Dos comunitarios de Juchitán fueron ejecutados cuando estaban sometidos, revela sobreviviente

*Vio a dos de sus compañeros vivos después de la balacera, y en el Semefo uno tenía el tiro de gracia en la cabeza y otro estaba con el rostro amoratado y el ojo saltado por los golpes que recibió, relata sobre los ataques de policías estatales en San Juan de los Llanos. Pide la CNPA garantías de seguridad en la PGR para Fructuoso Sánchez, Eliseo Villar y Adelaida Hernández, pues temen por sus vidas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) denunció que hay recurrencia en la actuación del gobierno estatal contra la vida de ciudadanos organizados, pues un sobreviviente de los ataques de policías estatales a comunitarios el 30 de abril en el crucero de San Juan de los Llanos, reveló que dos de sus compañeros fueron ejecutados cuando ya estaban sometidos.
Ese día en las inmediaciones del municipio de Ometepec fueron muertos a balazos seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de Juchitán, y dos policías estatales en lo que el gobierno del estado llamó un enfrentamiento con “delincuentes” por el rescate de un ganadero secuestrado, al que los comunitarios señalan de ser narcotraficante.
Ayer en conferencia de prensa el sobreviviente, Fructuoso Sánchez Cruz dijo que los policías estatales rescataron a un narcotraficante de la zona porque cuatro de sus compañeros ni siquiera accionaron sus armas. Dos de los muertos sí dispararon contra los estatales.
Añadió que pudo ver que dos de sus compañeros estaban vivos después de la balacera, y uno de ellos alzó con ambas manos su escopeta, en señal de que entregaba su arma. Sin embargo en el Servicio México Forense uno tenía el tiro de gracia en la cabeza, y otro estaba con el rostro amoratado y el ojo saltado por los golpes que recibió.
El abogado de la CNPA, Héctor Muñoz Guzmán comparó este evento con la agresión de policías municipales contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala, pero ahora los delitos graves fueron cometidos por la Policías Estatal.
Ante esta recurrencia en la actuación de funcionarios públicos del estado, informó que pidieron garantías de seguridad en la Procuraduría General de la República (PGR), para Sánchez Cruz y los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Cruz, detenidos tras la agresión en San Juan de los Llanos, pues temen por sus vidas.
Sánchez Cruz señaló que no tiene confianza en las autoridades estatales, en ningún grupo policiaco ni en los militares. Recurrió a la Procuraduría General de la República por garantías de seguridad para los sobrevivientes, reparación del daño para las víctimas y atención a sus familiares, la libertad de los presos políticos y que los dejen trabajar por la seguridad de los pueblos.
En otro momento, vía telefónica, el abogado informó que también se reunieron con el fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, para pedirle el desistimiento de la acción penal contra Villar Castillo y Hernández Nava, el primero trasladado a una prisión federal en Perote, Veracruz, y la segunda internada en el penal de Las Cruces, en Acapulco, aún cuando los dos están acusados por los mismos delitos.
Explicó que la persecución contra la organización comunitaria responde a una acción política, y en este marco debe de ser atendida.
Asimismo dijo que solicitó a las autoridades estatales que en la reparación del daño se limpien los nombres de los fallecidos y los detenidos, porque el estado los llamó “delincuentes peligrosos” en distintos medios de comunicación.
Sin embargo, el fiscal pidió que entreguen la solicitud del desistimiento certificada para que les respondan de manera oficial mientras valoran el caso.

Las ejecuciones

En la mañana en conferencia de prensa, Fructuoso Sánchez Cruz también encargado de la Casa de Justicia de Juchitán, aseguró que tres de los dos policías comunitarios muertos en esa balacera fueron asesinados por policías estatales.
Detalló que observó que al menos dos de sus compañeros –entre ellos un hermano- estaban tirados en el piso, heridos, se movían, uno alzó su arma en señal de rendición. Él iba en otro vehículo a unos 400 metros de distancia con Eliseo Villar y regresaron tras las detonaciones.
Fueron por apoyo a la Casa de Justicia de Juchitán y cuando regresaron el lugar estaba sitiado por policías estatal, federales y soldados, éstos últimos detuvieron a sus compañeros de manera ilegal, porque no es parte de sus funciones.
Consideró que la agresión no puede llamarse un enfrentamiento como dijo el estado, “porque los policías comunitarios abatidos no accionaron sus armas. Dos que venían en la batea (sobre la caseta de la camioneta), sí dispararon y murieron dos estatales, pero a los que venían adentro los mataron salvajemente”.
“En los hechos del 30 de abril no tenemos confianza en ningún gobierno, ni policías, mataron a los compañeros por limpiar los males en el pueblo, con eso les pagaron los estatales”, se quejó.
Muñoz Guzmán explicó que la CRAC se dividió al interior en dos bloques principales: uno encabezado por Villar Castillo y el otro por Abad García García, en San Luis Acatlán.
Consideró que “algunos medios de comunicación” cayeron en la estrategia del estado de criminalizar a un grupo, “con el afán de romper la unidad entre los compañeros”.
Aclaró que la ley 701 de Reconocimientos, Derechos y Cultura Indígena arropa a todos los pueblos organizados, no sólo a un bloque, “ningún grupo pude decir yo soy CRAC y nadie más lo puede ser, no es figura única de la CRAC, ni única de Abad García que acusa a Eliseo de ser ilegal”.
Como organización, indicó que observaron la criminalización contra Villar Castillo cuando fue detenido en diciembre en un retén militar en Coyuca de Benítez, luego de participar en un foro de la CNPA.
Denunció que lo retuvieron ilegalmente en una gasolinería, sin una orden de aprehensión, en lugar de consignarlo de inmediato a una agencia de Ministerio Público, y cuando se exigió a los soldados que actuaran conforme a derecho, lo dejaron ir “nunca llamaron a la patrulla”.
Denunció que en San Juan de Llanos tras la balacera, las autoridades no llamaron a una ambulancia para la atención de los heridos, “es completamente grave, lo mismo pasó con los normalistas de Aytozinapa”.
También señaló que Eliseo Villar fue detenido por los mismos delitos que Adelaida Hernández, pero a él lo llevaron a un penal federal, violentando todas sus garantías. Por lo anterior recurrieron a la PGR, para solicitar la protección a las víctimas y exigir el deslinde de responsabilidades por la muerte de sus compañeros.