Tomás Tenorio Galindo

OTRO?PAÍS

* Ayotzinapa: siete meses de impunidad del Estado

En el segundo informe que presentó hace ocho días, sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo un respetuoso tono diplomático que, sin embargo, no restó fuerza ni contundencia al contenido de sus conclusiones. El grupo pidió ahí a las autoridades mexicanas realizar una nueva investigación de los acontecimientos de los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, y manifestó que para ello “se han proporcionado a la PGR algunas ideas”. Con toda claridad advirtió que no podía anticipar si comparte o no la “verdad histórica” sostenida por la Procuraduría General de la República y anunciada por el ex procurador Jesús Murillo Karam en enero, como la verdad definitiva sobre los hechos.
Con ello, los especialistas de la CIDH dijeron todo, pues si creyeran en la “verdad histórica” de Murillo Karam no habrían expuesto la necesidad de ampliar las investigaciones, ni habrían sugerido a la PGR “algunas ideas” sobre la dirección de las indagaciones.
Un mes atrás, el 18 de marzo, en su primer reporte público, el grupo de la CIDH concluyó que la matanza y desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa es un caso de desaparición forzada y lesa humanidad, y por lo tanto solicitó al gobierno modificar a esa clasificación los delitos, por los cuales son procesadas 105 personas.
El 22 de marzo se hizo pública una primera respuesta negativa de la PGR a ese planteamiento de la CIDH, en la cual sostuvo que por más aberrantes que resulten los hechos, “no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad” (La Jornada, 22 de marzo de 2015). Tampoco ha hecho caso la PGR ni parece dispuesta a atender la recomendación de reclasificar como desaparición forzada los delitos imputados a los detenidos.
En aquel primer informe, muy significativamente, el grupo de expertos de la CIDH también advirtió que “todavía no tenemos una certeza de lo que ha pasado con el conjunto de los 43 normalistas”, lo que implicó un severo cuestionamiento a la versión oficial de que los jóvenes fueron asesinados, incinerados y arrojados al río de Cocula.
Antes que el grupo de la CIDH, el equipo de forenses argentinos había advertido que la investigación de la PGR está contaminada por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad, e incluso que busca evitar que tal verdad se conozca.
Estas noticias se produjeron a los seis y a los siete meses de ocurrido el ataque contra los estudiantes, lapso en el que el gobierno federal ha sido incapaz de disipar las serias dudas que se mantienen en torno a su versión, o de ofrecer respuestas satisfactorias a la demanda de justicia de los padres. El círculo vicioso e improductivo que ha creado la insensible actitud oficial tendría que haber sido roto por la intervención de la CIDH, pero por las respuestas ofrecidas a sus primeras recomendaciones, se puede anticipar que el gobierno de Enrique Peña Nieto está dispuesto a pagar el costo del descrédito internacional, antes que mover la posición que ha sostenido hasta ahora en este caso. Lo cual alimenta la suspicacia generalizada que provoca la versión oficial y da la razón a quienes dudan de que lo que dice el gobierno sea la verdad.
Como se ha dicho, la “verdad histórica” presentada por la PGR en noviembre, y ratificada en enero, tiene todas las características de haber sido fabricada con el objetivo de constreñir la realidad de los hechos a simples acciones de delincuencia y asesinato, aberrantes pero “aisladas”. Es imposible saber cuánto de lo que contiene esa versión oficial es verdad y cuánto mentira, pero las dudas que deja son tan grandes y profundas que le quitan toda verosimilitud.
A siete meses de la matanza y la desaparición de los jóvenes, el gobierno ha radicalizado su posición y no da muestras de estar dispuesto a rectificar y profundizar la investigación, ni las conclusiones de la PGR, ni a ampliar el foco de las responsabilidades, ni a correr el riesgo de que los militares resulten involucrados. Lo que pretende es cerrar el caso. Actitud que choca con el acuerdo institucional que permitió la presencia de los expertos de la CIDH, cuyas recomendaciones y resoluciones tendrían que ser de acatamiento obligatorio para el gobierno de Peña Nieto.
Es por ese motivo que la PGR se atrinchera en el discurso de que ha “realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho”, y festeja las 105 aprehensiones, las 25 averiguaciones previas, las 414 declaraciones ministeriales, los 510 dictámenes periciales y las órdenes de aprehensión aún pendientes de ejecutar, todo lo cual “demuestra el compromiso por sancionar de manera contundente estas conductas delictivas”.
El hecho de que los expertos de la CIDH no crean en la investigación de la PGR anticipa un conflicto, si al final el gobierno mexicano desoye el informe concluyente del grupo y pretende sostener contra viento y marea la verdad que ha fabricado. Es indudable que los enviados de la CIDH comparten las preguntas que la sociedad mexicana se ha hecho hasta ahora. Son las mismas preguntas de hace cuatro, cinco, seis meses. ¿En qué parte del mundo 43 jóvenes pueden ser detenidos por la policía y luego entregados a un grupo criminal, y éste trasladarlos a un basurero para matarlos y arrojarlos a una hoguera de grandes dimensiones, sin que se den cuenta otras fuerzas e instituciones de seguridad de las diversas que confluyen en una ciudad? ¿Qué ejército ciego era el que estaba esa noche en Iguala, que no se dio cuenta de cómo en sus narices los jóvenes eran llevados al sacrificio? ¿Dónde estaba la Policía Federal que no se dio cuenta de ese trasiego de seres humanos que duró horas? ¿Cómo pudieron los criminales ejecutar la incineración en medio del aguacero que cayó aquella madrugada en Cocula? ¿Por qué motivo o razón decidieron los sicarios incinerar los cadáveres, cuando están acostumbrados a abandonar los cuerpos o a enterrarlos en fosas clandestinas? ¿Con qué objetivo atacaron y mataron a los jóvenes?
El hermetismo y la intransigencia que ha mostrado el gobierno federal ante los dos informes preliminares presentados por el grupo de la CIDH, es una anticipación de la respuesta que asumirá una vez que concluya la misión de los expertos. Es previsible que utilice cualquier resquicio legaloide para desatender las recomendaciones, lo que significará un retroceso al autoritarismo que históricamente ha distinguido a los gobiernos del PRI.
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