“No voy a mover un dedo para influir en el Congreso, no es correcto”, dice Rogelio Ortega

*Pide a los diputados que analicen que el movimiento por los normalistas ya no ha apedreado la sede del poder Legislativo, que “ya pueden entrar tranquilamente sin zozobra como antes, todos los líderes pueden ir a sus locales, a sesionar, a hacer sus actividades”

Juan Angulo Osorio

(Segunda y última parte)

En seis meses como gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez intentó establecer relaciones diferentes a las tradicionales con las instancias de gobierno, excepto con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien siempre se refirió en público con exagerada gratitud.
Un caso notable es su distancia de los diputados de Congreso del Estado, lo que determinó su ratificación incierta en el cargo.
También está fuera de la norma la decisión de Ortega de convertir la Casa Guerrero de Chilpancingo en un centro cultural abierto al público, y eliminar la ostentosa residencia de los gobernadores creada por Rubén Figueroa Figueroa. En un recorrido por la residencia, acompañado de su hija la presidenta del DIF Marxitania Ortega Flores, observamos que en algunos muebles y en el piso de la alberca no se han borrado algunas de las pintas con el número 43 y otras consignas que dejaron estudiantes de Ayotzinapa y maestros que entraron cuando la esposa del gobernador les abrió las puertas el 27 de noviembre, en una manifestación para exigir la presentación de los desaparecidos.
Por otra parte, su gobierno se vio excluido de la resolución de conflictos sociales, que asumía la Subsecretaría de Gobernación, y marginado de las acciones del gobierno federal para hacer frente a la narcoviolencia en la región Norte y Tierra Caliente, las cuales acepta y pide lo mismo para otras regiones.
“No voy a mover un dedo para quedarme como gobernador seis meses más”, insistió en entrevista, como lo ha dicho en declaraciones a los medios, aunque aclara que sí quiere y está dispuesto a seguir en el cargo.
Para la fecha de la entrevista, lunes 13 de abril, ya se había publicado la versión extraoficial de que los diputados estaban pidiendo a Ortega 3 millones de pesos por cada uno para votar por su permanencia. Ortega no confirma si se le hizo esta petición, y su argumento para quedarse es que ya no se ve la crispación social, las quemas de edificios públicos, los bloqueos de carreteras y centros comerciales que había seis meses antes.
–Tú has dicho que tu nombramiento como gobernador interino fue decisión de las elites políticas del país, y después te nombró el Congreso del Estado. ¿Cómo se está cabildeando tu permanencia, ahora que se acerca el fin de los seis meses de la licencia de Ángel Aguirre Rivero? Además, hubo una confusión del Congreso porque se supone que te nombraron para que terminaras el periodo de Aguirre.
–Son situaciones confusas, pero a mí me ayuda porque me permite decir en un tramo de seis meses hago un corte y digo que me evalúen y si yo para el siguiente tramo no soy el adecuado, tiene una oportunidad del Congreso de cambiar.
“Yo no voy a mover un dedo para influir, porque no es correcto. Frente al Congreso yo hago mis evaluaciones: ya no se los han ido a apedrear, ya pueden entrar tranquilamente sin zozobra como antes, todos los líderes pueden ir a sus locales, a sesionar, a hacer sus actividades.
“Yo he respetado absolutamente al Congreso, jamás una invitación formal o informal para conseguir acuerdos con los diputados y que yo les tenga que soltar dinero o que tenga que levantar la mano para que me acepten equis o zeta proyecto, ha habido situaciones fuertes de tomas de decisiones para eventos como aceptar la renuncia del ex procurador Iñaki Blanco, nombrar al nuevo fiscal, el tema del ejercicio presupuestal de 2015, y nunca de mi parte los convoqué para hacer acuerdos y vótenme la renuncia de Iñaki, voten a favor del nuevo fiscal.
–¿Dices que no te estás moviendo para quedarte, pero hay alguien que se está moviendo para que te vayas?
–Yo he sido muy respetuoso con los diputados y quizás se quejan de que me he reunido poco con ellos, me absorbe mucho el conflicto (del caso Ayotzinapa) y las tareas propias del ejercicio gubernamental, y por otra parte ellos están en su dinámica, que legislen y lo que requieran de los apoyos para el trabajo legislativo ahí estamos.
–¿Los apoyos para obras que gestionan?, ¿dinero?
–Alguien me dijo en algún momento que estaban legislados (los apoyos), yo quiero pensar que no, que son usos y costumbres, pero muy arraigados, y esa parte seguramente está desatendida por nosotros y hay quienes me dicen, bajamos 10 millones de pesos para una obra y entonces ese recurso por supuesto que tiene que estar etiquetado, es decir ¿dónde está ese recurso y para qué es? y el acuerdo de cómo se licita para que la obra llegue a quienes van a ser beneficiados sin que pase por acuerdos de una ruta no transparente. Eso es lo que tenemos que hacer, le conviene al Congreso, a las finanzas, a este ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, tenemos poco tiempo, sería gravísimo que un recurso que sí está gestionado no se ejerza, perder recursos en el estado de Guerrero en las situaciones que estamos es grave, pero sí cuidar mucho la ruta de cómo esos recursos se asignan de manera que no genere ni suspicacia, ni huella alguna de que son recursos que pueden ir al bolsillo de un diputado o coludido con algún funcionario para que (diga) te los libero y nos llevamos un porcentaje, esa parte la hemos hablado y con absoluto rigor y cuidado y no debiera este tipo de cuestiones generar alguna animadversión.
–¿Hay alguna señal de Gobernación o de Los Pinos?
–No de manera informal cuando hemos tenido oportunidad de conversar sobre el tema, yo tengo claro que el 26 de abril termina esta oportunidad que me dio el Congreso, esa es mi convicción. Si el Congreso decide que voy a otro tramo estoy dispuesto a hacerlo, tengo claro qué ruta tendría que estar realizando el ejercicio gubernamental que vendría.
Insiste en que tiene claro cuál es su misión: “Yo tengo la oportunidad de estar aquí como bateador emergente, llegué a enfrentar esa situación, yo debo de trabajar todos los días para que la salida al conflicto (por Ayotzinapa) no tenga una ruta autoritaria y entonces tengo que construir una estrategia de diálogo y de tolerancia extrema para poder llevar a todos los liderazgos a una mesa de diálogo, a un gran acuerdo para que podamos recuperar la confianza en las instituciones y la confianza en la política, yo ya tenía claro que el problema era contra todo tipo de instituciones y le llamo violencia simbólica a estas acciones de ir a quemar el Palacio Municipal de Iguala y otros, la reflexión de los líderes sociales del movimiento es: vamos a destruir el símbolo de la narcopolítica, de los corruptos, de los que nos tienen en esta situación de rezagos ancestrales y vamos con la beligerancia, y vamos con todo. Y nadie los para, ni se le ocurre a nadie decir que vayan a impedir que quemen el Palacio Municipal, se veía incluso como una acción popular legitimada”.
La decisión de la salida de Ortega podía ser tan ajena a él como su llegada. Dice que después de que Aguirre anunció su separación de la gubernatura, el 23 de octubre, el 25 a él lo llamaron a la casa del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, donde hubo una reunión larga, a la que él no entró. “Me dijeron a las 3 de la mañana tienes que regresarte a Guerrero, mañana a las 9 de la mañana te van a tomar protesta y tienes que elaborar tu discurso”. El 26 rindió protesta.
El federalismo, una ficción

–En diversos conflictos sociales, como el que se dio entre el FUSDEG y la UPOEG, donde hubo nueve muertos, tuvo que venir el subsecretario de Gobernación para atenderlos. Se nota ausencia del gobierno del estado.
–En esa y en otras existe una realidad que es la ficción del federalismo mexicano. En teoría somos un estado federado, en la práctica hay un altísimo centralismo. No sé cómo sea en los demás estados, pero en Guerrero creo que es al exceso. Me dicen: haz valer el principio del estado libre y soberano y defiende el estado libre y soberano.
“Yo digo que el estado libre y soberano de Guerrero tiene que generar su propia seguridad, entonces vamos a retirar a más de 12 mil efectivos del Ejército en Tierra Caliente, que tú (gobierno federal) viniste a plantear que es para blindar al Estado de México y a Michoacán. Los retiramos. Pero ¿qué podemos hacer, si de un peso que se gasta en Guerrero, 96.5 lo aporta la federación y tu economía da 3.5 centavos? Entonces yo digo, manden más elementos de Gendarmería para Chilpancingo, Chilapa y La Montaña, y que siga ayudando la Marina”.

Un error, no haber formado una comisión de acompañamiento para el caso Ayotzinapa

Probablemente poca influencia tenga la postura de Ortega sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, contraria a la conclusión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los 43 desaparecidos están muertos, fueron asesinados por sicarios en contubernio con policías de Iguala y de Cocula en el basurero y sus cenizas tiradas al río.
Para el gobernador , se deben abrir todas las líneas de investigación y seguir la búsqueda de los estudiantes. Lamenta que desde el principio no se haya conformado una comisión de acompañamiento de los padres de los desaparecidos para participar en las investigaciones oficiales, y mantiene su propuesta.
–¿Te convence la conclusión de la PGR de que los 43 normalistas desaparecidos están muertos?
–Siempre lo hemos dicho, el caso de Ayotzinapa no se puede cerrar mientras no haya plena satisfacción de los familiares de que el Estado con todo el peso de sus instituciones hizo toda la indagatoria, todas las rutas, todas las líneas de investigación, las que ellos trabajaron y las que nosotros propusimos que no se exploraron y a pesar de eso, estos son los resultados y ahora viene la ruta de la justicia, todo el peso de la ley para los autores intelectuales y materiales de la tragedia y ahí lo que hemos dicho también la ruta de la reparación del daño.
“ Yo cuando converso de este tema con los líderes de Ayotzinapa o algunos de los familiares con los que me he reunido les digo que ahí cometimos un error. Cuando se presenta la tragedia, el movimiento le exige al Estado la investigación y ahí nos falló haber integrado una comisión de inmediato, de acompañamiento porque se genera solamente el movimiento que presiona, quiero que tú me digas, los encuentres y todos los días la movilización, pero espérate aquí ya ellos (las procuradurías) están investigando y van solos y van haciendo acopio de información, la que hizo Iñaky, el gobierno de Guerrero y luego cuando lo atrae la federación, desde ese instante ya debió haber habido acompañamiento y con gente experta además que las hay y con personas de reconocidísima autoridad moral que jamás se prestarían a una componenda y eso hubiese convenido tanto a las instituciones, al gobierno del estado, al gobierno federal y también al movimiento.
“Pero no se hizo, no se acompañó se generó nada más la presión, entonces es tú me tenías que informar y no te creo.
“Y la parte de la no credibilidad es absolutamente entendible, no te creo porque yo no le creo a esas instituciones corruptas, no le creo a la narco política entonces ahí hay ya una zanja y es nada más la presión. Y si no les crees por qué dejaste en ellos solos la investigación. No es tarde, nunca es tarde, yo les he dicho nombremos la comisión de acompañamiento”.
Ortega dice que en experiencias anteriores se ha visto que con el tiempo en el movimiento se quedan los familiares solos, viene una etapa de desgaste, de desmovilización, de desmoralización, de mil cosas, de diferencias.
Y propone: “Planteo darle continuidad con los padres, ellos toda la vida van a estar, pero organizados y acompañados de personalidades que tienen absoluto reconocimiento, autoridad moral y conocimientos sobre el tema para ir en la ruta de la coadyuvancia, de la solidaridad, del acompañamiento y con capacidad de convocatoria”.
Ortega tampoco pudo cumplir en estos seis meses con la libertad de los dirigentes sociales presos, uno de los compromisos que asumió en su discurso del 26 de octubre.
En el caso de más presencia en los medios, el de la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, presa en una cárcel federal en Nayarit, Ortega pidió al fiscal del estado que analizara el desistimiento de la acción penal, pero el fiscal Miguel Ángel Godínez se negó.
En otro caso, el del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, preso también en un penal de máxima seguridad de Nayarit, su regreso a una cárcel de Guerrero, ordenado por una juez federal, se retrasó por intervención del director de Reinserción Social del propio gobierno del estado, José Jorge García Rivera, aún en contra de la petición del gobernador.
–Si no te ratifica el Congreso, quedarías con un adeudo con los presos.
–Claro por las limitaciones de la ruta jurídica, cuando he tenido oportunidad de platicar con los abogados de Tlachinollan (que lleva la defensa de la mayoría de los presos de la Policía Comunitaria y de los opositores a la presa La Parota) he insistido mucho en eso, trabajemos juntos la ruta jurídica, la voluntad política está, y con el argumento de los pueblos originales y de los derechos humanos podemos avanzar mucho.
“A veces tampoco es fácil armonizar la ruta más expedita o la ruta que tenemos más posibilidades de lograr, por ejemplo sabíamos que teníamos un plan B para el tema de los presos políticos que es la amnistía.
–Pero esa también es larga porque interviene el Congreso.
–Primero hay que consensuarla con todos los liderazgos sociales, y especialmente con Tlachinollan, yo sé que Tlachinollan tiene una propuesta. Se tiene que mandar al Congreso y sería muy difícil que el Congreso no la aprobara cuando ya tienes el consenso de todos los liderazgos sociales, va con un respaldo social.