Resolvió el conflicto en Chilapa, asegura Ortega

* “Es él quien no ha estado en Chilapa, mi gobierno ahí ha estado”, responde el gobernador al alcalde priista Francisco Javier García

* Es una “absoluta mentira” que haya pretendido comprar con dinero a los padres de Ayotzinapa, dice
* Deja plantados David Cienfuegos a familiares de una docena de jóvenes presuntamente levantados por el grupo civil armado

* Tampoco llega a reunión con familiares de Nestora Salgado y Suástegui en Cacahuatepec

Afirma Ortega que ya resolvió el conflicto en
Chilapa; niega soborno a padres de Ayotzinapa

Rechaza que minimice el conflicto en ese municipio, como dijo el alcalde Francisco Javier García, y también que lo haya dejado plantado en la ciudad de México. Reconoce no obstante que se ha ayudado a padres de normalistas desaparecidos en Iguala porque “viven en una situación de precariedad económica terrible”

Karina Contreras

El gobernador Rogelio Ortega Martínez aseguró que el conflicto en Chilapa concluyó y que fue gracias a su gobierno. De las acusaciones del alcalde de ese municipio, Francisco Javier García González, de que no ha puesto atención al problema de inseguridad, afirmó que no es así. Asimismo, negó la acusación de que esté intentando sobornar a los padres de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos. “Es mentira”.
En conferencia de prensa en un salón del Forum Mundo Imperial, Ortega Martínez respondió a los señalamientos del alcalde, quien dijo que el gobernador evade, minimiza y no atiende el problema de la violencia. A esto el gobernador respondió que el problema de Chilapa está resuelto y “nosotros intervenimos desde el primer momento; el nuevo secretario de Seguridad pública municipal es un elemento de las policía del estado de Guerrero acordado con el Cabildo, en ausencia del presidente municipal”.
Agregó: “Es él quien no ha estado en Chilapa. Yo, mi gobierno ahí ha estado”.
Indicó que están garantizando la seguridad y se congratuló de que durante el tiempo que estuvieron los hombres armados en Chilapa no hubo pérdidas humanas, aunque la situación fue tensa.
Sobre los señalamientos de que lo dejó plantado dos veces en la ciudad de México, como Francisco Javier García declaró este viernes a El Sur, respondió que se deja plantado a alguien cuando “la persona te invita a un lugar y no llegas, en este lapso de tiempo yo le he llamado en dos ocasiones al presidente municipal. Yo fui el que le pedí que nos reuniéramos y no sé dónde está. Supe por rumores que estaba en la ciudad de México. Yo iba ir a la ciudad de México, y le plantee que nos reuniéramos allá porque le favorecía si estaba allá. Tampoco pude viajar y me disculpé”.
Informó que volvió a llamar al alcalde Francisco Javier García “para decirle que yo consideraba que era pertinente que todavía no se presentará en Chilapa, que el caso lo estábamos conduciendo nosotros correctamente en perfecta coordinación con las Policía Federal, Gendarmería y el Ejército”.
Insistió que sí ha intervenido en la situación de Chilapa, que ha participado y “ya se regresaron los comunitarios. Llegó un momento en que tuvimos que actuar deteniendo y desarmando, hasta ese nivel y entonces ahí hay un equívoco, una percepción errónea y por supuesto en situaciones delicadas como esta no ayuda el pleito entre autoridades”.
Ortega Martínez indicó que al contrario, “yo invito al alcalde para que valore si hay condiciones para que pueda regresar a Chilapa a continuar su gobierno con todo el apoyo del gobierno estatal en coordinación con las autoridades de todos los niveles”.
El gobernador recordó que el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) le entregó a él ayuntamiento y ahora el problema está resuelto.

Padres no deben andar destruyendo propaganda

Sobre el bloqueo en la Autopista del Sol por parte de los padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos en Iguala este jueves, dijo que están en su derecho de exigir, aunque “ya no son miles bloqueando”.
Dijo que los padres están colaborando en el proceso de indagatoria y “de la ruta de encontrar la verdad histórica y ellos están en su derecho de exigencia, incluso de reclamos a las autoridades y nadie puede quitarles ese derecho, pero el derecho de éstos terminan en donde empieza el derecho de otros”.
Agregó que los padres de los 43 no pueden quitar el derecho a votar ni el de libre tránsito. “Ellos no pueden andar arrancando y destruyendo propaganda, se ponen al margen de la ley, es delito y entonces mi llamado es a la sensatez a la prudencia y mesura, porque de parte nuestra la ha habido diálogo abierto, público, y tolerancia extrema”.
Ortega Martínez dijo que el reclamo por la presentación de sus hijos es muy sentido. “Yo he sido solidario con ellos, les he dicho de manera reiterada que me permitan acompañarlos en sus gestiones, en su duelo, en sus reclamo, porque yo he sido coadyuvante de buscar la verdad histórica de la tragedia de Iguala”.
Sobre la petición del padre de familia Emiliano Navarrete de que ya no mande gente con la intención de comprarlos, Ortega Martínez subrayó que es una “absoluta mentira y si alguien tiene una prueba que la aporte. Sería una canallada de cualquiera que quiera comprar con dinero o con bienes materiales el dolor de esa tragedia. Yo me he reunido por supuesto con muchos padres y madres, con familiares en secrecía porque ellos así lo han pedido y les he ayudado por convicción y obligación, porque creo que en una tragedia como esta todos tenemos que estar ahí con ellos”.
“Les he ayudado en lo que ellos me piden que les ayude y estoy dispuesto ha seguir haciéndolo. Conclusión, debe ser obligación de todo gobierno apoyarlos cuando se trata de familias que viven en una situación de precariedad económica terrible. Cualquier ayuda que del gobierno se le pueda proporcionar, no para que dejen de reclamar y buscar a sus hijos, sino para que ellos no se sientan en el desamparo y fundamental lo hemos hecho”.

Caso Nestora Salgado

Sobre el caso de la comandante de las Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, quien tiene nueve días en huelga de hambre en el penal de Tepic, dijo que ha apoyado, que ha sido solidario y que ésta tiene cuando menos cinco rutas.
Informó que una es la jurídica, otra los derechos de los pueblos originarios, porque ella encabezaba una policía comunitaria. La tercera, derechos humanos; cuarta solidaridad de género y cinco, “que es importante, y tiene que ver conmigo, que es la voluntad política y lo he demostrado y he sido solidario acompañante y coadyuvante con la familia de la señora Nestora”.
Informó que el lunes su esposa Rosa Icela Ojeda va acompañar a familiares al penal de Tepic para visitarla y ya no comentó más sobre el caso.

Planta David Cienfuegos a familiares de jóvenes levantados por civiles armados en Chilapa

Chilapa

Luis Daniel Nava

El secretario general de Gobierno David Cienfuegos Salgado dejó plantados a familiares de unos 12 jóvenes que, aseguran, fueron levantados por los civiles armados que ocuparon la cabecera municipal durante cinco días.
Ayer por la mañana, familiares de los jóvenes levantados y desaparecidos acudieron a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública municipal a una reunión a la que, dijeron, se comprometió a asistir el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, quien canceló por problemas de agenda.
Al encuentro sólo enviaron a funcionarios de rango menor, como el asesor jurídico del secretario particular del gobernador Rogelio Ortega, Rufino Guzmán; y el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Saúl Barrios Zagal; por el gobierno municipal se presentaron la segunda síndica, Jazmín Nava Sánchez, y el encargado de la Secretaria de Seguridad municipal, Juan Suástegui Epifanio.
Al terminó de la reunión, alrededor de la 1 de la tarde, los familiares informaron que los representantes del gobierno estatal les recomendaron ampliar su declaración ante la agencia del Ministerio Público del fueron común en Chilapa, para que ésta envíe un informe desglosado de los casos a la Procuraduría General de la República (PRG).
Como protesta simbólica, los familiares pegaron en el portón principal de la comandancia municipal fotografías de los jóvenes.
Exigieron que el gobernador intervenga en el caso y que les dé una respuesta clara de los jóvenes desaparecidos, de quienes, dicen, ya dieron a las autoridades ministeriales datos precisos de las forma en que fueron llevados por civiles armados que irrumpieron en la cabecera el 9 de mayo y salieron el jueves 14.
Por la tarde, los familiares se reunieron en el centro de la ciudad en espera de la instalación de una mesa de diálogo con Cienfuegos, quien no llegó.
Advirtieron que, en caso de que el funcionario no acuda personalmente a atenderlos, tomarán otras medidas.
Los jóvenes desaparecidos son Alexandro Nava Reyes de 21 años de edad, Jorge Luis Salmerón Hernández de 22, Arturo Gutiérrez Jaimes de 19, Jaime Eduardo Villanueva Altamirano de 32, Gilberto Abundis Sánchez de 30, los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas, de 23, 20 y 15 años, Jorge Jaimes Abarca de 18, Sergio Derramona Abarca de 25, Daniel Velázquez Romero de 23, y Carlos Emmanuel Meza Nava de 21 años de edad.

Sólo funcionarios menores van a reunión con familiares de Nestora y Suástegui

No asiste el secretario de Gobierno David Cienfuegos, quien se había comprometido como parte de los acuerdos con el Cecop y la CRAC para liberar el pozo de CAPAMA tomado simbólicamente

Jacob Morales Antonio

La Concepción, Acapulco

Familiares de la promotora de la policía comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado García, y del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, exigieron al gobierno del estado la cancelación de las demandas del fuero común, para su inmediata liberación, pues afirmaron que está en sus manos poder hacerlo.
El miércoles y jueves los comuneros y familiares de los presos mantuvieron un bloqueo simbólico en la entrada de las bombas de agua del comunidad de Salsipuedes para presionar a las autoridades para liberar a sus familiares. la protesta no afectó el bombeo de agua a Acapulco.
Al encuentro no llegó el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, quien un día antes se comprometió a acudir como parte de los acuerdos, y sólo llegaron el director del Instituto de la Defensoría Pública, Jesús Cár-denas Méndez, y el director general de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Fernández Peláez; además de cuatro abogados. Se acordó una reunión para el jueves por la mañana en la comunidad.
Ahí, el promotor de la Coordi-nadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Abad García García, demandó el desistimiento de las demandas contra el promotor de Ayutla, Arturo Campos Herrera y el de Tixtla, Gonzalo Molina González, presos en el penal del Altiplano. De los policías comunitarios Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García, Abad Francisco, Florentino García y Benito Morales, presos en Acapulco; y de Samuel Ramírez Gálvez, preso en la cárcel de Chilpancingo.
Por su parte, los comuneros de los bienes comunales de Cacahuatepec, exigieron al representante de la FGE la cancelación de 84 órdenes de aprehensión en contra de sus familiares, y denunciaron el acoso de la Policía Ministerial, que instala retenes ilegales en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para detenerlos.
Lo anterior, señalaron, los mantiene en sus comunidades sin poder salir a la ciudad a trabajar o a comprar la despensa. Afirmaron que viven con miedo, porque los ministeriales paran las camionetas de pasajeros y les piden sus credenciales, para poder verificar su estatus legal.
Alrededor de las 2 de la tarde, inició la reunión en la comandancia de la Policía Comunitaria en La Concepción. El sobrino de Nestora Salgado, Eder González Salgado, urgió al gobierno del estado su intervención, para que la promotora de la policía comunitaria sea trasladada al estado y puesta en libertad.
Afirmó que hay una violación a sus derechos y el procedimiento de su encarcelamiento continua con irregularidades. Recordó que en abril de 2014, un juez federal revocó el auto de formal prisión dictado por un juez de Nayarit contra ella, por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de secuestro, reiterando que su encarcelamiento en una cárcel federal viola sus derechos.
Recordaron que quienes interpusieron la denuncia no han ido a ratificarla, a pesar de los cinco citatorios que se han emitido por parte de la FGE, y de las presiones de la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quienes denunciaron a su tía.
Por su parte, el hermano de Suástegui Muñoz, Vicente, exigió su inmediata liberación, porque afirmó que el proceso en su contra fue manipulado, porque quienes deberían estar presos están libres y el gobierno los liberó.
Recordó que el conflicto derivó de la explotación desmedida de material pétreo del río Papagayo, por el propietario de la gravillera Kimbar, quien después puso una demanda penal contra su hermano. A quien acusó también de robar y vender materiales extraídos del inmueble, ubicado a las orillas del rió Papagayo, en La Concepción.
Sin embargo, la policía comunitaria detuvo a Ubaldo Bailón Valente, en flagrancia con el material, y quien afirmó que obtendría el perdón de Humberto Marín Molina, dueño de la gravillera, por tener años laborando con él, mismo que después se convirtió en testigo contra Suástegui, por el robo de material, cuando el primero es el culpable.
Indicó que fue entregado a las autoridades, con fotografías de las evidencia que lo implica en el robo de material, pero en el reporte de la ministerial sólo se indica que robó una batería del inmueble y el dueño echó la culpa a Marco Antonio Suástegui.
Afirmó que también se le acusó de un delito donde no participó, ni estuvo presente. El de una balacera del 4 de abril de 2014, donde resultaron heridos el comunero Lorenzo Ángel Lázaro y Teodora Valeriano Marcos, Juana Bailón Dorantes, Deyanira Bailón Valeriano y Domingo Bailón, en la comunidad Parotillas, cuando la Policía Ministerial detuvo a cinco hombres, tras una emboscada contra policías comunitarios.
Por la misma causa penal fue encarcelada también la comunera María de la Cruz Dorantes, por el delito de robo del que se le acusó a Suástegui Muñoz. La abogada de la comunera Esperanza Nava dijo a los funcionarios que el gobernador puede pedir la suspensión de las demandas, y con eso saldrían libres los policías comunitarios, presos por delitos del fuero común, porque indicó que en el caso de Suástegui Muñoz y su defendida, no tienen delitos federales.
Comuneros presentes reclamaron a los funcionarios la falta de seguimiento de los casos, porque en la reunión, los funcionarios pidieron conocer los números de expedientes de los casos de los policías presos, cuando se supone que hay un seguimiento del gobierno del estado de los casos de presos políticos, porque desde que entró al gobierno prometió liberarlos.
En su participación, el director general de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado, Fernández Peláez, se comprometió para que el jueves, junto con los cuatro abogados entregar un análisis de la situación de los presos, para saber como poder ayudarlos.
Lamentó que al encuentro no acudieran la defensa de los comunitarios, encabezada por Tlachinollan, porque afirmó que eso ayudaría a simplificar el análisis de los expedientes de los presos.
Al término del encuentro, los comuneros afirmaron que si no hay una respuesta inmediata por parte de las autoridades, y debido a la grave salud de Nestora Salgado, tomarán y cerrarán las bombas de agua que surten a Acapulco, ubicadas en la comunidad Salsipuedes, porque su salud esta en riesgo. Por su parte, la CRAC afirmó que no descartan iniciar bloqueos carreteros en los municipios donde tienen presencia.