Hace tres meses Tlachinollan planteó a Ortega tres vías para la libertad de los presos, revela Vidulfo

*El abogado cuestiona el acuerdo de La Concepción, de apenas ponerse a revisar una ruta jurídica, porque demuestra la falta de decisión política de Rogelio Ortega para resolver el problema

Jacob Morales Antonio

Ayutla

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Motaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, reveló que desde hace tres meses la organización entregó al gobierno del estado, por medio del asesor del gobernador Rogelio Ortega Martínez, y ex coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Pablo Guzmán Hernández, tres vías legales para la excarcelación de los presos del sistema comunitario y de los opositores a la presa La Parota.
En declaraciones luego de asistir a la conformación del Consejo Municipal Popular de Ayutla (CMPA) el abogado indicó que la organización no acudió a la reunión en la comunidad de La Concepción el viernes porque el gobierno trata de quedar bien con la familia para hacer quedar mal al grupo de abogados que defienden a los presos políticos en cárceles federales y del estado.
Reiteró que “el gobierno sigue con ambigüedades (porque se le han entregado tres propuestas)  con la visita a la cárcel a Marco Antonio Suástegui  se trata de echarnos a la familia en contra de nosotros, (el gobernador) no es una organización caritativa, su función no es de acompañamiento ni de asesoría, es de decisión política”.
Explicó que la primera vía es la del desistimiento de las acciones penales, que sería una decisión política del gobernador y de manera inmediata. La segunda que se ha demostrado es el desvanecimiento de los delitos y recordó que en abril pasado un juez federal dio un fallo a favor Nestora Salgado al considerar que el delito de secuestro del que se le acusa no procede.
Abundó que en este caso el juez federal consideró que las detenciones de las personas en Olinalá, fueron de acuerdo al sistema normativo por usos y costumbres reconocida por la Ley 701 y el Convenio 169 de la OIT y no un secuestro porque no se lucró ni se exigió un rescate a cambio de la libertad, sin embargo expresó que si hubo exceso que se aplique la ley pero conforme a derecho.
La tercera vía es la apelación. Agregó que estas dos últimas vías tardarían de tres a cuatro meses e informó que los promotores de la CRAC Gonzalo Molina, Arturo Campos, y Nestora Salgado cuentan con este procedimiento que es tardado y sería exponer más la salud de Nestora Salgado que cumple 13 días en huelga de hambre.
Indicó que los abogados de Tlachinollan no acudirán a la reunión programada para el jueves en La Concepción “nos molesta que ya teniendo esas rutas nos vayamos a sentar a La Concepción para discutir una ruta jurídica, cuando ya le dimos tres. La voluntad se debe de mostrar con hechos, la voluntad debería reflejarse porque se le dieron documentos.
Vidulfo Rosales reveló que los abogados le plantearon al asesor del gobernador que se analizaran las tres vías para que vieran cuál es la más viable. “Le entregamos esos documentos para que lo hiciera llegar al gobernador, a menos que no lo hiciera llegar”.
Que el gobernador “se deje de ser dama de caridad y que asuma como jefe de gobierno. Hay una sentencia y una resolución donde se reconoce que no fue un secuestro”, dijo Vidulfo Rosales.
El abogado preguntó “a qué le teme Rogelio Ortega en poner en libertad a los compañeros”. Lamentó que existan representantes de la sociedad civil como la presidenta de Alto al Secuestro Isabel Miranda de Wallace, que presionan a las autoridades y familias de los acusados para que los promotores de la CRAC sigan en la cárcel, cuando no fue un secuestro lo que realizaron.
“Coincidimos en que estamos en contra del secuestro, pero el sistema comunitario no secuestra, son luchadores sociales que abanderan causas –afirmó– yo no sé qué miedo tiene Rogelio Ortega en poner en libertad a los compañeros si los procesos en que se dieron las detenciones son claros”, reiteró.
En el gobierno del defenestrado Àngel Aguirre Rivero, fueron encarcelados, la promotora de la CRAC en Olinalá Nestora Salgado, además de los promotores Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González, presos en el penal del Altiplano. También los policías comunitarios Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García, Abad Francisco, Florentino García y Benito Morales, presos en Acapulco, y Samuel Ramírez Gálvez, preso en la cárcel de Chilpancingo.
Además de los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui y María de la Cruz Dorantes.