Tomás Tenorio Galindo
OTRO PAIS
*Embuste de Aguirre y aldeanismo de la clase política
Con el embuste que montó el domingo el senador perredista Sofío Ramírez Hernández bajo las obvias órdenes del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, la clase política de Guerrero ofreció esta semana una ejemplar exhibición del aldeanismo que la caracteriza. Al final tuvo que intervenir el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para poner orden en el alboroto y evitar el caos político, pero es un hecho que no fueron pocos los que se dejaron embaucar por la aventura del regreso del ex gobernador al poder.
“Lo que conviene es estabilidad política, es gobernabilidad. Más allá de nombres, lo que nos conviene es que quien tenga hoy interlocución con los grupos, que nos ayude a ese diálogo”, dijo el miércoles el funcionario federal para liquidar la disparatada pretensión del aguirrismo de recuperar la gubernatura. Y es posible que Gobernación haya hecho sentir al dirigente nacional del PRD la conveniencia de atajar al aguirrismo, pues Carlos Navarrete Ruiz adelantó el martes que Aguirre Rivero no regresaría al poder, antes de que ese mismo día por la noche el propio ex gobernador informara que, en efecto, solicitará licencia nuevamente con el propósito de evitar “la confrontación de mi estado”. Así quedaron restablecidas las condiciones para que el Congreso local nombre a alguien para el segundo interinato, que puede ser otra vez Rogelio Ortega (o no, en teoría).
No parece haber sido una maniobra seria, pero pese a su impertinencia y evidente inviabilidad, Sofío Ramírez logró sorprender a figuras políticas que se sentían en la obligación de reconocer el derecho legal del ex gobernador a regresar al cargo una vez terminada hoy su licencia de seis meses. Creyeron que era posible y quizás en su fuero interior aplaudían tal regreso.
Como para centrar la decisión que tomará el Congreso del estado a falta de señales firmes de cordura en Guerrero, el secretario de Gobernación recapituló las opciones: “que se quede el que está (Rogelio Ortega), el regreso de Aguirre, la designación del propio Sofío, que había pedido ser tomado en cuenta”. El senador perredista, informó Osorio Chong, le solicitó mediante un “mensaje telefónico” ser tomado en cuenta. Y “hemos estado dialogando, pero sólo en la búsqueda de que haya un acuerdo que permita que Guerrero vaya hacia adelante y no se detenga”, precisó, porque el gobierno federal no se pronunciará por algún aspirante al interinato, “sería un error palomear a algunas de las alternativas; entonces (apoyarán) lo que permita que las condiciones se vayan generando más favorables”. (El Sur, 23 de abril de 2015).
Se entiende de lo anterior que la posición del gobierno federal es la permanencia de Rogelio Ortega como gobernador interino. Eso significa que el estado “vaya hacia adelante y no se detenga”, pues cualquier otra determinación implicaría una interrupción y volver a empezar.
Despejado el camino para su ratificación, el Congreso optará seguramente esta noche por nombrar otra vez a Rogelio Ortega como gobernador interino para los cinco meses que le faltan al periodo que correspondía a Aguirre Rivero.
Sin embargo, al trasponer esta coyuntura que es en parte política y administrativa, el estado encontrará que ninguno de los problemas que lo agobian ha sido resuelto, ni estará superada la crisis social causada por el ataque y desaparición de los estudiantes normalistas. El retiro de Aguirre Rivero y el interinato de Rogelio Ortega aliviaron las tensiones desatadas después del 26 de septiembre, pero como analgésicos, no resolvieron el problema, cuyo desenlace es aún un desafío para el Estado. Ni siquiera el hecho de que las elecciones del 7 de junio se realicen modifica las cosas, pues aunque los candidatos a gobernador se llenen la boca con la palabra justicia, no ofrecen nada ni se comprometen con una agenda que represente un cambio en relación con el contexto que produjo la desaparición de los normalistas. Es posible que haya más Abarcas de lo que se pensaría entre los candidatos a diputados y alcaldes, algunos muy conocidos y hasta denunciados.
Vacías las elecciones de un contenido que corresponda a las condiciones y tribulaciones del estado, y ocupados políticos y legisladores en sainetes de poder, hay quienes sí trabajan por encontrar una solución de fondo a la crisis de los normalistas, que es hoy el principal problema de Guerrero.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México dio a conocer el lunes que planteó a la Procuraduría General de la República abrir nuevas líneas de investigación del caso Iguala. ‘‘El GIEI suministró información para abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las ya existentes; asimismo, solicitó tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, entre otras’’, dijo uno de los especialistas. El grupo informó también que no puede todavía anticipar si comparte o no la “verdad histórica” presentada por el ex procurador Jesús Murillo Karam.
Pese a que sacude y cuestiona la versión oficial sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, esta noticia parece haber pasado desapercibida para la clase política de Guerrero, como si se tratara de un tema que le es ajeno. Sus intereses están en otra parte.




