Ninguna denuncia del INE contra organizaciones sociales avanza en la Fiscalía, se queja el vocal

*Informa Delgado Arroyo que el organismo ha presentado demandas por sustracción de vehículos y toma de oficinas por agrupaciones que apoyan al movimiento de Ayotzinapa. Pueden ir a la cárcel por delitos electorales los que obstaculicen los comicios, advierte

Karina Contreras

El vocal ejecutivo y presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado Arroyo, se quejó de que no ha avanzado  ninguna de las denuncias que ha presentado el organismo ante la Fiscalía General del Estado, como el robo de camionetas y retención de funcionarios en Tlapa por organizaciones que demandan la presentación de los 43 normalistas y que no haya elecciones, y pidió a la dependencia que “concrete las investigaciones y que no queden en un expediente más”.
En una conferencia de prensa en las oficinas del Distrito 04, ubicadas en la la Costera 125 de Acapulco, Delgado Arroyo indicó que han puesto una denuncia contra quien resulte responsable por el robo, el lunes pasado, de la camioneta del INE del distrito 01 con sede en Ciudad Altamirano, en la comunidad de Plan de Liebres, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), la cual no llevaba listas nominales y no llevaba documentación electoral.
Comentó que otra denuncia fue por lo sucedido en Tlapa, en referencia a la acción del 20 de enero de integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), quienes irrumpieron en la sesión del Consejo Distrital 05 y obligaron de ese modo a un diálogo en público para insistir a los consejeros que no permitirán las elecciones.
También se refirió al robo de dos camionetas y la toma de la oficina del Distrito 07 del INE en Chilpancingo, donde el 7 de enero maestros de la CETEG la destrozaron porque fue reabierta.
Durante la conferencia, Del-gado Arroyo exhortó a las autoridades responsables a que “concreten las investigaciones, que no sea un expediente más y que por supuesto ninguna de las denuncias que ha presentado el INE sea un expediente más porque no es la primera denuncia, hemos puesto muchas denuncias durante este proceso electoral”.
Indicó que el mismo día que les robaron la camioneta a personal del distrito 01 presentaron una denuncia contra quien resulte responsable.
“Ha habido varias denuncias que el INE ha presentado y que bueno, pedimos a las autoridades se proceda en consecuencia a lo que está señalado en la denuncia, se investigue y se lleve a la justicia a los responsables, como debe ocurrir con cualquiera delito y con cualquier persona”, dijo.
“No nos han informado que han procedido ni he tenido conocimiento al respecto”, se quejó el funcionario del INE.
Durante la conferencia de prensa, a Delgado Arroyo se le preguntó si hay focos rojos para que se lleve a cabo la instalación de casillas, por la violencia, y respondió que no, que hasta ahora no tienen en ningún sitio del estado donde se diga que no se van a instalar las casillas.
Dijo que solamente están estudiando el problema que tiene que tiene que ver con cuestiones limítrofes entre José Joaquín Herrera y Chilapa, la localidad de Ocotectomatitlán, pues hay un decreto del Congreso del estado de que esa comunidad se segrega de José Joaquín Herrera hacia Chilapa.
Indicó que esa situación ha hecho que no puedan hacer la cartográfica y “quisimos darle una atención especial a esa localidad generando una casilla extraordinaria, pero ahora los pobladores nos dicen que va a haber problemas si se instala, efectos de los resultados de votación de Chilapa; es el único problema real que tenemos, que ya ha sido tratado con la Secretaría General de Gobierno, el Congreso y las presidencias municipales de esos lugares”.
Indicó que en la mayor parte del estado hay condiciones para llevar a cabo las elecciones, pues el hecho de que se tengan ciudadanos nombrados como funcionarios de casillas, que se tengan todas las anuencias del lugares de ubicación de casillas “nos da certeza que las  condiciones están propias para la jornada electoral del 7 de junio”.
–¿Incluso Chilapa, a pesar de todo lo que ha pasado como el asesinato del candidato del PRI? –se le preguntó.
–Es que el silogismo de porque ocurre alga no hay condiciones es tanto como decir si ocurre un asesinato, pues no nos vamos alimentar, o sea la vida sigue. Por supuesto, tenemos que hacernos responsables de que hay situaciones de que deben corregirse en el estado, creo inclusive que las elecciones son una gran oportunidad para que los candidatos y candidatas hagan una reflexión profunda de lo que está sucediendo y qué medidas van a plantear para solucionar el problema y entonces los electores orienten el voto. Precisamente la discusión son cuáles son las medidas, de tratar de construir hacia adelante, no de plantear una situación de congelarnos o pasmarnos con lo que está sucediendo, eso no sirve de nada, la posición de no elecciones porque no hay condiciones es como congelar la situación, porque ni siquiera se está promoviendo una discusión de qué es lo que debemos de hacer, las elecciones son de decisión del pueblo, pronunciemos en las urnas, decir en las urnas cuál es el destino que queremos en el estado.
–¿Se dará vigilancia especial a Chilapa?
–Lo veremos, porque las circunstancias cambian de momento a momento, vaya, una semana el problema es Tlapa, otra es Tixtla, Chilpancingo y luego Chilapa, no sabemos cuáles vaya a ser la situación especifica el día de la jornada electoral, la situación cambia de momento a momento, y por supuesto habrá una atención particular a las situaciones que estén presentes.
Delgado Arroyo indicó que no es ajeno a que hay manifestaciones en contra de las elecciones, pero habría que clasificar el boicot con diferentes matices, uno es vía anulación del voto, el dos vía la abstención y está el boicot por la vía de la obstaculización o la amenaza de que no va a haber elecciones, pero este último “constituye un delito electoral, inclusive la amenaza podría generar condiciones no propias para el sufragio, constituye  un delito electoral”.
Añadió que esos “movimientos tienen que matizar su posición, tienen que respetar al resto de los ciudadanos porque si la vía del boicot, sea por la vía obstaculización de proceso electoral, se convertiría en un delito electoral que sería grave, porque podría ir a la cárcel y sanciones económicas, así lo marca el Artículo 6 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que dice que se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien –dice la fracción 4–  obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, escrutinio y cómputo o el adecuado ejercicio de la tarea de los electores”.