Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Informe Abarca, izquierda adinerada

“Cuando el afán de adinerarse se mete adentro de la política, nos mata a la izquierda (…) El tema de tener plata para ser alguien puede ser una herramienta de progreso en el mundo del comercio, pero cuando se mete en la política estamos fritos”, dijo el miércoles de esta semana el ex presidente uruguayo José Mujica, un modelo de honradez personal y ética intelectual en América Latina.
El afán de adinerarse ha causado estragos en la izquierda mexicana, y en Guerrero pervirtió hasta la demolición una historia de combatividad inquebrantable. La imagen de un dirigente del PRD como David Jiménez Rumbo paseando por la avenida Costera de Acapulco en un Mercedes Benz convertible que cuesta hasta 2 millones de pesos, sintetiza la corrupción y la degradación moral experimentada por ese partido.
Ese profundo extravío se encuentra en el origen de la matanza y desaparición de estudiantes normalistas en Iguala, como lo demuestra el informe que dio a conocer la comisión creada por el PRD para investigar cómo fue llevado José Luis Abarca a la alcaldía de ese municipio a pesar de su perfil criminal.
El grupo encabezado por Pablo Gómez concluyó que Abarca fue designado candidato en 2012 con el apoyo principal y decisivo de la corriente Nueva Izquierda y con el conocimiento del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, de los nexos que sostenían los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde, con el grupo delincuencial Guerrero Unidos.
“José Luis Abarca no ganó la encuesta, sino los apoyos de los representantes de la mayoría de los grupos representados en la mesa de negociaciones”, explica el informe. “En concreto: Nueva Izquierda (NI-Coduc) y Alianza Democrática Nacional (ADN-Grupo Guerrero), como grupos locales ligados orgánicamente a otras expresiones, con la inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre, lo que dio el triunfo a Abarca a pesar de que la encuesta (interna) no le favorecía” frente al otro aspirante, Oscar Díaz Bello.
Estos son los nombres recogidos en el documento, de aquellos que decidieron la candidatura de Abarca en nombre de esas corrientes: Carlos Reyes, presidente estatal del PRD en esas fechas, Sebastián de la Rosa Peláez, Evodio Velázquez Aguirre, Víctor Aguirre Alcaide, David Jiménez Rumbo y Celestino Cesáreo. El único que se opuso hasta el final fue Aguirre Alcaide, y el que consiguió el voto del entonces gobernador Ángel Aguirre fue Lázaro Mazón, cuyo hermano quedó como suplente de Abarca, consigna la investigación.
En rigor el informe no dice nada que no se supiera o sospechara, pero su valor radica en que ofrece una confirmación oficial de la truculenta trama que se desarrolló dentro del PRD alrededor de Abarca y que tuvo un final trágico el 26 de septiembre. Las patologías que desfiguraron la razón de ser del PRD quedan expuestas en toda su crudeza en este insólito informe. No hay un solo gramo de honorabilidad en esta historia, y aunque el documento no lo dice (pero lo insinúa), el motor de todo fue el dinero en posesión de Abarca, dueño de la plaza Galerías Tamarindos y de numerosos negocios e inmuebles producto de sus vínculos con el narcotráfico. No se decidió así solamente la candidatura de Abarca a la alcaldía de Iguala; así es como se deciden las candidaturas en el PRD.
Plantea el documento que “cualesquiera que fueran las posibles respuestas a estas interrogantes o dudas respecto a la sucesión de decisiones que llevaron a José Luis Abarca a la presidencia municipal de Iguala, quedaría abierta la más inquietante de todas, la cual consiste en una posible intervención del grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos como factor en la candidatura de Abarca”. Y sugiere que la candidatura de Abarca pudo haber surgido como una petición del cártel Guerreros Unidos, y se entiende que la solicitud habría sido hecha al PRD, al grupo que tomó la decisión sobre la candidatura de Iguala.
Reconoce también lo que es de dominio público, que a través de la candidatura de Abarca se consumó “la captura del Estado por la delincuencia organizada”, y que la responsabilidad política del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero en el caso Ayotzinapa no ha sido esclarecida en forma alguna más allá de su voluntaria separación del cargo. Atribuye esa omisión al Congreso del estado, que “nunca ha abierto una investigación sobre los hechos en cuanto a la relación de éstos con alguna presunta responsabilidad política de los gobernantes de entonces. El único funcionario que aparece con responsabilidad es José Luis Abarca”, lo que “acusa una debilidad institucional en Guerrero, una atrofia constitucional, una irresponsabilidad del Poder Legislativo. Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, el asunto se encuentra abierto”.
Para situar el contexto del reproche de la comisión perredista al Congreso local, debe recordarse que el grupo dominante en el Poder Legislativo es el del PRD, en cuyas manos estuvo (y está) asumir la institucionalidad que el documento perredista echa de menos.
El informe Abarca exhibe lo que puede llegar a hacer una izquierda adinerada para satisfacer sus apetitos. Y aunque Zambrano calificó de sesgadas y tendenciosas las conclusiones a las que llegaron los perredistas comisionados para investigar el caso, es indiscutible que el resultado refleja y explica la crisis que destruyó a ese partido.
¿Y así pretende el PRD que los otros candidatos a la gubernatura de Guerrero declinen sus aspiraciones a favor de su candidata Beatriz Mojica?

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