Eduardo Pérez Haro

De elecciones y política  para el cambio democrático (5)

Para Abraham López Gutiérrez.

Las elecciones, en principio, responden a la necesidad de renovar la representación popular con la cual se revisan las normas de la convivencia ciudadana y el ejercicio de gobierno al servicio del interés general, y se adecuan derechos y deberes de tal forma, que una representación auténtica asegura el orden y la justicia con respeto al derecho individual y colectivo, etcétera. En la coyuntura actual, se nos convoca por parte del INE a que asistamos a emitir nuestro voto para contabilizar la elección de los candidatos que mejor nos parezcan, de conformidad con la propuesta de los diferentes partidos políticos que los postulan o de candidatos independientes. Una vez que todos los ciudadanos hayamos emitido nuestro voto, se podrá saber quiénes cuentan con el mayor respaldo y, sobre esa base se califica a quienes habrán de asumir la responsabilidad de la representación, según sea el caso de un presidente municipal, un gobernador o un legislador.
No hay falla. Sólo que una parte importante de la población no está dispuesta o, mejor dicho, está conscientemente indispuesta; no quiere ir a votar, o quiere anular su voto, o quisiera tomar la boleta para escribir una leyenda de protesta o denuncia de que el procedimiento que se presenta tan sencillo no es más que una estratagema mediante la cual se asume un poder, sea para dictar leyes, reglas y reglamentos, que todos debemos de obedecer… so pena de ejercer la fuerza del orden ante desacato alguno; elecciones a manera de un ardid para asumir el poder de decidir en qué, cómo y cuándo se gasta el dinero de la recaudación de la hacienda pública a la que debemos de aportar una parte del ingreso producto de nuestro trabajo o ganancia, artimaña para obtener el derecho de endeudarse a cuenta de lo que se habrá de recaudar en el futuro y, por supuesto, se comprende el derecho de los gobernantes a juzgar nuestros actos en su condición de garantes del orden… etcétera. En otras palabras, las elecciones les conceden poder a los representantes y gobernadores en sus poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Una vez electos son irrevocables.
La indisposición a refrendar el sistema de elección de representantes que se ha venido haciendo desde hace un siglo es porque el interés general de los votantes no prevalece, el respeto a sus derechos individuales y colectivos no prevalece, el orden y la justicia no prevalecen, sólo se reconoce el impuesto, el juicio y la violencia en contra de quienes discrepan de las medidas adoptadas por representantes y gobernadores y ¡claro! las calamidades de la vida diaria que parecen no ser imputables a los susodichos representantes del gobierno, como son el desempleo, la carestía de la vida y la inseguridad, porque son cosas que no provienen de la acción directa de los gobernantes sino al contrario, es decir, de los delincuentes o de malos patrones, o de los trasgresores de las normas, encarecedores, coyotes o corruptos de cualquier sector público y privado, pero al final de cuentas no de los hombres y mujeres elegidos, con lo cual suponen no tener responsabilidad, pero la tienen.
El hecho hoy es que la historia de elegir representantes y gobernantes, después de un siglo ya no convence; por supuesto, la historia verdadera del siglo que viene de la Revolución Mexicana a la fecha, no puede simplificarse de esta manera, pues comprende cambios y progresos, auges y caídas, transformaciones de las que se cuentan muchos beneficiarios en órdenes de magnitud considerables, pues en aquel entonces éramos menos de 10 millones de mexicanos y ahora somos más de 120 millones de mexicanos, pero tampoco se pueden obviar las insuficiencias y desgualdades productivas, sociales o regionales, como por ejemplo dar cuenta de que la gran industria en México no llega a ser ni siquiera del 1 por ciento de la industria nacional, o que en el salario de los 50 millones de trabajadores se reparte sólo la cuarta parte de la riqueza nacional con la que se mantienen, no sólo estos trabajadores sino también sus familias, o que existen por consecuencia 50 millones de mexicanos en pobreza, siendo empleados formales, desempleados o trabajadores informales, o que 90 por ciento de los trabajadores asalariados del campo mexicano sobreviven, ellos y sus familias, con poco más de cien pesos por día trabajado, etcétera. La verdad es que son referentes que en estudios sistemáticos podrían arrojar una mumeralia de grandes listados que enchinan la piel por la revelación de desigualdades y desequilibrios que, además de desvelar una injusticia extendida muestran el atraso de México frente al progreso de otras naciones del mundo y, más aún, exhiben las dificultades de fondo para revertirlo.
No obstante, es un abuso del balance desconocer a los hombres y mujeres que dentro de esa ya larga historia han sido ejemplares en su esfuerzo y desempeño, al lado de los más genuinos intereses nacionales y las causas humanas y sociales más nobles, o querer achacar la historia de 100 años a los conspicuos actores de nuestro tiempo presente, gobernantes en turno, partidos políticos y candidatos; en cualquier caso, la historia no debe ser simplificada de manera abrupta, mas no por ello podemos olvidar el siglo que viene tras la crisis de la dictadura porfirista y las causas de la Revolución sobre el sufragio efectivo y la no reelección, el derecho a la educación, a la tierra, al trabajo asalariado y la seguridad social, preceptos de un desarrollo capitalista que ha sido trasgredido por los abusos del poder del que sus personeros se engolosinan en sus mayorazgos, canonjías, exenciones y privilegios, resistiéndose a disminuirlos en todo momento y ante cualquier reclamo, mas por el contrario, se afanan contranatura de la propia racionalidad capitalista y se disponen a acrecentarlos arguyendo cualquier perorata, o el ejercicio artero de la corrupción o de la violencia; y frente a ello, es necesario reconocer que la indisposición de hoy no repara en la injusticia y el abuso seculares, bueno fuera este recuento y reconocimiento de los saldos de injusticia y desequilibrios del siglo transcurrido desde entonces, pero aún sin reparar en ello, el peso de su evidencia recae sobre las generaciones actuales que han atestiguado la debacle de los últimos cincuenta años en los que han crecido los adultos jóvenes y los jóvenes jóvenes de hoy en día, y en cuyo transcurso se han realizado elecciones, ya no de dudosa factura sino que han sido objeto de denuncia de fraude y no a la manera del robo de urnas como cuentan los bisabuelos, los diarios de la hemeroteca o la novelística, sino fraudes cibernéticos, mediáticos o de compra de voluntades que al final de cuentas son fraudes, elecciones de falsas representaciones que, en tal condición actúan impunemente en contra del interés de las mayorías así hayan podido rendirles en la emisión del voto.
La carga del desapego de los gobernantes, a la fecha, es transgeneracional, la indisposición del momento es respuesta a la desilusión del actual régimen de gobierno que proyectó, como quiera que sea, una expectativa de cambio frente a dos, tres o cuatro regímenes que le han quedado a deber las posibilidades de mejora en las condiciones de vida de los más, pero que a diferencia de regímenes anteriores, éste no sólo incumple como los otros, sino que lo hace con formas distantes desde la actitud y la apariencia hasta formas cínicas de mostrarse diferente por sus extravagancias y desplantes, al grado de ofrecer, sin rubor alguno, enriquecimiento inexplicable, sin cumplimiento alguno sobre las expectativas creadas, y en complicidad con las formas ilegales y criminales que le dejan sin confianza y llevan a importantes sectores de la sociedad al límite de la tolerancia. Nadie le ha inventado al régimen nada en el que éste no haya puesto los elementos sobre la mesa de la discusión, la multicitada Casa Blanca, Tlatlaya, Ayotzinapa, el tren a Querétaro, Aristegui, etcétera, en paralelo a la caída de los precios del petróleo acabaron con el respeto al presidente Enrique Peña Nieto y a las instituciones de su gobierno.