Usa Ortega a la UPOEG y a egresados para dividir al movimiento por Ayotzinapa, dice Vidulfo Rosales

*El gobernador tiene la instrucción del gobierno federal de “desmantelar a las organizaciones”, afirma el abogado de Tlachinollan, defensor de los padres de los 43 desaparecidos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra acusó al gobernador Rogelio Ortega Martínez y al ex procurador Jesús Murillo Karam de la revictimización que padecen los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, detenidos-desparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
Denunció que el gobernador usa a egresados de Ayotzinapa para cooptar y dividir al movimiento en torno a los padres de los desaparecidos, así como a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Aseguró que el comandante de la Policía Ciudadana de la UPOEG, Ernesto Gallardo Grande, citó a padres de los desaparecidos de Ayutla para obligarlos a firmar un documento donde dicen que están dispuestos a recibir dinero para una supuesta búsqueda.
Añadió que estas acciones son de fuerte impacto para los padres, ya que por todos los medios los están presionando para cooptarlos y separarlos del movimiento que exige la presentación con vida de sus hijos.
En consulta telefónica sobre la revictimización que señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosales precisó que Ortega no ofrece justicia ni verdad.
Afirmó que la instrucción que recibió del gobierno federal “es desmantelar a las organizaciones, desinflar totalmente al movimiento y para eso utiliza toda clase de recursos, principalmente el dinero”.
Opinó que en los seis meses que le restan del periodo de gobierno, Ortega no va a hacer nada por los problemas y las demandas sociales de las organizaciones que separó de la Asamblea Nacional Popular.
Un ejemplo es que “no ha movido un ápice” por la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). “Si tuviera voluntad, la primera señal sería el traslado a Guerrero de los que se encuentran en penales federales”.
Precisó que el traslado del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, del penal federal de Tepic, al de La Unión en Guerrero, fue por la ejecución de una sentencia de amparo que promovió Tlachinollan, no por la intervención del gobierno estatal.

La revictimización

En su segundo informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (creado por acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para participar en el caso de los 43 desaparecidos) pidió a las autoridades que investiguen a los funcionarios que han incurrido en la revictimización de los padres, “dado que generan confusión y un nuevo impacto psicológico en los familiares”.
Sus integrantes denunciaron que familiares de los jóvenes han sufrido “distintas formas de victimización secundaria y coacción” de funcionarios gubernamentales, y solicitaron a las autoridades federales una investigación de los hechos y castigo a los responsables.
Ayer el abogado Vidulfo Rosales detalló que “la revictimización significa que la víctima, lejos de encontrar el acceso a la justicia, es victimizada por la mismas instituciones que administran justicia… en los delitos de desaparición forzada empieza cuando rechazan la responsabilidad estatal en este delito”.
Aseguró que es recurrente que las autoridades se nieguen a investigar la desaparición forzada alegando que seguramente está con la novia, con otra mujer o con otro hombre, o el Ministerio Público (MP) se niega a aceptar las pruebas que ofrece la parte agraviada. “No aceptan su responsabilidad”.
En el caso de Iguala indicó que la revictimización de los padres de los estudiantes desaparecidos comenzó con las primeras trabas que pusieron los ministerios de Guerrero, que se negaban a aceptar a los peritos argentinos.
Recordó que el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero aceptó de inmediato y públicamente la participación del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses en las investigaciones, pero en los hechos se dilató su acreditación ante la Procuraduría estatal (ahora Fiscalía), que exigía forzosamente títulos universitarios de determinado tema para incluirlos en la averiguación previa, “si alguien decía que era genetista, querían título de genetista, pero el especialista era químico”, ejemplificó.
La segunda batalla fue por la toma de muestras de manera conjunta con los peritos argentinos, donde el MP tenía que dar fe de que se tomaba la prueba.
“Querían que los padres fueran en condiciones poco propicias, con todo el dolor a cuestas, en autobús, en masa a la entonces Procuraduría General del Estado, donde no hay instalaciones adecuadas para la toma de muestras”, recordó.
Durante dos semanas los abogados insistieron en que se habilitara al mayor número de agentes del MP para las tomas de muestras de ADN en la Normal Rural de Ayotzinapa en Tixtla.
En Ayotzinapa hubo otros problemas porque la Procuraduría sólo habilitó a tres agentes ministeriales para la toma de ADN, y no hubo tacto en el trato con los padres de familia, “algunos salieron llorando por el trato incorrecto, entendible por el exceso de trabajo que se realizó dos días continuos, pero no es justificable”.
Indicó que el trato cambió un poco cuando la investigación se trasladó a la Procuraduría General de la República (PGR), hasta que Murillo Karam difundió la tesis del basurero de Cocula, el 26 de enero.
Recordó que en ese momento hubo contradicciones muy duras con el procurador y se polarizaron las posiciones del gobierno y de los padres de familia, pero existía un acuerdo para que no presentaran ninguna información de las investigaciones, sin antes discutirlo con los padres de los desaparecidos.
Recordó que la tesis del basurero que da por muertos y quemados hasta las cenizas a todos los estudiantes desaparecidos, estaba sobre la mesa desde diciembre de 2014, pero el entonces procurador se mostraba respetuoso y compartía que mientras no hubiera pruebas científicas no había certeza de nada. “No tenía porqué asumir esa versión como la única para el esclarecimiento de los hechos”, recriminó.
Señaló que por una decisión política informó en medios nacionales lo que llamó “la verdad histórica” basada en la versión de tres detenidos, a pesar de que los padres le dijeron que generaría preocupación y zozobra en el núcleo familiar.
“No aceptó pero concedió omitir ciertas partes comprometedoras del video, de nombres y datos muy concretos sobre los estudiantes y el director de la Normal Rural que fueron vinculados a la banda delictiva de Los Rojos”, mencionó.
Se acordó que la información que tuviera la PGR y necesitara hacer pública, primero la informara a los padres, luego a los medios de comunicación, y eso no se respetó.
Indicó que las siguientes difusiones del caso generaron impactos irreversibles a los padres en términos de gran revictimización, que siguen sufriendo y les generan rencor y coraje, una adversión contra la PGR y principalmente contra Murillo Karam.
Añadió que el hecho de que la revictimización venga de altas esferas y se sostenga como verdad oficial y la avalen los medios de comunicación afines al gobierno federal, como una cosa juzgada, pretendía reducir la presión al gobierno federal, pero representa una negación expresa de la justicia para los padres.
El abogado explicó que en términos concretos, dijeron que ya no hay nada que investigar, que no se iban a abrir nuevas líneas de investigación, “es una sentencia inapelable, sin tomar en cuenta las dudas que señalaron padres y las irregularidades que señalaron los peritos argentinos”.