La Policía Estatal actuó especialmente para asesinar a los comunitarios, acusan en Juchitán

*Villar Castillo regresó a San Juan de los Llanos pero los agentes le impidieron el paso, vio a sus compañeros heridos y cuando regresó los encontró muertos, según un informe leído en una asamblea

Jacob Morales Antonio

Juchitán

En asamblea los integrantes de la Casa de Justicia de Juchitán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) dieron a conocer un informe de cómo fueron emboscados y abatidos seis policías comunitarios a manos de policías estatales en San Juan de los Llanos, en la salida de Ometepec, el 30 de abril, además se eligió un comité provisional que asumirá la responsabilidad que tenía el coordinador detenido Eliseo Villar Castillo.
Tras el ataque, dice el informe, Villar regresó al lugar de los hechos pero los policías estales le impidieron el paso, y acudió a pedir ayuda a la Casa de Justicia de Ajuchitán. Se informó que Villar indicó que vio a sus compañeros heridos, pero una vez que regresó los encontró muertos y destrozados de los rostros. Al lugar llegaron otros coordinadores entre ellos Adelaida Hernández que fue detenida por la policía.
“Eso significa que la operación de los policías estatales vino especialmente a asesinar a los policías comunitarios, porque somos un estorbo a la delincuencia organizada y el gobierno federal y el gobierno del estado los protege, pedimos como CRAC que sea investigado bien este caso”, informaron.
El encuentro en las instalaciones del auditorio municipal comenzó a las 4:00 de la tarde con unos cien vecinos del municipio, quienes por unanimidad en votación a mano alzada manifestaron su decisión de seguir con el sistema de seguridad ante la ineficiencia del gobierno. El nuevo comité está conformado por Cohimbre Soriano Martínez, Fructuoso Sánchez Cruz, Filemón Santacruz Marín Magallón y falta por designar a un cuarto.
Asistieron también el representante de la Casa de Justicia de Cochoapa, Cristóbal Morales y el de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) del municipio de Marquelia, Félix Pastrana.
En el encuentro se propuso cómo apoyar a las seis familias de los policías asesinados, pero por la poca asistencia se pospuso el tema.
Durante el acto de inicio el integrante de la Casa de Justicia Marín Magallón llamó a todas las organizaciones en el estado a que “nos olvidemos de ese orgullo de poder, debemos coordinarnos, si estamos con la misma finalidad que nos unamos”.
El integrantes de la UPOEG, Félix Pastrana abundó que urge la unidad y más decisión de las organizaciones porque “el gobierno nos ha tratado de aplastar, no sólo a la CRAC, sino a la UPOEG… desunidos nunca vamos a vencer”.
Marín Magallón dijo que con la detención de Villar Castillo entendió el plan del gobierno de desarticular las organizaciones que luchan en contra de la delincuencia y dan seguridad a las comunidades que han sido olvidadas, por ser pobres y campesinas.
Reconoció que la gente a quien han estado ayudando con el sistema de seguridad es la misma que ha puesto denuncis contra los representantes del sistema de seguridad.
“Ahora entiendo lo de Nestora, es la misma gente que estamos ayudando la que nos acusa. Eliseo traía acusaciones de la misma gente, porque Abad (García García coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán) empezó a decir que Eliseo ya no era nada”.
Abundó, “hemos sido atacados y estaban las órdenes escondidas -contra Eliseo y Adelaida- el gobierno nos quiere desarticular, que nos volvamos polvo está en manos de ustedes que la CRAC siga firme para aquellos que tienen sed y hambre de justicia”.
Reiteró que el sistema de seguridad que mantienen en 112 comunidades de Cuajinicuilapa, Marquelia, Ometepec, Xochistlahuaca, Juchitán y Ayutla que concentran las casas de justicia de Juchitán, Cochoapa, Zitlaltepec y El Paraíso, son reconocidas por la Ley 701.
El coordinador de Cochoapa, Morales Martínez dijo que el acto del jueves le recuerda la masacre de los estudiantes del 86 en Tlatelolco, de los años 70 en el estado, y la de los 43 estudiantes normalistas que sufrieron desaparición forzada en Iguala en septiembre pasado.
“Cómo es posible, el pueblo por no tener autoridad no alcanzamos respeto de los que hacen perversidades y maldades que se han protegido desde el seno de la presidencia de la República y el Estado, y los que recurrimos a la legalidad incurrimos en delitos”, subrayó.
“En base a ello tenemos la esperanza de que los gobiernos deben de mandar pero obedeciendo -al pueblo-, pero a nosotros no nos obedecen, nos hacen solamente obedecer y estamos condenados a pagar prerrogativas y cubrir los impuestos”, se quejó.  Dijo que el ataque que sufrieron sus compañeros fue “premeditado” y que “no fue un encuentro a balazos, fue una emboscada, un ataque con mucha ventaja como lo saben hacer -las autoridades- que quieren seguir alborotando al pueblo pacífico, al pueblo que les da de comer”.
Los presentes en la asamblea fueron informados de cómo sucedieron los hechos desde el inicio de la operación que se preparó por los comunitarios para la captura de los vendedores de mariguana, y cómo dieron con el ganadero Noé Marroquín Reyes que el reporte oficial del gobierno del estado indica que fue secuestrado.
El encargado del informe leyó un documento firmado por los representantes de la Casa de Justicia. Señala que la Policía Comunitaria de la guardia permanente de la casa de Juchitán, se trasladó a las 8 de la noche del 29 de abril a la comunidad de El Capulín Chocolate, Marquelia, para unas detenciones sorpresa, pero no logró ninguna.
El jueves 30 de abril a las 5:00 de la mañana, ocho integrantes salieron de la Casa de Justicia para ir a Cuajinicuilapa: los coordinadores Modesto Alberto Sánchez Cruz (muerto) y Villar Castillo (detenido) y los policías (todos muertos) Pascual Miel Bautista de El Aguacate, Juchitán; Bertín Villanueva Verónica, de Cuautepec; Fidencio Santiago Baltazar de Tejas Crudas, Cuajinicuilapa; Antonio Martínez Hernández de Ometepec, Éric Marbel Paniagua Bernal de El Faro, Cuajinicuilapa; y el único sobreviviente Rodolfo Bello Hernández.
En San Nicolás, Cuajinicuilapa, realizaron la primera detención de Leobardo Mendoza y Juan Cisneros Parral por posesión y venta de droga. Los detenidos después delataron a Silvestre Román Candela que fue detenido con su esposa en la comunidad de Comantepec, Cuajinicuilapa, quién les proporcionaba la droga. En su casa fueron hallados 200 kilogramos de mariguana y un automóvil tipo tsuru que era usado para la distribución.
Los detenidos fueron trasladados a la Casa de Justicia de Juchitán. A las 11 de la mañana de ese día, Román Candela señaló que Noé Marroquín Reyes era quien le proporcionaba la droga e informó que su domicilio estaba en Santa María La Asunción, Ometepec. La guardia comunitaria se trasladó a esa ciudad para detener al ganadero.
En Ometepec, Román Candela llamó por celular a Marroquín Reyes y lo citó cerca de un taller mecánico por el Tecnológico de Ometepec, donde fue detenido, y se le decomisó el carro Ford F-150 con redilas negras, de su propiedad.
Una vez detenido, los comunitarios se dirigieron a la Casa de Justicia de Juchitán en la RAM guinda de doble cabina y una camioneta blanca tipo Pickup, donde viajó Villar Castillo, el policía Bello Hernández y el detenido Román Candela, mismo que se adelantó unos 300 metros a los otros dos vehículos atacados.
En la RAM subieron cuatro policías comunitarios y el detenido Marroquín Reyes. En el carro de redilas viajaron otros dos policías comunitarios. A las 2 de la tarde en San Juan de los Llanos, policías estatales les dieron alcance y les dispararon, y estos repelieron la agresión. Ahí murieron 6 policías comunitarios y dos policías estatales.