Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

*Chilapa y las elecciones

Mientras el gobernador Rogelio Ortega da clases de mitología griega, Chilapa arde y el crimen organizado exhibe su capacidad para dislocar las elecciones del 7 de junio.
Al contrario de la pretensión del gobernador, quien insiste en que la violencia y el caos que se apoderaron de Chilapa son manifestaciones aisladas y por lo tanto se han “sobredimensionado”, los datos objetivos sugieren algo muy diferente.
La irrupción de un grupo de autodefensa armada en Chilapa el sábado pasado en reacción a la ola de violencia, la supresión de las autoridades municipales (ni siquiera se sabe dónde está el alcalde), y la tardía y desganada intervención policial del gobierno del estado, de la Gendarmería Nacional y del Ejército ofrecen un escenario grave por sí mismo y más grave porque refleja el poderío de la delincuencia organizada y la incapacidad del gobierno para hacerle frente. Poco cambia las cosas el hecho de que los 300 civiles armados se hayan retirado ayer a sus poblados, después de un acuerdo en el que las fuerzas oficiales se habrían comprometido a capturar al líder del cártel de Los Rojos, a quien la autodefensa buscaba e identifica como Zenén Nava, El Chaparro.
La violencia y la incertidumbre que cayó sobre Chilapa es la misma que ha estado presente de tiempo atrás en otras partes del estado, y como muestra de ello está la serie de secuestros ocurridos en la carretera Iguala-Teloloapan, a pesar de que allí se aplica el Operativo Tierra Caliente en el que participan miles de soldados y policías federales. (Y donde, por cierto, otra vez se confirma que hay de secuestrados a secuestrados, pues los cuatro plagiados de la semana pasada no han tenido aún la suerte de la candidata a diputada del PRD, Silvia Romero Suárez, que tras un día de cautiverio afortunadamente fue rescatada con sus acompañantes).
El amago armado sufrido en Chilapa hace quince días por el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Luis Walton Aburto, debió activar las alertas gubernamentales, pero eso no sucedió. El posterior asesinato del candidato del PRI a la Presidencia Municipal debió desatar una intervención enérgica del gobierno, y tampoco sucedió. El levantamiento de las 16 comunidades que integraron el cuerpo que llegó el sábado pasado y se posesionó de Chilapa durante una semana tampoco parece haber alarmado a las autoridades, pues el gobernador enfrentó la crisis con el desdeñoso discurso de que “Chilapa no es Guerrero”.
Pero sí lo es. Tres semanas antes de los comicios, la forma en que actúa el gobierno del estado frente a la violencia no es precisamente tranquilizadora. Lo que salta a la vista es que no hay un plan estatal y que lo más que hará Rogelio Ortega será pedir el auxilio del gobierno federal y orar para que no pase nada el 7 de junio. Sin embargo, tampoco tranquiliza la intervención federal, pues el Operativo Tierra Caliente desplegado después del ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no ha frenado la inseguridad en esa región. Y hablamos de la participación de más de diez mil efectivos militares.
Por desgracia, la retórica del gobernador se ha alejado por completo de las condiciones en que Guerrero se dirige a las elecciones y envía mensajes irreales. La realidad es que el crimen organizado amenaza los comicios, es posible que nuevamente haya penetrado la estructura de los partidos y sometido a candidatos, y entre tanto el gobierno se afana en un pacto de civilidad electoral que no sirve de nada. La única certeza en este momento es que no hay garantías de seguridad y tranquilidad el 7 de junio, y sobran las evidencias de que el gobierno estatal ha sido rebasado por las circunstancias. Claro, es preferible disertar sobre Sísifo que cargar la piedra.
Caso Aristegui-MVS
De acuerdo con los términos establecidos por el juez que el miércoles concedió una suspensión de amparo a Carmen Aristegui, la periodista y MVS Radio deberán reunirse en cualquier momento entre ayer jueves y el lunes próximo. El juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, dispuso también en su fallo que MVS debe pagar a Carmen Aristegui los honorarios que no le ha cubierto desde hace dos meses, cuando suspendió el contrato que regía la relación entre ambos, y continúe pagándole mientras emite un fallo definitivo.
La resolución señala que es para hacer que la empresa “cumpla los derechos fundamentales de audiencia, debido proceso y seguridad jurídica” de Carmen Aristegui. Advierte que eso no significa la reinstalación de la periodista al frente de su noticiero, sino sólo la apertura de pláticas entre las dos partes. El juez ordenó a la empresa apegarse al contrato y brindar a la periodista “la posibilidad de discutir, dialogar, conocer y presentar una defensa con respecto a las causas y razones del aviso de terminación” del mismo. En cierto modo, el amparo regresa las cosas al punto en el que estuvieron cuando MVS Radio comunicó su despido a Carmen Aristegui.
Según el contrato Aristegui-MVS, en aquel momento debió comenzar un proceso de negociación y arbitraje previsto en el documento, lo que no ocurrió porque la empresa se empeñó en cancelar unilateralmente su relación con la periodista, con lo que desconoció y violó el contrato. Lo ideal sería que Carmen Aristegui retomara su noticiero, pero al cabo de dos meses es ingenuo esperar que MVS modifique su decisión si detrás de este embate contra la libertad de expresión está la Presidencia de la República.

[email protected]