofende. Los jueces de Primera Instancia y los de Paz, así como los oficiosos en pro de los magistrados deberían reconsiderar su posición y sumarse a una causa que los favorece incluso a ellos, no andar de simuladores y timoratos, con la conciencia ardiendo ante la injusticia. Es la hora de sacudir al Poder Judicial y acabar con la corrupción que impera. Los dirigentes y trabajadores valientes que encabezan la protesta ya tienen un lugar en la historia del Poder Judicial guerrerense, sentarán precedente favorable para ellos y las generaciones de trabajadores que vienen detrás. Los jueces deben actuar en consecuencia, es el momento de refundar el Poder Judicial con la parte buena que está luchando por eso y no convertirse en lo que ahora son los magistrados, jueces sin señorío, que han deshonrado al Poder Judicial, al que ven como propio, pero que es del pueblo de Guerrero.