Tomás Tenorio Galindo

OTRO?PAÍS

*Jorge Camacho y Zeferino, grupo de poder

“El PRD prometió cambiar el estado y estamos peor… se pactó con criminales… El PRI se acabó el país, el PRD se acabó Guerrero”, dijo con voz engolada Jorge Camacho Peñaloza, candidato del PAN a gobernador de Guerrero, en el debate del miércoles 29.
Y esto es lo que escribió en un artículo publicado nueve días antes en estas páginas: “Ante los evidentes resultados de escaso desarrollo, pobreza generalizada, corrupción, tragedia y escándalo, se puede afirmar que el principal problema que tiene y ha tenido Guerrero es precisamente el de sus gobernantes, especialmente los que han ocupado el cargo de gobernador del estado, con excepción de Zeferino Torreblanca y de Alejandro Cervantes Delgado, han sido gobiernos que le han hecho mucho daño a Guerrero, escuela que en este proceso electoral amenaza con mantener bajo su dominio al estado, con los candidatos del PRI y del PRD, y continuar con su estela de desgobierno, tragedia y escándalo”. (El Sur, 20 de abril de 2015)
El PRD se acabó Guerrero, sostiene el candidato del PAN, pero Zeferino Torreblanca fue un gobernador excepcional en una secuencia de gobiernos que “han hecho mucho daño a Guerrero”. No parece reparar Camacho Peñaloza que hasta ahora el PRD ha gobernado diez años el estado, y que seis de esos diez años estuvieron a cargo del perredista Zeferino Torreblanca, de 2005 a 2011. ¿Cómo, entonces, pudo el contador Torreblanca Galindo ser un gobernador de excepción, de los mejores en la historia del estado, si se sigue la lógica de Camacho Peñaloza, y al mismo tiempo “acabarse” al estado?
Esa monumental contradicción en la que cayó el candidato del PAN, tiene su explicación en el hecho de que Zeferino Torreblanca fue su jefe, y políticamente lo sigue siendo ahora mismo, pues debe recordarse adicionalmente que Jorge Camacho formó parte del gobierno zeferinista, como director de Radio y Televisión de Guerrero, es decir, del gobierno perredista que ahora aborrece.
A pesar de que se presenta como ajeno a grupos y personajes del poder, de esos que tanto daño le han hecho a Guerrero, Jorge Camacho pertenece a un grupo de poder, y de los más funestos y que mayor daño han infligido al estado: el grupo de Zeferino Torreblanca.
A pesar de tener varias cuentas pendientes con la justicia, el grupo zeferinista se reinsertó en la política electoral, llevado de la mano por Jorge Camacho y el PAN. Zeferino Torreblanca es por eso candidato de ese partido a la presidencia municipal de Acapulco, y varios de sus más cercanos están registrados como candidatos plurinominales al Congreso del Estado, de los que tienen asegurado su lugar, y en la planilla porteña que encabeza el ex gobernador.
Quizás sea un ejercicio necio reclamarle congruencia a Jorge Camacho y al PAN, pues esas cosas son minucias para los intereses en juego, pero sin duda la reaparición de Zeferino Torreblanca como candidato del PAN, después de haber sido alcalde de Acapulco y gobernador por el PRD, es un ejemplo de lo que mueve a los grupos de poder.
Debe tenerse presente que el ex gobernador Zeferino Torreblanca está acusado de haber ordenado el asesinato de Armando Chavarría Barrera, como dio a conocer en agosto del año pasado este diario, y también de un desfalco de mil 300 millones de pesos cometido durante su sexenio en la Secretaría de Salud. Por ambos señalamientos ha comparecido en la Procuraduría General de Justicia y en la Contraloría General del Estado. ¿Puede ser simple casualidad que en el contexto de tales acusaciones, el PAN le ofrezca a Zeferino Torreblanca y su grupo la posibilidad de obtener fuero y acomodo en el Congreso local? ¿Es casualidad que el fortalecimiento del grupo zeferinista se dé en el momento en que está por crearse una fiscalía especial, para investigar el homicidio de Chavarría?
Así como Jorge Camacho decreta que Torreblanca fue un gobernador excepcional en el pantano de los dos gobiernos del PRD, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, emitió un sorprendente certificado que, pese a las muy serias acusaciones que pesan en su contra, convierte al ex gobernador en un modelo de moralidad.
“La autoridad moral la tiene Zeferino, Camacho, la tiene el Partido Acción Nacional, la autoridad moral la tenemos para solicitar el voto, y para buscar cambiar las cosas, estamos convencidos de que en Guerrero se necesita la ley, y no los juicios a través de los medios de comunicación”, dijo Madero el 25 de abril. ¿Autoridad moral con acusaciones como esas, y con un saldo sexenal resumido en la frase de Camacho, de que el PRD acabó con el estado?
Por lo demás, finge demencia Gustavo Madero, pues ningún medio ha formulado señalamiento alguno contra Zeferino Torreblanca, sino las investigaciones realizadas por la Procuraduría y por la Contraloría, vertidas en documentos oficiales. También fingió Camacho Peñaloza hace mes y medio –cuando la señora Martha Obeso, viuda de Chavarría, pidió al PAN revocar la candidatura de Torreblanca–, al recurrir al legalismo de que el ex gobernador es inocente del homicidio de Armando Chavarría “hasta que se le demuestre lo contrario”.
Además de otros objetivos, es evidente que el grupo de Zeferino Torreblanca no sólo busca el poder; también, y sobre todo, busca inmunidad e impunidad con el respaldo del PAN.

Narcotráfico y elecciones

El impresionante poderío mostrado por la delincuencia organizada en Jalisco el viernes pasado, puso de manifiesto dónde está el verdadero riesgo para las elecciones del 7 de junio y exhibió la fragilidad de las corporaciones de seguridad pública del país, el Ejército incluido, para impedir las ofensivas criminales. A lo largo de varias horas, el Cártel Jalisco Nueva Generación pudo realizar 39 bloqueos de carreteras en 25 municipios, incendiar vehículos y derribar un helicóptero militar. Las cosas son potencialmente igual de explosivas en Guerrero, donde un comando armado tuvo ya la osadía de interceptar y encañonar a la comitiva del candidato a gobernador del partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto; asesinar al candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, y acribillar a cuatro simpatizantes del Panal. Durante meses, las instituciones electorales y los gobiernos federal y estatal han satanizado la posición de los padres de los normalistas desaparecidos, contra la inutilidad de los comicios en las condiciones actuales de penetración del narcotráfico en los partidos políticos. En lugar de atender el fondo de la alerta de los padres, la reacción oficial fue estigmatizarlos, como si fueran ellos el problema y no la narcopolítica. Los hechos ocurridos en Jalisco y el asesinato del candidato priísta a la Presidencia Municipal de Chilapa son una prueba de que los padres tienen razón, al generar un debate sobre la influencia del crimen organizado en las elecciones, sobre la narcopolítica y sobre los posibles narcocandidatos.

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