Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

* Nestora Salgado, casi dos años de infamia

La vida florece o se marchita según la suerte de cada quien, pero en la cárcel no hay opción: sólo se marchita. Los casi dos años que Nestora Salgado lleva recluida injustamente y sometida a tratos crueles en el penal de Tepic, han producido esa consecuencia en su salud física y emocional. Profundiza su deterioro el hecho de que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá se encuentre en esa condición por la perfidia de un sistema político y de algunos gobernantes que usan y manipulan la ley para castigar la inconformidad social.
Hoy cumple doce días en huelga de hambre Nestora Salgado, llevada a esa protesta extrema por su exasperación ante la insensibilidad y cerrazón de un juez y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que se empecinan en mantenerla prisionera contra el sentido común y la razón jurídica (con la complacencia del gobierno federal, o por sus dictados).
Ha sido demostrado legalmente y sin la menor duda que Nestora Salgado no cometió ningún delito de los que se le adjudican y que su actividad como coordinadora de la Policía Comunitaria la realizaba al amparo de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, pero a pesar de todo ello sigue encarcelada y aislada de su familia, de sus abogados y de la sociedad.
Para mostrar la aberración que supone la permanencia de Nestora Salgado en la prisión debe recordarse que un juez del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcántara, descartó en marzo de 2014 las acusaciones federales por secuestro y delincuencia organizada que le levantó la Procuraduría General de la República, y determinó que la coordinadora comunitaria actuó conforme a las facultades establecidas en la Ley 701 al realizar las detenciones cuyos casos fueron manipulados por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero para presentarla como “secuestradora”.
Hemos reproducido aquí con anterioridad, y lo haremos nuevamente, las palabras usadas por el juez Arroyo Alcántara al desechar los cargos: “Se advierte que se alude a las expresiones detenciones, presos, casas de justicia de la Policía Comunitaria, trabajos comunitarios, en cierta forma a fianzas (sin que para ello se aluda a pagos de rescate), a comandantes y a coordinadores; lo que denota que sin duda alguna así se llevaron las privaciones de libertad en perjuicio de los denunciantes, empero es cierto también que éstas fueron motivos de actos de autoridad”. (El Universal, 17 de enero de 2015).
El juez Arroyo Alcántara ordenó la liberación de Nestora Salgado, pero la dirigente social siguió en la cárcel porque en el ámbito estatal las autoridades judiciales no aplicaron el criterio del juez federal, que rigurosamente es el único que podía ser empleado para procesar las acusaciones, y en cambio siguieron los lineamientos políticos que en su momento arguyó el ex gobernador Aguirre Rivero para justificar el encarcelamiento. Debe recordarse que, en un acto ilegal, Aguirre Rivero y el entonces procurador Iñaky Blanco Cabrera dijeron en agosto de 2013 que la Policía Comunitaria de Olinalá no pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y, por lo tanto, se trataba de un grupo armado al margen de la ley. Acusada de secuestro, y desprovista del amparo de la Ley 701, Nestora Salgado quedó a merced de la Procuraduría General de Justicia del estado. Y ahora lo está, con los mismos argumentos y la misma arbitrariedad, de la Fiscalía General del Estado.
El sometimiento de Nestora Salgado es una de las grandes acciones autoritarias cometidas por Ángel Aguirre, que de esa manera utilizó el poder para consumar una venganza contra una líder social que rompía el control que el ex gobernador se empeñó en imponer sobre la Policía Comunitaria. Fue él quien la mandó al penal de Nayarit y quien gestionó el régimen carcelario de aislamiento que persiste hasta la fecha.
En enero pasado, cuando el gobernador Rogelio Ortega anunció que pediría al fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz desistirse de las acusaciones para obtener la liberación de Nestora Salgado, los dirigentes de las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, cercanos y con ascendencia sobre el gobierno federal, se pronunciaron públicamente en contra de esa posibilidad. Y lograron frenar la iniciativa, pues quizás por una directriz proveniente de la PGR, el fiscal Godínez Muñoz informó el 29 de enero que no pondría en práctica tal desistimiento.
La Fiscalía dijo entonces en un comunicado que “esta conclusión se tomó conforme a un análisis minucioso, estrictamente jurídico, de acuerdo a todas y cada una de las actuaciones que estructuran los procedimientos de carácter penal que tiene instaurados la procesada”, lo que fue una flagrante mentira. El fiscal Godínez mantuvo la línea impuesta por Aguirre Rivero e Iñaky Blanco y, contra el criterio del juez Arroyo Alcántara, sostuvo la aberración jurídica de que las detenciones realizadas por la Policía Comunitaria de Olinalá eran “secuestros”. Es decir, con toda desfachatez el nuevo fiscal de Guerrero también desconoció la Ley 701.
Cuando la Fiscalía del estado emitió su postura el 29 de enero, se había producido ya otro antecedente jurídico en respaldo a la liberación de Nestora Salgado, pues el Juzgado Octavo de Distrito de Guerrero y también el Segundo Tribunal Unitario de Acapulco emitieron el 22 de enero una resolución de rechazo a librar otra orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y secuestro, que la PGR había solicitado nuevamente. Más aún: en su sentencia definitiva, el tribunal consideró un “hecho notorio” que Nestora Salgado es ajena a los delitos que se le imputan, y recordó la resolución previa a su favor emitida por el Primer Tribunal Unitario.
Como nos permitimos preguntar aquí el 2 de febrero ¿cuál puede ser la fortaleza jurídica de la posición de la Fiscalía del estado, si ignora las resoluciones que en lo que se refiere a los cargos federales han desechado una y otra vez los jueces para los mismos delitos? ¿Dónde está el Estado de derecho para Nestora Salgado?
Visto el desaseo y la arbitrariedad jurídica que rodean el caso de Nestora Salgado, la explicación de su encierro debe buscarse en las motivaciones políticas que eran ya evidentes desde su detención. Se trata de un acto represivo.
Se supone que este día el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, encabezará una reunión con representantes del penal de Nayarit y del gobierno de Guerrero para analizar las condiciones de salud de Nestora Salgado después de once días de ayuno. Sólo eso, pues no se estudiará ahí la demanda de que sea liberada, o trasladada a un penal de la ciudad de México para aliviar la infamia a la que está sometida en la cárcel de Tepic. Es algo, pero lo único que restablecerá el orden jurídico, el Estado de derecho y la justicia es su liberación inmediata.

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