Benefician a desplazados, presos políticos y egresados de normales los 41 acuerdos del MPG y el gobierno

*Convienen el traslado de Nestora Salgado y de Gonzalo Molina de la CRAC a cárceles en el estado. La investigación del asesinato del maestro Claudio Castillo se menciona en otro de los puntos. También garantizar el pago de todas las plazas federales y estatales de los trabajadores de la educación

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

La minuta que firmaron el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y el gobierno estatal consiste en 41 acuerdos a los que ambas partes llegaron “de conformidad”, bajo el entendido de que el MPG continuará en la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
El sábado tras la firma de la minuta, en conferencia de prensa el gobernador Rogelio Ortega Martínez detalló que se trata de 42 puntos, los cuales fueron revisados por las dos partes sin pedir nada a cambio, sin embargo, según el documento del cual esta reportera tiene copia, se elaboró el 15 de abril pero se firmó el 9 de mayo con 41 acuerdos.
Del gobierno estatal firmaron el gobernador Rogelio Ortega, el secretario de Educación Salvador Martínez della Rocca y el secretario de Administración y Finanzas, Eliseo Moyao Morales; mientras que del MPG firmaron representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y de la Unión de Normalistas Egresados del Estado de Guerrero (UNEEG), entre otras organizaciones sociales.
En el primer acuerdo el gobierno estatal se comprometió a promover ante el Congreso del Estado una ley de amnistía que “coberture la libertad de los luchadores sociales en situación de privación de su libertad y bajo procesos judiciales por delitos imputados del orden común y del fuero federal, mientras el proceso se concreta en el Poder Legislativo”.
Las autoridades deberán de gestionar mecanismos que permitan el traslado de los presos políticos y de conciencia que se encuentran en penales de máxima seguridad fuera de Guerrero, a cárceles en el estado, como la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Tixtla, Gonzalo Molina González.
En el punto número dos se garantiza que se respetarán los derechos de las familias desplazadas de la comunidad La laguna, de Coyuca de Catalán, además de que se aportarán los recursos económicos “suficientes”, para la adquisición de los terrenos en los cuáles serán reubicadas, dentro de los cuales se incluyen los gastos de trámites.
El tercer punto señala que se pedirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación “pertinente y el debido deslinde de responsabilidades”, sobre el desalojo del 24 de febrero en Acapulco en el bulevar de Las Naciones, donde fue asesinado el maestro jubilado de 65 años, Claudio Castillo Peña.
En los puntos 4, 5 y 6 se garantiza el pago de todas las plazas federales y estatales de los trabajadores de la educación, por respeto a la relación laboral, así como la gestión respectiva para el pago de los salarios que aún no se incluyen en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone).
El gobierno estatal también se comprometió a gestionar la creación de un instrumento similar al Fone ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que se asegure el techo financiero para los trabajadores estatales, “con la intención de cerrar la brecha salarial y de prestaciones entre plazas estatales y federales”.
El séptimo es la revisión y promoción en su caso en el Congreso local, de una iniciativa de reforma y adición a la Ley 248 de los trabajadores al servicio del estado que garantice su pago permanente de sueldo.
Del Plan Flexible de Previsión Social, mejor conocido como PSS, se presentará la información “necesaria y suficiente” que guarda dicho programa y se solicitará su recuperación ante el gobierno federal, así como una auditoría, según los 8 y 9.
Los puntos 10, 11 y 12 dicen que los trabajadores tendrán derecho a saber cuáles son las empresas que tienen convenios de descuento a través de la nómina de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), podrán decidir la forma de pago que mejor les convenga y no podrán ser removidos de sus centros de trabajo o de las actividades que realizaban hasta antes del 15 de marzo de 2014, sin ser consultados de manera previa.
En los puntos 13 y 14 se establece que a los trabajadores que tengan plaza docente y desempeñen funciones “no comprendidas en la ley del servicio profesional docente”, no se les reducirá el salario cuando cambien de clave presupuestal administrativa, y si deciden realizar acciones fuera de la ley será bajo su consentimiento y la SEG generará oportunidades de adscripción.
En cumplimiento a la no aplicación retroactiva de la ley del servicio profesional docente “en perjuicio del trabajador”, la SEG respetará los perfiles bajo los cuales se contrató a los trabajadores y éstos serán regularizados bajo las especificaciones que señalan los puntos 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Tal y como lo expusieron los integrantes del MPG, el 70 por ciento de los acuerdos serán desahogados por la SEG, pues en los puntos siguientes del 21 hasta el 33 se incluyeron asuntos que le competen a la Dirección de Personal.
Del punto 34 al 37 se establecieron acuerdos con respecto a las demandas de los normalistas egresados de las normales públicas, como la modificación de las convocatorias de nuevo ingreso que se aplicaron a partir de este año y el compromiso de basificar las plazas administrativas que se entregaron a la UNEEG en septiembre del año pasado.
En el punto 38 se acordó que el gobierno entregará al Frente de Defensa Popular recursos económicos “suficientes” para la construcción de su edificio de gestoría, de acuerdo a un proyecto y presupuesto (no especificado) que los líderes de la organización presentaron ante las autoridades.
El punto 39, a petición de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (CETIG), dice que el gobierno se comprometió a resolver “satisfactoriamente” las demandas de entrega de concesiones, para lo cual se acordó establecer mesas de trabajo particulares.
En relación con el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), las autoridades se comprometieron a resolver los asesinatos de cinco miembros de esa organización, para lo cual convocarán a una reunión en conjunto con la Fiscalía, en la que se proporcione la información necesaria para resolver los casos.
Por último, el punto 41 establece que el gobierno se compromete a instalar las mesas de trabajo necesarias entre las autoridades correspondientes y las organizaciones sociales para tratar las especificaciones de cada uno de los acuerdos.