Aprueba el Congreso una reforma para proteger a víctimas de desaparición forzada

*Adoptó en la ley de la Comisión de los Derechos Humanos el concepto de la Convención Interamericana. Rechazan los diputados una copia simple enviada por el secretario de Gobierno de los acuerdos con el MPG

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, envió al Congreso local una copia simple de los acuerdos que firmaron el gobierno del estado y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), pero no fue recibida en esas condiciones, por lo que pidieron al gobernador Rogelio Ortega Martínez que instruya al funcionario para que envíe una copia certificada con las firmas.
El lunes durante la comparecencia del funcionario en el Congreso local, los diputados, principalmente los de Movimiento Ciudadano (MC), le insistieron en que diera a conocer todos los 41acuerdos (aunque según el documento enviado son 43) que el gobierno del estado firmó con el Movimiento Popular Guerrerense, y Cienfuegos Salgado informó que se los enviaría.
Ayer se notificó al pleno que llegó al Poder Legislativo una copia simple del documento, sin embargo la Comisión de Gobierno no quedó conforme con lo recibido, porque sus integrantes dijeron que no tienen garantía de que sea lo que firmaron, ya que es únicamente una copia simple.
Por eso ayer presentaron al pleno la propuesta de la Comisión de Gobierno y aprobaron un acuerdo parlamentario por el que exhortan al gobernador a que instruya al secretario General de Gobierno para que en un término de 48 horas les haga llegar una copia del documento firmado el 9 de mayo pasado.
Y que todos los funcionarios que acudieron a comparecer ante los diputados envíen al Congreso la documentación y datos que les solicitaron y en el momento de la comparecencia no llevaban o recordaban dicha información.
Por otra parte, el priista Jaime Ramírez Solís presentó una propuesta por el que el Congreso realizó un exhorto a la Semarnat, la Profepa, la Conafor, la Semaren, la Propeg, la PGR y los ayuntamientos para que se coordinen y elaboren un plan estratégico que eviten los incendios forestales.
También llegó al Congreso un oficio del secretario general del ayuntamiento de Acapulco, Francisco Javier Larequi Radilla, para solicitar que sea ratificada la entrada en funciones de Gabriel Ortiz Salgado, María Isabel Zapoteco Callejas, Antonio Galeana Ramos, Víctor Hugo Altamirano Martínez y Sergio Godínez Maldonado como primer síndico procurador y regidores, respectivamente.
La Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación notificó de la solicitud de la presidenta municipal de Juan R. Escudero, la panista Elizabeth Gutiérrez Paz, para que quede sin efecto la solicitud de licencia por tiempo indefinido que había presentado.
Ayer en una primera sesión, los diputados eligieron a los integrantes propietarios y suplentes que integrarán la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional del Congreso.
Ayer concluyó el segundo periodo ordinario, pero los diputados se esperaron hasta después de las 12 de la noche para instalar la Comisión Permanente que durará del 16 de mayo al 14 de junio.

Reforma sobre desaparición forzada

En la segunda sesión se aprobó la reforma a la ley número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del estado; el artículo 104 se considera la desaparición forzada según lo previsto en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas adoptada en la ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994, que fue firmada y ratificada por el Estado mexicano, prevé en su artículo primero el compromiso adoptado de los Estados partes a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, “ni aun en estado de emergencia, excepción y suspensión de garantías individuales, a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores de desaparición forzada de personas”, y tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial o de cualquier otra índole necesaria para cumplir con los compromisos asumidos en la aludida convención.
En el artículo segundo de la misma Convención se define el concepto de desaparición forzada de personas, refiriéndose a aquella como “privación de la libertad de una o más personas cometida por agentes del Estado, o por personas que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o la negativa de reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
En conclusión, se “pretende” adoptar una medida más amplia y protectora de las víctimas por desaparición forzada a través de la tutela no jurisdiccional, en razón al principio pro persona y principio de progresividad de los derechos humanos, por lo que la legislación federal y particularmente el marco jurídico del estado de Guerrero deben respetar los márgenes mínimos de protección establecidos en los tratados internacionales.
Se derogó la fracción cuarta del artículo 17 de dicha ley, por lo que se establece que la Codehum podrá intervenir en conflictos entre particulares, salvo cuando los actos u omisiones de éstos constituyan por sí mismos la violación de un derecho humano.
También se adicionaron disposiciones de la ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, municipios y organismos públicos coordinados y descentralizados y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos para que los trabajadores que inicien juicios laborales por despidos injustificados que ganen los juicios sólo puedan recibir salarios caídos por 12 meses.
Se adicionó el artículo 36 bis de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y se adicionó el quinto y sexto párrafo al artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, en su artículo 36 bis que establece que el trabajador podrá solicitar ante los órganos jurisdiccionales competentes, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.
En la segunda sesión del Congreso también se aprobó por unanimidad la iniciativa de ley para la prestación del servicio de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil que presentó la diputada Delfina Oliva Hernández.
Esto porque no existían normas o regulación alguna para las guarderías privadas; así como tampoco existe alguna regulación para revisar el buen funcionamiento de todas las guarderías, ya sean públicas, privadas o mixtas.
Oliva Hernández propuso que las guarderías de Guerrero cuenten con una regulación precisa y clara.
En la propuesta se considera necesario regular dentro del marco jurídico a las guarderías, para que éstas no se instalen en lugares peligrosos e insalubres, además de  asegurar la calidad de la atención, para alcanzar una operación integral más eficaz, así como para que cumplan con los requisitos legales.
A las 10:30 de la noche los diputados instalaron la Comisión Permanente con la asistencia de 11 de los 12 diputados que la integran y convocaron para sesionar el miércoles 20 de mayo.