Guerrero, primer lugar en recomendaciones por violación a los derechos humanos: ONU

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Jesús Peñaloza Palacios, dijo que Guerrero es uno de los estados en donde hay más riesgos para los defensores y defensoras de derechos humanos y que, por tanto, es la entidad que ocupa el primer lugar en cuanto a recomendaciones por esa causa.

Mientras tanto, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que las amenazas y agresiones a los defensores y defensoras, así como a periodistas no se investigan, lo cual genera un ambiente de impunidad para los agresores y permite que se sigan cometiendo.

Peñaloza Palacios y Barrera Hernández, junto con la directora del Instituto Guerrerense de los Derechos Humanos, Silvia Castillo y el secretario técnico de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Miguel Ángel Sebastián Ríos, participaron en la presentación del cuadernillo Comentarios a la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

La presentación del cuaderno fue en el restaurante Bugambilias, ubicado al sur de la ciudad, a donde acudieron principalmente periodistas y hubo escasa presencia de defensores de derechos humanos.

El representante de la OACNUDH, expuso que en estados como Guerrero, los defensores y defensoras sufren asesinatos, violaciones, hostigamientos, torturas, amenazas y persecuciones y que esta entidad ocupa el cuarto lugar en cuanto a persecuciones y el primer lugar en recomendaciones que emiten organismos internacionales al Estado mexicano, por esa causa.

Citó que las principales recomendaciones son, principalmente por ataques públicos de las autoridades a las defensoras y defensores; por los marcos jurídicos, para la promoción y protección de los derechos humanos de los defensores; así como por la lucha en contra de la impunidad y la intervención oportuna en caso de riesgo a los defensores.

Añadió que los principales agredidos en esta entidad son periodistas, defensores indígenas, sindicalistas, defensores de las comunidades, ambientalistas. Como casos concretos mencionó la desaparición de los dirigentes ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, quienes fueron levantados por un grupo armado la noche del 7 de diciembre, cuando viajaban con destino a la ciudad de México para realizar diversas gestiones y en el trayecto de Petatlán a Tecpán de Galeana, fueron bajados del autobús por el grupo armado.

También puso como ejemplo las amenazas que han padecido los miembros de Tlachinollan, concretamente su director jurídico, Vidulfo Rosales Sierra, quien desde hace un mes se encuentra en el exilio debido a que no existen garantías en el estado para él.

Citó de igual modo el encarcelamiento del líder de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Maximino García Catarino. Mientras que de los periodistas que han sufrido la represión mencionó el caso del periodista de El Sol de Acapulco asesinado, José Francisco Rodríguez.

No hay investigaciones serias: Tlachinollan

Por su parte, Abel Barrera Hernández, dijo que no existen investigaciones serias y responsables y, por tanto, tampoco resultados tangibles para dar con los responsables de las agresiones a los defensores y periodistas.

Informó que actualmente suman 14 denuncias por amenazas a defensores y que ninguna de ellas se ha investigado y mucho menos se ha dado con los responsables, “por eso es que las amenazas siguen”, dijo.

Agregó que por eso no es casual que haya sido asesinada en Acapulco Fabiola Osorio, defensora de los manglares, o la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista. Dijo que la falta de investigaciones en estos casos por parte del gobierno, “nos habla de la colusión que existe de parte de los aparatos de justicia con quienes agreden a los defensores”.

Entre los casos que permanecen en la impunidad, también citó las amenazas que sufrió Vidulfo Rosales, pues a pesar de que el gobierno estatal se comprometió a investigar y garantizar protección, en los hechos no ha cumplido “y hoy tiene que estar fuera del país para poder vivir tranquilo”.

Añadió que la misma situación vivieron los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel, quienes también tuvieron que salir del estado ante la falta de garantías de seguridad.

Barrera Hernández agregó ante esta situación en Guerrero se vive un ambiente “sombrío, adverso y peligroso para quienes defendemos a los pueblos pobres y marginados”, por lo que demandó investigaciones suficientes “porque queremos saber quienes son los que se empeñan en acabar a los defensores y defensoras”, dijo.

Después, Silvia Castillo dijo que si la situación es difícil para los defensores hombres, las mujeres son todavía más vulnerables y que esto debe obligar a romper con los estereotipos que han impuesto la cultura, la religión y el gobierno, y que en la protección debe darse prioridad a las defensoras.

A su vez, en representación del presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, el secretario técnico de ese organismo, Ángel Miguel Sebastián Ríos, admitió la grave situación de riesgo en que se encuentran los defensores y defensoras del estado. Y agregó que es necesario que las autoridades adopten las medidas que sean necesarias para disminuir la situación de riesgo en que se encuentran.

Celebra Tlachinollan ley de protección a defensores y periodistas

Por la tarde, en un comunicado, Tlachinollan celebró que la presentación del documento, haya coincidido con la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México por el Presidente Felipe Calderón.

Aunque antes, al medio día, durante la presentación del documento, Barrera Hernández expresó su desconfianza respecto a la efectividad de esta ley, pues dijo que se promulga al calor del proceso electoral, “y esperamos que por ello no nazca muerta”.

Y es que expresó que luego surgen organismos, como el Consejo Consultivo de Protección a los Defensores de Derechos Humanos de la Codehum, que se creó sin presupuesto, para que sus miembros realicen sus funciones.

Indicó que recientemente el gobernador anunció un millón de pesos para este Consejo pero que se trata de un recurso que se entrega de manera discrecional, puesto que no hay nada reglamentado con respecto a su financiamiento, lo que evidencia que no es prioridad para las autoridades.

En su mismo boletín la ONG recoge un pronunciamiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien saludó la promulgación de dicha Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e hizo un llamado a su implementación inmediata.

Y agrega que: “como Tlachinollan, nos mantendremos atentos de que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sea implementada a la brevedad y garantice la labor de quienes defienden y promueven los derechos humanos, pues hasta ahora las medidas provisionales han sido cumplidas con negligencias por el Estado mexicano”.

Otros pronunciamientos

Con respecto a esa misma ley promulgada ayer por el presidente Felipe Calderón también se manifestaron otros organismos civiles. En un comunicado, más de 50 organismos saludaron el nuevo ordenamiento legal y manifestaron que ahora la responsabilidad que tiene la Secretaría de Gobernación “es la instalación efectiva del mecanismo de protección en estricto apego a la Ley, con la participación de la sociedad civil y de las autoridades estatales para garantizar su efectividad”.

En su comunicado manifiestan que la nueva ley “permitirá la instalación de un mecanismo capaz de otorgar y adoptar medidas de prevención y protección inmediata para garantizar la seguridad e integridad de las defensoras y los defensores de derechos humanos así como de periodistas ubicados en cualquier región del país”.

Tras la promulgación de dicha ley exigieron a las autoridades investigar todas las amenazas y agresiones contra defensoras de derechos humanos y periodistas.