Se deslinda fabricante de la mala calidad de los uniformes entregados a los policías

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director de la empresa grupo industrial Vismar S.A. de CV, Mario Siller García deslindó a su empresa del uniforme de mala calidad que recibieron los elementos de la Policía Acreditable y de la Preventiva Estatal, luego de que el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Guillermo Jiménez Padilla, declaró el miércoles que esa empresa fue turnada a la Contraloría estatal para que determine si procede legalmente en su contra.

El alto ejecutivo de Vismar, con sede en el Distrito Federal, declaró ayer vía telefónica que desconocía que su empresa había sido puesta a disposición de la Contraloría y que se enteró por las declaraciones del secretario.

Sin embargo, agregó que personalmente acudiría a la dependencia estatal para hacer entrega de la documentación que comprueba que su empresa cumplió con todas las especificaciones que se establecieron en el contrato.

De las explicaciones del empresario se desprende que pudo haber sido otra la empresa que entregó los uniformes de mala calidad, pero de la cual el gobierno estatal no ha informado.

Y es que Siller García mencionó que el fondo de los señalamientos hacia Vismar es que al asesor jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública, Raúl García Hernández, estaba interesado en que ganara la licitación otra empresa, sin mencionar cual. Aclaró que en el caso de su empresa expidió una póliza de garantía que vence hasta noviembre.

Además de la entrevista vía telefónica, el empresario envió una carta a El Sur en la que explica detalles del procedimiento de selección de su empresa para la confección de los uniformes, la fecha de la licitación y los plazos de entrega del producto, con lo que evidencia que los uniformes de mala calidad que recibió la policía y que dio origen a las protestas en la corporación, no fueron los que entregó su empresa, sino que se le pretende culpar ahora como una venganza de García Hernández, por que no quedó la empresa que éste funcionario deseaba.

En su carta fechada el 21 de junio pasado, el director general de Vismar, informa que con fecha 14 de octubre del 2011, se publicó la convocatoria para licitar los uniformes de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado de Guerrero, dentro de la cual se requerían 3 mil 428 uniformes, integrados por camisola y pantalón.

Agrega que la junta de aclaraciones se realizó el 19 de octubre del año pasado y la presentación de ofertas se realizo el 28 de octubre del mismo año. Revela que el fallo correspondiente se emitió el 4 de noviembre del mismo 2011.

“Es importante señalar que al acto de aclaración de dudas se invitó al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado, específicamente al asesor jurídico Raúl García Hernández, para que definiera si existía algún cambio al requerimiento de uniformes, el cual no se presentó al evento, lo que implica su total acuerdo con los requerimientos solicitados en las bases”.

Informa en su escrito que la partida asociada a los 3 mil 428 uniformes fue ofertada por cuatro empresas; Ram Army y Asociados, S.A. de C.V.; Proyect Development, S.A. de C.V.; Ropa el Midas S.S. de C.V. y grupo industrial Vismar, S.A. de C.V.

“El contrato para la manufactura de las dos prendas que integraban el uniforme (camisola y pantalón) nos fueron adjudicadas por ofertar las mejores condiciones y por tener el precio mas bajo, proceso de adjudicación que fue llevado con total transparencia”, expresa en su documento.

Informa que el contrato respectivo fue firmado el 15 de noviembre de 2011, a partir de cuando se otorgaron 90 días para la entrega de dichos uniformes. Sin embargo menciona que no le proporcionaron las tallas respectivas ni la autorización del color de la tela (azul noche) por parte de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Civil del estado, “elementos básicos para iniciar la producción”.

Asegura que solicitó a la Secretaría, en múltiples ocasiones, que le definieran estos elementos,  específicamente  al asesor jurídico Raúl García Hernández, quien era la persona enlace, “al no obtener respuesta a nuestra petición, el 3 de febrero del 2012 se pidió una prórroga al contrato basado en que no se había proporcionado la información solicitada”.

Menciona que en esa misma fecha visitó personalmente a Raúl García Hernández, quien le manifestó que él tenia interés en que ganara otra empresa “dado que había trabajado con ellos por varios meses y le incomodaba que hubiésemos ganado por precio, por lo que nuevamente no nos entregó información alguna”.

Explica que el 7 de febrero del 2012 les concedieron la prorroga para entregar los uniformes, misma que vencía a los 60 días posteriores a esa fecha, “y ese mismo día se nos definió el color y las tallas de los uniformes, procediéndose a su fabricación inmediata, para dar cumplimiento al contrato que nos fue asignado”.

Fue así que, agrega, el 28 de marzo de 2012 se concluyó la entrega de los uniformes, “procediendo a su facturación correspondiente, y así dar por concluido el proceso de compra”.

Sin embargo, añade que el 11 de abril, el periódico El Sur publicó una nota en la que se quejaban los policías preventivos estatales que desde hace dos años no habían recibido su dotación de uniformes y tenían que comprarlo con su salario y que tampoco se les habían incrementado el salario que les ofreció la actual administración desde el año pasado. También que en la misma nota se informaba por parte de la Policía Acreditable que hasta hace unos días el (28 de febrero del 2012) les entregaron unos uniformes que no contaban con las características necesarias para el trabajo que desempeñaban.

“Ante este acontecimiento, con fecha 17 de abril, se redactó una acta circunstanciada en la cual las autoridades de Seguridad Publica, así como el área administrativa, el jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, y la empresa grupo industrial Vismar, firmaron diferentes acuerdos dentro de los cuales la empresa que represento se comprometió a entregar análisis de laboratorio que respaldaran la calidad de los uniformes entregados, así como, en su caso, remplazar por uniformes nuevos los que estuvieran dañados”.

Recuerda que el 27 de abril, incluso, la empresa Vismar, emitió una nota aclaratoria en la que informó que en atención a las quejas publicadas en los diarios de circulación local y nacional, asociadas a la calidad de los uniformes entregados, “se manifestó que la empresa que represento reconoce y asume la responsabilidad de cualquier defecto o vicio oculto de los uniformes que fabricamos y que por lo tanto los uniformes entregados al gobierno del estado de Guerrero y a cualquier otro cliente cuentan con una póliza de garantía de calidad tanto en materia prima como en la confección de los mismos”.

Expresa que en esa misma carta señaló que la Secretaría de Seguridad Pública no es la responsable de la calidad de los uniformes entregados por esta empresa “y que grupo industrial Vismar asume el compromiso de la calidad de los uniformes entregados y garantiza que en caso de tener los bienes algún vicio oculto o defecto se compromete a remplazarlos y entregarlos a satisfacción de la Secretaría”.

En las aclaraciones que el empresario mandó el jueves a El Sur, informa que, incluso, para dar cumplimiento “al punto anteriormente descrito”, la empresa que representa, a petición de la Secretaría, recogió del almacén de la misma, los uniformes entregados para efectuar una verificación exhaustiva de la calidad de la materia prima y la confección de los mismos.

Agrega que los mandó a analizar al laboratorio acreditado Nyce Laboratorios, para corroborar la calidad del producto entregado, “resultados que fueron satisfactorios”, sin embargo asegura que una vez obtenidos estos resultados “se procedió en nuestros talleres a dar una nueva revisión de calidad a los bienes y una vez aprobados estos, fueron enviados de nueva cuenta a los almacenes de esa Secretaría y los uniformes fueron recibidos sin problema alguno”.

Entrevistado ayer vía telefónica, el empresario informó que en esta revisión de los 3 mil 428 uniformes solamente 92 o 93 de ellos resultaron con algunos defectos, lo cual consideró normal, pero aseguró que estos fueron repuestos por su empresa.

Mario Siller García se dijo sorprendido del señalamiento que se le hace ahora a su empresa, pues aseguró que en 25 años que lleva diseñando uniformes para distintos gobiernos e instituciones del país, es la primera vez que enfrenta un problema de esta naturaleza.

Informó que ha trabajado con los gobiernos del Distrito Federal, del Estado de México, Tamaulipas y Nayarit. En el caso de Guerrero dijo que ha trabajado en el diseño de uniformes para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y también ha diseñado calzado para los policías estatales en administraciones anteriores.

Insistió que el fondo del asunto es que se prende responsabilizar a su empresa porque no era la que quería el director jurídico de la SSPPC, Raúl García Hernández.