La “verdad histórica” de la PGR revictimizó a los padres de Ayotzinapa, afirma una especialista del centro Fundar

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Pese al desgaste y cansancio de siete meses de giras y manifestaciones para exigir a las autoridades la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos en Iguala, las acciones de protesta son positivas para los padres de las víctimas que ratifican su compromiso con sus hijos, señaló la especialista de Fundar Centro de Análisis e Investigación, Ximena Antillón Najilis.
La “verdad histórica” que difundió la Procuraduría General de la República (PGR) de los ataques contra los estudiantes en Iguala, revictimizó a los familiares porque se dio a conocer sin la sensibilidad de comunicarlo a los padres, y lo más grave, sin pruebas científicas contundentes, advirtió.
En consulta telefónica la sicóloga destacó que el movimiento también permitió la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para va a evitar la impunidad.
“Para ellos la movilización es muy positiva en dos sentidos, el apoyo ha permitido que haya presión sobre el caso y permitió que se hiciera una cosa de la que no hemos tenido una experiencia en México, la integración del Grupo Interdisciplinario de la CIDH, que ningún grupo u organización de desaparecidos ha logrado, y que permitirá el cierre a la puerta de la impunidad”, expuso.
Aseguró que sin los expertos independientes prevalecería la “verdad histórica” que presentó el 26 de enero el exprocurador Jesús Murillo Karam, de fuerte impacto en la sociedad por “el horror” que implica el presunto homicidio de 43 estudiantes que luego fueron reducidos a cenizas por un grupo de narcotraficantes en un basurero.
Subrayó que “los padres necesitan saber que están haciendo algo por sus familiares, y estas actividades les devuelven la imagen positiva del compromiso que tienen con sus hijos”.
Antillón Najilis informó que Fundar colabora con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en el acompañamiento a los familiares, en las consecuencias que implica la desaparición de un ser querido, tan recurrente en México.
“Se pasa por un proceso muy doloroso, caracterizado por esta incertidumbre y ambigüedad de lo que pudo pasar a su familiar. Los padres han estado muy movilizados, eso ha sido positivo porque les ha permitido tener apoyo de la sociedad, pero también es desgastante y cansado”, indicó.
Otra consecuencia es que los familiares se vuelcan a la búsqueda y abandonan su vida cotidiana, en el caso de la mayoría de los padres de Ayotzinapa, los campesinos dejaron sus siembras el año pasado y el resto de la familia se quedó en sus pueblos con la misma incertidumbre.
“Se separaron del resto de la familia para seguir en la movilización y la búsqueda, y en el tema de Ayotzinapa han sido muy golpeados por esta estigmatización”, advirtió.
Señaló que el término de ayotzinapos que usan de manera despectiva para referirse a los normalistas, implica impactos emocionales para los familiares.
De la difusión a nivel nacional de la PGR sobre lo que que llamó “la verdad histórica”, denunció que son “hechos evidentemente terribles por si mismos”. Aunado a la narración reforzaron la tesis con una serie de imágenes de declaraciones de los detenidos, que presentaron cómo fueron trasladados los estudiantes, “evidentemente esto tiene un impacto traumático y doloroso”.
“Tenemos que el Estado revictimiza a las familias al difundir una serie de supuestos hechos terribles, sin la sensibilidad de comunicarlo a los padres, y lo más grave, sin pruebas científicas contundentes. Ellos no van aceptar esa versión, pero fueron emocionalmente afectados”, afirmó.
Por otro lado explicó que la PGR difundió la versión que replicaron en cadena nacional por el clamor de la sociedad que exigía saber la verdad, y presentó información basada en declaraciones de detenidos, sin pruebas científicas para concluir el caso de manera convincente.
Pero también de forma deliberada para desmovilizar a la sociedad, relacionando a un grupo de estudiantes con una banda contraria del crimen organizado de la que opera en Iguala, donde fueron atacados por policías municipales.
Recordó que el relator de la ONU contra la tortura señaló que la tortura es una práctica generalizada en el país, y se puede pensar que los detenidos fueron obligados a sostener la tesis del Estado, para disminuir la presión social.
No obstante, reconoció que “por impacto del horror, sí lograron penetrar a la sociedad mexicana expuesta a un proceso de sensibilización. Si cada día vemos imágenes de ejecuciones, descabezados, es creíble esta versión”.
Sostuvo que esta serie de factores “ha calado y ha buscado desmovilizar y aislar a los padres, pero hay otro sector que sigue exigiendo justicia, en marchas y en otras acciones de solidaridad y de apoyo”.
Aclaró que la estrategia de criminzalizar y estigmatizar a los movimientos y luchadores no es nueva, “lo hemos visto desde la guerra sucia en Guerrero, en su momento decían a los familiares que los desaparecidos eran gavilleros, ladrones de ganado, para deslegitimar a las víctimas”.
Esa estrategia permite generar fracturas y divisiones, “se presentan esta serie de versiones o de hipótesis que no están necesariamente fundamentadas en un afán de aislar al movimiento que sale a las calles a exigir justicia”.
Señaló que la respuesta de los padres y estudiantes normalistas ha sido muy clara, que no iban a permitir que se criminalice a los estudiantes vinculándolos con la delincuencia, como un mecanismo que los exime de su responsabilidad de investigar.
Sostuvo que el movimiento social de los padres de los estudiantes desaparecidos, asesinados y heridos en los hechos del 26 de septiembre en Iguala, es contra la impunidad, para que las siguientes generaciones puedan vivir en un país donde no los desaparezcan.