Lanzan proyecto para impulsar nuevas políticas públicas en Guerrero sin partidos ni políticos

*Los guerrerenses no merecen una clase política “tan mediocre, tan perversa y tan corrupta” ni un gobierno estatal que incumple sus obligaciones, “necesitamos nuevos sentimientos de la nación que recojan esos aspiraciones de la ciudadanía”, plantea el investigador Humberto Santos Bautista

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Ante la vacío de propuestas de los candidatos y del gobierno para atender los problemas de Guerrero, académicos, consultores, luchadores sociales y organizaciones presentaron un documento que resume seis ejes de acción para que, desde la sociedad, se presione al estado para implementar nuevas políticas públicas, explica el investigador Humberto Santos Bautista.
El especialista detalló que la iniciativa surge del “terrible vacío de ideas y la frivolidad en los discursos políticos de los candidatos. Es decepcionante, pareciera que no pasa nada en Guerrero, que (los candidatos) están en otro país”.
Santos Bautista consideró que los guerrerenses no merecen una clase política “tan mediocre, tan perversa y tan corrupta” ni un gobierno estatal que incumple con sus obligaciones primarias hace muchos años, “necesitamos nuevos sentimientos de la nación que recojan esos aspiraciones de la ciudadanía”.
Con esta propuesta, los promotores pretenden armar un proyecto de Estado, con políticas que le den dirección a un movimiento social, porque “cualquier movimiento sin proyecto, es finalmente derrotado”, sentenció.
En conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), los activistas aclararon que la propuesta se da a conocer para mejorarla con la concurrencia de todos los sectores sociales, sin partidos ni candidatos y denominaron este movimiento Espacio Ciudadano por la Justicia y la Reconciliación para la Paz, la Democracia y el Desarrollo, que llevará foros a todas las regiones del estado.
Por su parte, el consultor en políticas públicas, Carlos Reyes Romero, dijo que en este esfuerzo participan la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), las últimas dos organizaciones confrontadas en este momento por su territorio de influencia.
También llamaron a los dos bloques de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), y del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que apoyan a los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa en la Asamblea Nacional Popular a sumarse a las propuestas.
Reyes Romero informó que ya se acercaron a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero ellos tienen la prioridad de buscar a sus hijos con vida y es entendible, subrayó.
Según el consultor cada movimiento tiene sus formas muy específicas de manejo y atención de problemas, y en este caso, quieren armar políticas públicas desde la sociedad, para presionar su implementación en el gobierno.
Además subrayó que no van llevar este planteamiento a los candidatos, “pero si las quieren tomar, que lo hagan como un planteamiento de la sociedad. Aquí presentamos lo que la sociedad quiere y te estamos conminando (político) a que lo hagas porque es objetivo, real y factible”.
En su oportunidad, el asesor en el Congreso local, Samuel Padilla, señaló que hay una política de acercamiento, “queremos alianza con los padres, pero también con sectores no convencionales” como la iglesia y los empresarios.
Por su parte, el especialista en derecho y cultura indígena, Marcos Matías Alonso, reconoció que pese a los objetivos comunes, en el grupo hay discrepancias por las formaciones distintas, militancias de partido, y de personas que no participan en al política de partidos y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo, pero sí en los acuerdos básicos de consenso para avanzar”.
Y ejemplificó que para él, el gobernador sustituto Rogelio Ortega y su secretario de gobierno David Cienfuegos son parte del problema en Guerrero porque no ha habido capacidad de darle gobernabilidad y paz social al estado, demostraron, sobre todo Rogelio, que la academia y política, en su caso, no se pudieron conjugar”.
Despúes, en su intervención, el director del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, Aurelio Vázquez Villanueva, recalcó que “no son electoreros ni clandestinos”, pero asumen un reto que “el gobierno del estado ni el movimiento social es capaz de plantear”.

Iguala, emblemático del Estado fallido

En el documento plantearon seis ejes, comenzando por el problema de inseguridad e impartición de justicia, y como referente, señalaron los crímenes del 26 de septiembre en Iguala, donde policías y sicarios asesinaron a 6 personas y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.
Reyes Romero señaló que “los acontecimientos de Iguala pusieron al descubierto lo que ya sabíamos,  que había colusión de políticos, jueces, funcionarios y la delincuencia en Guerrero y en todo el país.
Ante esto, se pronunciaron por “el esclarecimiento y castigo a los infractores, sean delincuentes comunes  o funcionarios corruptos u omisos, ya que sin una verdadera justicia es fácil volver a delinquir e imposible lograr la paz”.
Denunciaron que el gobierno federal no ha tenido capacidad ni seriedad ni voluntad para esclarecer y sancionar a los responsables y en la historia reciente de Guererro se percibe el vacío de poder, con un gobierno estatal “errático y ausente”.
Reyes Romero recordó que el Estado mexicano se conformó así, corrompido, pues desde la Segunda Guerra Mundial acordó con Estados Unidos la producción de mariguana y opio para generar morfinas para soldados estadunidense. Ahora, “hizo crisis en esos niveles de violencia que vivimos, son demasiado altos”.
Con sus propuestas, reivindican demandas sociales.
Entre estas reivindicaciones, pidieron que continúe la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se cree una fiscalía especializada para los asesinatos políticos y desapariciones forzadas, y la libertad inmediata de coordinadores, policías y líderes de la CRAC, en especial de la coordinadora de la Policía Comunitaria, Nestora Salgado García, así como del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Marcos Antonio Suastegui.
El segundo eje planteado es sobre derechos y cultura de los pueblos indígenas y afrodescendientes, para el pleno reconocimiento y respeto de sus derechos, y en este sentido consideraron conveniente fortalecer los sistemas de seguridad y justicia indígenas y ciudadanos.
La reforma Constitucional y política es otro eje articulador para que el gobierno del estado asuma la rectoría del territorio de Guerrero, sus recursos naturales y determinación en la política, afirmando soberanía e identidad como entidad; es decir, que sea un contrapeso real al enorme poder de la Federación que asume las decisiones en la entidad.
Reyes Romero denunció que la federación aplica políticas centralistas, visibles en el caso Iguala, donde muchos funcionarios han sido enviados directamente por el gobierno federal, como los dos últimos procuradores.
En este contexto, los activistas pidieron que se garanticen los derechos humanos como política de Estado, que se garanticen remuneraciones y prestaciones equitativas a trabajadores del Poder Judicial, en paro de labores hace un casi un mes, “y que los jueces de magistrados reciban salarios en la medianía y decoro republicano; lo justo no lo exorbitante”.
Asimismo reclamaron que el Poder legislativo tenga la capacidad de oriental y fiscalizar el gasto público.
Además, pugnaron por los derechos de las mujeres para incorporarlas a actividades y funciones de responsabilidad en todos los ámbitos de la vida económica social y política y relacionaron una serie de proyectos estratégicos de largo plazo, como la construcción del Puerto Balsas, un complejo urbano industrial complementario del puerto Lázaro Cárdenas, en Zacatula, municipio de la Unión, de Isidoro Montes de Oca, en el lado sur del delta del río Balsas, y la recuperación de los bosques de la Sierra y la Montaña de Guerrero, entre otros planes.
Además de los señalados arriba, participaron en la conferencia, Carlos Toledo Manzur, ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; el luchador social Ranferi Hernández Acevedo, y el universitario Carlos Rodríguez Gonzalez.