El testigo del asesinato de Hernández Cardona busca refugio luego de que mataron a su hermano

*El sobreviviente de la masacre contra Unidad Popular “perdió contacto con la organización”, informa Década contra la Impunidad. El gobierno incumplió con las medidas cautelares que le dictó la CIDH, acusa Éricka Zamora

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI) denunció que el principal testigo de cargo contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, Nicolás Mendoza Villa, buscó resguardo por sus propios medios tras conocer del asesinato de su hermano Francisco, quien apareció con un disparo en el rostro y las orejas cortadas, el domingo en Chichihualco.
Representantes de la organización denunciaron que el crimen es un mensaje claro contra el activista que presenció el homicidio del luchador social Arturo Hernández Cardona, justo en el momento que la esposa del expresidente municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, también presa, recibió un amparo para reponer su proceso judicial.
Las defensoras Magdalena López Paulino y Érika Zamora recordaron que los esposos fueron detenidos después de los ataques de policías municipales a normalistas y otros civiles en Iguala, y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala.
Sin embargo, el alcalde fue llevado a prisión por secuestro agravado y el homicidio del líder de la Unión de Pueblos (UP), Arturo Hernández Cardona y tres de sus compañeros en 2013, bajo la causa penal 100/2014 en el juzgado quinto penal de Matamorros, Tamaulipas.
La pareja fue señalada por la Procuraduría General de la República (PGR) de liderar la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, que según la tesis oficial asesinaron y desaparecieron a los normalistas.
López Paulino recordó que Nicolás Mendoza es sobreviviente de los hechos donde fueron asesinados Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, y recibió medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el primero de diciembre de 2014.
La responsable del área de Derechos Humanos de la RSDCI, Érika Zamora responsabilizó al Estado “negligente” del homicidio de Francisco Mendoza Villa en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, porque no protegió a la familia de Nicolás.
Aseguró que incumplió en tiempo y forma las medidas cautelares de la CIDH para Nicolás Mendoza, que debían ajustarse a sus necesidades.
Añadió que por una serie de negligencias e incumplimientos de la Fiscalia General del Estado y de la PGR, son responsables tanto de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 septiembre de 2014, como del asesinato de Francisco Mendoza Villa.
De las medidas cautelares precisó que especifican protección para Nicolás, su esposa y sus hijos, sin embargo, la Red fue insistente en que se ampliara la protección a otros familiares, por el contexto de inseguridad que se vive en Guerrero. El tema no se ha discutido con la Secretaría de Gobernación.
López Paulino añadió que Nicolás Mendoza ha expresado su desconfianza en la protección del gobierno, a partir de las garantías que emitió la CIDH, porque a las víctimas más visibles del caso, la pareja y la hija Arturo Hernández Cardona, Sofía Mendoza Martínez y Sofía Martínez Mena, son limitadas y con retraso.
Hasta este momento, informó que Nicolás solo recibe las garantías que solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), muy reducidas, pero tras conocer el homicidio de su hermano notificó a la Red que buscaría un sitio seguro para él y su familia por sus propios medios.
Indicó que el testigo se siente vulnerado, “perdió contacto con la organización, no sabemos de él, en su su momento va a volver a contactarnos, se está resguardando solo”.
En octubre de 2014 salió la orden de aprehensión contra el exalcalde Abarca Velázquez, por secuestro agravado contra 11 activistas de la UP, y el homicidio de Arturo Hernández, quien de acuerdo con Mendoza Villa fue asesinado personalmente por el entonces presidente municipal de Iguala, de un disparo en la cabeza.
Lopez Paulino indicó que la defensa exige la reclasificación de los delitos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y precisó que el caso Ayotzinapa, aún en investigación, fue acumulado al expediente de los activistas de UP.