Investiga la PGR el ataque de policías estatales a comunitarios en San Juan de los Llanos

Cuatro de los integrantes de la CRAC asesinados tenían el tiro de gracia en la cara, informa el hijo de Eliseo Villar. “Estamos esperando que nos digan ante qué autoridades está consignado, jurídicamente ya debería estar libre, pasaron ocho días y el periodo de arraigo es de 72 horas”, dice Edgar Villar respecto a su padre

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación sobre el homicidio de seis policías comunitarios de Juchitán presumiblemente por policías estatales en San juan de los Llanos el 30 de abril, y por las detenciones de sus coordinadores Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, informaron sus familiares.
El hijo de Eliseo Villar, Edgar Villar Castro explicó que a partir de una queja que presentaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la PGR abrió la averiguación previa, y que solicitaron protección a los testigos que van a declarar en este caso.
Pero su papá trasladado a una cárcel federal en Perote, Veracruz, su caso no ha sido consignado ante un juez y en ocho días de detención tampoco ha rendido su declaración preparatoria, pues no hay información jurídica de los delitos de que lo acusan y con ello se violenta el debido proceso.
En consulta telefónica denunció que también las aprehensiones fueron ilegales, porque fueron ejecutadas por soldados que llegaron a la escena de los hechos donde resultaron muertos seis comunitarios y dos policías estatales.
Antes estas violaciones informó que llevaron el caso al gobierno federal, porque les quieren fincar delitos sin reconocer que tanto Eliseo Villar y Adelaida Hernández que fue recluida en el penal de Las Cruces en Acapulco, representan a un sector de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Aunque los pueblos que están con otro bloque de la CRAC desconocieron en marzo de 2014 a los hoy detenidos como coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Villar Castro señaló que Villar Castillo y Hernández Nava se coordinan con las casas de Justicia de Zitlaltepec en el municipio de metaltonoc, de El Paraíso en Ayutla de los Libres, de Cochoapa en Ometepec y la de reciente creación en Juchitán.
Aseguró que cuentan con las actas de asambleas y las firmas de las comunidades que los respaldan, así como documentos de recepción de apoyos del gobierno del estado que avaló la representación de Villar Castillo como representante de la CRAC, durante el periodo de Ángel Aguirre Rivero.
Informó que entre las diligencias de los abogados solicitaron un amparo por desaparición forzada de Villar Castillo, para que la autoridades judiciales les notifiquen sobre su situación jurídica, pues de manera oficial nadie les dijo que fue trasladado a Veracruz, se enteraron a través de los medios de comunicación.
De la intervención del Ejército denunció que ocurrió cuando sucedieron los hechos en San Juan de los Llanos, municipio de Igualapa, a 15 minutos de la cabecera municipal de Ometepec.
Detalló que de acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, Villar iba en una camioneta civil con policías comunitarios, a unos 500 metros adelante del grupo que fue atacado por los policías estatales.
“Al oír las detonaciones retroceden, no llegando bien al lugar de los hechos por obvias razones, ven caer a dos de sus compañeros muertos a la carretera, otros heridos van a pedir apoyo, y al momento de regresar, la zona ya estaba tomaba por (policías) ministeriales, estatales y el Ejército”, relató.
Ahí encontraron “a cuatro policías comunitarios masacrados, con el tiro de gracia en la cara”, y las fotografías son parte del expediente que presentaron ante la CNDH y la PGR, porque no confían en el gobierno estatal que los llamó delincuentes, y mediante un comunicado dijo que se aplicaría todo el peso de la ley a los responsables de las muertes de los policías.
Sin embargo insistió en que fueron los policías estatales los que asesinaron a sangre fría a los comunitarios, “no son municipales, son estatales, y expusimos el caso ante la federación y ante Amnistía Internacional se pidió el reconocimiento como presos políticos”.
Subrayó que las acciones se Villar se fundamentan en la ley 701 del estado de Guerrero y el Artículo Segundo de la constitución sobre los pueblos originarios, “lo que estamos esperando es que nos digan ante qué autoridades está consignado, jurídicamente ya debería estar libre, pasaron ocho días y el periodo de arraigo es de 72 horas”.
Se quejó de que el gobernador Rogelio Ortega Martínez hable de la pacificación del estado, mientras policías estatales matan a comunitarios, “¿Con estos hechos quiere abonar a la paz?”.
Adelantó que buscan una mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado.
Demandó al gobernador que “si no ayuda que no estorbe, que no meta las manos en este caso”.
Aseguró que tienen pruebas de que el ganadero que presuntamente iban a rescatar los policías estatales de un secuestro cuando atacaron a los comunitarios, “es un narcotraficante”.
En cuanto a las denuncias de tortura y agresiones cometidas por Villar Castillo y su grupo contra consejeros y policías de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán señaló que ellos también detuvieron al cuñado de su papá, Wenceslao Sotelo, y lo llevaron a la Casa de Justicia en Espino Blanco.
Aseguró que tiene complicaciones de salud por problemas del corazón, con inflamaciones internas a causa de los golpes que ha recibido después de tres o cuatro meses de retención, y esta situación ocasionó un conflicto interno.
Reveló que por temor a que fallezca, la casa de Espino Blanco pidió que vayan por él, y ofrecieron a los familiares que le darán un permiso para que regrese a su casa para atenderse.