Llama la tribu yaqui a la unidad y a la defensa del agua en marchas en Tixtla y en Chilpancingo

*En las localidades de Guerrero encontraron el mismo problema que padece su pueblo: represión y hostigamiento a la lucha por sus derechos, informa el comandante Agustín Molina. Se solidariza con los movimientos por la presentación de los estudiantes de Ayotzinapa y la libertad de los presos políticos. El gobierno federal aguarda a que pasen las elecciones para empujar una iniciativa de ley que privatiza el uso del agua, advierte Alfredo Méndez de la UAG

Lourdes Chávez

Tixtla y Chilpancingo

La Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida que encabeza la tribu Yaqui de Sonora, habló de los principales frentes de lucha en Guerrero: la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, la libertad de los presos políticos (mencionaron que son 78), la seguridad, la justicia, el movimiento contra las reformas estructurales, el derecho a la educación y al trabajo, así como el derecho al agua y al saneamiento de la misma.
La representación que llegó el sábado por Cuajinicuilapa encabezó ayer dos marchas y encuentros con estudiantes, maestros y activistas en la plaza cívica de Tixtla con padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa, en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y en el plantón del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en el Zócalo de Chilpancingo.
Llamaron a la unidad de las luchas sociales. El comandante de la tribu Yaqui, Agustín Molina Meza denunció que en las localidades de Guerrero encontraron el mismo problema que padece su pueblo: represión y hostigamiento a la lucha por sus derechos y afirmó que es necesario estar unidos para hacer valer la Constitución.
El dirigente de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Castillo advirtió que al gobierno no le interesan los ciudadanos, sólo el poder y enriquecerse a cualquier costo, “de alguna manera debemos unificar todas necesidades que hay en el país, porque aislados seremos vencidos y humillados… se habla mucho de unidad, pero se hace poco para lograrla, en eso hay que enfocarnos”.
Advirtió que habrá infiltrados “con piel de oveja” que querrán acabar con el movimiento, “debemos de ser cuidadosos con quienes se nos acercan y quienes entran a la organización”.

La lucha por el agua

El comandante Agustín Molina señaló que en su recorrido por distintos estados encontraron el mismo problema que ellos padecen.
Recordó que su pueblo alzó la voz contra la construcción de un acueducto que iba a desviar el agua de ríos que por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, le corresponde a la tribu Yaqui.
Informó que emprendieron una lucha legal que están ganando porque la Constitución les da la razón, no sin el acoso y persecución del gobierno que quiere controlar los recursos naturales no sólo de Sonora, sino en todos los estados de la República a través de megaproyectos y concesiones.
“Esa es la inquietud, por eso invitamos a las luchas hermanas a hacer valer las leyes. Hemos sufrido despojos pero nada ni nadie nos va a quitar la madre tierra, porque de ahí somos, de ahí nacimos, de ahí vivimos”, expuso.
“Sin tierras no tenemos trabajo, no tenemos vida. El futuro de nuestros hijos se ama y se defiende, el agua no es una mercancía para vender”, agregó.
En la plaza Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, el académico Alfredo Méndez denunció que el gobierno federal está aguardando a que pasen las elecciones del 7 de junio para empujar una iniciativa de ley que privatiza el uso del agua.
Como antecedente informó que con otros académicos y activistas forma parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, con presencia en 26 estados de la República, que en 2012 diseñó una iniciativa de ley que garantice el uso del agua como un derecho humano, y no fue escuchada.
Recordó que en 2010 la ONU reconoció el derecho humano del agua y al saneamiento del agua, que el Senado integró a la Constitución y se fijó como plazo un año para elaborar la ley general que establezca los mecanismos para ejercer este derecho, pero no lo hizo.
Reunieron firmas en febrero de 2014 para acogerse a la Ley de Participación Ciudadana y pedir su revisión en el Congreso de la Unión, consiguieron que 26 diputados federales y dos senadores la empujaran en San Lázaro, con la única condición que no le movieran ni una coma y que no la presentaran a nombre de sus partidos, sino de la organización.
Una semana después, el Ejecutivo envió su propuesta al senado que básicamente privatiza este recurso, y que se detuvo en comisiones por la presión de las organizaciones, pero sobre todo porque valoraron que imponerla frente a las elecciones del 7 de junio les traería un alto costo político, denunció.
Aclaró que los ciudadanos no pueden confiarse, porque no está detenida sólo hicieron una pausa para llevarla al pleno, y el mensaje de esta caravana es cerrar filas, porque si se privatiza el agua es como si se privatizara la vida.
Concluyó que así como dice en los libros de texto, que el agua es incolora e insabora, en esta lucha no importan los colores ni los membretes, caben todos y todas.

La caravana se suma a la lucha de los desaparecidos

En Tixtla, el comandante de la tribu Yaqui, Agustín Molina declaró que su pueblo está en apoyo de los normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, y les pidió que sumen a sus demandas la del derecho al agua, luego de una marcha por las principales calles de la ciudad.
La manifestación fue pacífica y con unas 150 personas, salió a las 10 de la mañana del barrio de El Santuario hacia el centro de la ciudad, recorrió las calles alrededor del mercado, regresó a la plaza cívica Ignacio Manuel Altamirano en el Zócalo. Fueron escoltados en la retaguardia por policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Fortín, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), independiente de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
En la plaza, durante poco más de una hora, representantes de las organizaciones sociales plantearon sus demandas.
Los normalistas de Ayotzinapa por la presentación de sus compañeros, justicia para sus compañeros asesinados y atención médica apropiada para los heridos de gravedad; la esposa del promotor de la CRAC Gonzalo Molina Gonzalez demandó que juntos exijan la libertad de los presos políticos, que ahora se encuentran en huelga de hambre por su libertad, y el comité promotor del Concejo Municipal de Tixtla convocó a la población a sumarse a las acciones contra el proceso electoral.
El representante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Hugo Alberto Ortega Comezaña coordinador de una ruta de la caravana (son tres en el país) ratificó que las luchas deben hermanarse.
El vocero de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz señaló que cuanto más unidos estén, en todos los los rincones del país van a resistir y vencer.
Señaló que a casi ocho meses de ansiedad, desesperación e insomnio, de velar en espera de ver llegar a los 43 alumnos desaparecidos, no se rinden.
El gobernador Rogelio Ortega Martínez “se equivocó al pensar que al firmar una minuta con organizaciones sociales nos iba a doblegar”.
Insistió en que para los padres no hay poder humano que los doblegue, “hasta que nos entreguen a los estudiantes, se castigue a los asesinos de los tres estudiantes asesinados la noche del 26 de septiembre y se atiendan a los heridos graves”.
“Nuestra demanda no se negocia, se equivocó Rogelio, hoy más que nunca las movilizaciones serán intensas y llegará el momento en que el pueblo de Guerrero pida ajustar cuentas con las autoridades, por los jóvenes que está asesinando y está desapareciendo”, advirtió.
Asistieron representantes de la Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de Ciencias y Artes (UALCCA).
En la tarde la caravana acudió a la facultad de Ingeniería de la UAG, donde tuvo un encuentro con organizaciones que conforman el MPG, entre ellas la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), el Frente de Defensa Popular (FDP, y las organizaciones de estudiantes, normalistas y egresados de normales públicas.
También asistieron el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y representantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que impulsaron grupos de seguridad en comunidades de los municipios de Juan R. Escudero y Chilpancingo, y están confrontadas por el control del territorio.
Prudentes, se retiraron en diferentes momentos y no participaron en la marcha que siguió de Ciudad Universitaria al zócalo de la Chilpancingo.
Durante el encuentro se refirieron a las demandas de los movimientos sociales organizados en Guerrero, en temas básicos como la seguridad, que el Estado fue incapaz de garantizar, entre otros derechos, y la detención de los dirigentes de la CRAC que defendieron a sus pueblos: Nestora Salgado García, Gonzalo Molina y Arturo Campos, entre otros.
Acudieron organizaciones de normalistas del estado, de egresados de normales públicas, así como transportistas y universitarios.
A las 6 de la tarde en el Zócalo de Chilpancingo, el MPG recibió a la caravana con flores e incienso en un rito prehispánico que organizó el grupo Calpulli Tecoanichan.
Hubo mensajes de bienvenida en náhualt, na’ savi y me’phaa, las lenguas originarias de Guerrero, honores a la bandera, canciones de rebeldía y sones de Tixtla.
Entre las actividades a nombre del MPG, la líder del Frente de Defensa Popular, Clemencia Guevara Tejedor denunció que los enemigos de los luchadores sociales no están en el pueblo, sino en el gobierno y en “su brazo ejecutor: la delincuencia organizada”.
Destacó a las organizaciones que se mantienen en pie de lucha en el plantón de la plaza cívica (en alusión al grupo del secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero, que se separó de este movimiento).
Convocó la unidad en los hechos, no con palabras, en los ejes de acción que fijó la Asamblea nacional Popular (ANP): la presentación de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, contra del proceso electoral, contra las reformas estructurales y por la libertad de los presos políticos.