Cumplir su palabra de visitarlo en el penal y ordenar su liberación, pide Suástegui a Ortega

Mariana Labastida

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui Muñoz, recluido en el penal de La Unión, solicitó al gobernador Rogelio Ortega Martínez que cumpla su palabra y que lo visite para tener un diálogo “franco, director, serio, de respeto, sin presión ni chantajes”. Y su pronta liberación.
Suástegui Muñoz también pidió medidas cautelares para él dentro del penal, para su familia y para la comunera María de la Cruz Dorantes Zamora, quien, señaló, ha recibido amenazas por parte del empresario gravillero Humberto Marín Molina.
En una carta entregada en la redacción de El Sur, el vocero pide al gobernador que cumpla el compromiso que hizo con el pueblo de Guerrero de darle libertad a los presos políticos y lo visite “lo más pronto posible” en el penal de La Unión, donde ingresó el 31 de marzo.
En su discurso de toma de posesión, el domingo 26 de octubre, Rogelio Ortega se comprometió a promover la liberación de los luchadores sociales que fueron encarcelados en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, así también lo hizo el pasado 3 de marzo, cuando visitó la comunidad de Salsipuedes y firmó el convenio para la reconciliación de Cacahuatepec. Allí ofreció reunirse con el Poder Judicial para lograr la libertad del vocero y de la opositora María de la Cruz Dorantes.
En el texto enviado, Suástegui Muñoz indica que se encuentra recluido injustamente, por lo que quiere hablar personalmente con el gobernador para que “escuche de viva voz y pueda yo manifestarle que soy inocente”.
“Le quiero decir que no soy ningún delincuente, no soy una persona que haya causado daño a alguien, pero además le exijo mi pronta liberación, ya que las personas que están interesadas en que yo me encuentre preso están poniendo en riesgo mi integridad”, manifestó el opositor.
Explicó que “todos” saben lo que pasó en Guerrero durante la administración del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero. La encarcelación de líderes sociales, criminalización de la lucha social, así como la desaparición y asesinato de los luchadores sociales. Situación por la cual Suástegui Muñoz manifestó su preocupación.
Consideró prudente la reunión con el gobernador, sin intermediarios, sin chantajes, sin presión y con ella “poner un alto a este baño de sangre con el cual tienen cobijado a nuestro estado”.
Consideró que Guerrero no merece que a “sus hijos” les están quitando la vida o encarcelándolos.
Reiteró su solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa. “Todos nosotros, los que seguimos en la cárcel como Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y María de la Cruz Dorantes desde el rincón de nuestras celdas les estaremos apoyando incondicionalmente”.
Suástegui Muñoz reiteró al gobernador que espera tener una respuesta pronta a lo que consideró fue un acto de buena voluntad y de hombría cuando se comprometió a liberar a los luchadores sociales, incluido él. “Para que regrese la paz social, tranquilidad y justicia al estado”.
También solicitó medidas cautelares para su seguridad en el penal de La Unión y medidas preventivas para cuidar su familia.
El opositor reprochó que la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) no ha hecho nada y le ha negado protección desde antes de ser arrestado.
Señaló que esto es porque el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, “se encuentra coludido y bajo las órdenes del ex gobernador Aguirre Rivero”.
Expuso que teme que pueda pasar algo grave y lamentable, y solicitó protección para los integrantes del Cecop. “Estoy enterado de los han amenazado de muerte, particularmente a Julián Blanco, del ejido Los Huajes, así como a María de la Cruz, recluida en el penal de Acapulco, donde han ido hombres desconocidos enviados por Humberto Marín, dueño de la gravillera de Parotillas, a amenazarlos y advertirles lo que les va a pasar si siguen en la lucha contra la presa y las gravilleras”
María de la Cruz Zamora fue detenida el 5 de octubre por robo calificado en agravio del dueño de la gravillera Kimbar, Humberto Marín, a la cual entraron opositores a La Parota el 9 de abril a quitar cercas que delimitaban el terreno y abrieron la casa que se encuentra en la misma.