Critican partidos los rezagos en derechos humanos

Legisladores de partidos de oposición coincidieron ayer en que México atraviesa por una situación delicada en materia de derechos humanos, por lo que llamaron a impulsar una nueva generación de reformas en la materia.
Durante el segundo foro-debate de partidos organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), subrayaron la necesidad de legislar sobre desaparición forzada, tortura, reparación del daño, trata de personas, justicia para adolescentes y autonomía de ministerios públicos, entre otros temas.
“El país vive una situación crítica, esto ha generado incluso un gran despertar de la sociedad que se ha sentido agraviada por casos tan dramáticos, tan dolorosos como Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán.
“(Hay) desaparición forzada de personas, homicidios múltiples que nunca son juzgados, cómo olvidar incluso aquella declaración del Relator Especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, que dijo que ésta, junto con los malos tratos, desgraciadamente eran generalizados en el País”, dijo Fernando Rodríguez Doval, diputado del PAN
Por el PT, la diputada Lilia Aguilar sostuvo que a pesar de la negación oficial, hay un Estado garantista sólo de dicho, por la violación sistemática a los derechos humanos
Propuso fortalecer a la CNDH, eliminar el arraigo y la geolocalización ministerial, garantizar la autonomía de la nueva Fiscalía General, fomentar la transparencia en el Poder Judicial y acelerar la aprobación de la ley sobre desaparición.
Martha Tagle, de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, dijo que México vive una crisis en derechos humanos derivada de factores como la “abrumadora” corrupción e impunidad.
Patricia Olamendi, candidata plurinominal de Nueva Alianza a la Asamblea Legislativa del DF, dijo que si bien ha habido un avance normativo, México sigue muy rezagado en la protección y cumplimiento de los derechos humanos.
La senadora Angélica de la Peña, del PRD, observó que dos de los principales retos en la materia son la armonización legislativa con la reforma constitucional de 2011 y sepultar el sistema penal inquisitorio. (Agencia Reforma / Ciudad de México).