En ataque a normalistas hubo tortura, tentativa de homicidio, amenazas, y otros delitos dicen expertos

*En su tercer informe, el GIEI pide a la PGR que también estos delitos sean investigados adecuadamente. Bscan una entrevista con soldados del 27 Batallón de Infantería para completar sus investigaciones, informan. Solicitan  las autoridades que se interrogue a policías federales y ministeriales que estuvieron en escenarios del primer ataque a los estudiantes el 26 de septiembre

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Además de la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre, hubo tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, abuso de autoridad, uso inadecuado de la fuerza, lesiones y amenazas contra las víctimas y sobrevivientes en los ataques de policías municipales y sicarios contra civiles en Iguala, denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su tercer informe de trabajo transmitido en Internet, integrantes del grupo pidieron a las autoridades que también estos delitos sean investigados adecuadamente.
En conferencia de prensa en la ciudad de México reiteraron que el delito que se configura por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es desaparición forzada, no secuestro como lo clasificó la Procuraduría General de la República (PGR), además de los otros delitos y graves violaciones a los derechos humanos que se deben investigar.
Por ejemplo indicaron que hubo tortura en el caso del normalista Julio César Mondragón Fontes, cuyo rostro se encontró desollado la mañana siguiente de la agresión en Iguala, asimismo los sobrevivientes fueron heridos y amenazados.
Solicitaron a las autoridades que se entreviste a policías federales y ministeriales que estuvieron en algunos de los escenarios del primer ataque del 26 de septiembre.
Aclararon que siguen gestionando la entrevista que solicitaron hace un mes con soldados del 27 Batallón de Infantería son sede en Iguala, para completar sus investigaciones, fuera del ámbito judicial. Es decir, sin la intervención de la PGR.
El grupo creado como garantía de justicia y para la creación de medidas de no repetición, también pidió que se evite la fragmentación de la investigación, porque observaron “con preocupación” que existe dispersión en los procesos como en la consignación de personas vinculadas al caso.
Denunciaron que hay más de 13 causas penales en seis juzgados de diferentes estados de la república: en Matamoros, Tamaulipas; Iguala, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Toluca, Estado de México y Jalisco, y así los detenidos están en penales distintos a los juzgados que llevan sus casos.
Sugirieron que se unifique la investigación para que no se pierda la atención integral de los hechos, para que no se dificulte el encuentro entre los consignados con sus familiares y sus abogados, para acortar distancias y facilitar el acceso a las víctimas a la justicia, evitar situaciones de inseguridad, y asegurar adecuado acercamiento al proceso por parte de las víctimas.
Con este procedimiento se evitaría la pérdida de la evidencia para hechos conexos, tomando en cuenta el patrón de violencia, el contexto, la conexidad con los delitos cometidos, “clave para determinar responsabilidades y modus operandi” en los crímenes del 26 de septiembre, en Iguala.
Tras la revisión de los expedientes y sus propias investigaciones, determinaron que las autoridades municipales de Iguala “sabían que (esa noche) se trataba de estudiantes de la Normal Rural de Aytozinapa, que se encontraban en acciones boteo y toma de buses para sus actividades”.
Es decir, las autoridades sabían que los jóvenes no fueron a boicotear el informe de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa como presidenta del DIF, ni a confrontarse con el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, como se manejó en las tesis iniciales de la PGR.
Detallaron que analizaron el desarrollo de los hechos en más de 10 escenarios, y el GIEI tiene más conocimiento de los hechos relevantes, de los ataques y de los seis autobuses y vehículos particulares implicados.
Sin aventurar la posible responsabilidad del alcalde José Luis Abarca y su esposa en los hechos o en sus intensiones, indicaron que “del análisis se desprende que los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminó acto de la presidenta del DIF, y los ataques ocurrieron en otro lugar”.
En la atención a las víctimas informaron que del 3 al 5 de mayo de 2015 realizaron talleres con 60 familiares de normalistas heridos, desaparecidos y asesinados, tomaron testimonios y fortalecieron los lazos de confianza.
Con ellos analizaron los desafíos por el tiempo trascurrido, la falta de respuesta y los intentos de manipulación de terceros hacia los familiares que buscan respuesta sobre sus hijos. El tema se llevó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que abrió una averiguación para sancionar esas conductas.
También pidieron al gobierno federal un mapeo completo de las víctimas “que no se ha realizado a siete meses de lo hechos”.
En cuanto a las acciones de búsqueda informaron que el 5 de mayo hubo una reunión de un nutrido grupo de familiares con el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, y este se comprometió a continuar la búsqueda hasta que se tenga certeza del paradero de los normalistas desaparecidos.
Además de asegurar la adecuada información a los padres, para el seguimiento de la búsqueda con los familiares.
El GIEI insistió en que la investigación se realicen diligencias para completar la información del expediente, de acuerdo con los planteamientos que propusieron los expertos.
Llamaron la atención en la atención del normalista Aldo Gutiérrez, quien está en coma internado en la ciudad de México desde la agresión a balazos, y sus familiares, porque aún no han cumplido con el acuerdo de pedir una segunda opinión especializada sobre su estado de salud, como piden los padres.
También solicitaron una valoración médica para determinar necesidades de salud de sus familiares, y atención al normalista herido de bala Edgar Vargas y familiares, hasta su completo restablecimiento.