Amenaza el gobierno peruano a manifestantes violentos con uso “racional” de armas de fuego

*Ministro peruano critica el fallo de juez a favor de líder de la protesta contra la minera filial de Grupo México, al negarse a enviarlo a prisión. El conflicto ya dejó cinco muertos y más de 120 heridos en dos meses

EFE / DPA

Lima / Washington

El ministro del Interior de Perú, José Luis Pérez Guadalupe, afirmó ayer que los agentes de la policía nacional están autorizados a usar armas de fuego “de manera racional” si son atacados durante manifestaciones violentas.
“En cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, la policía por supuesto que puede y debe usar sus armas”, declaró el ministro a los periodistas al comentar la publicación de un vídeo en donde se ve a un agente disparando con una pistola durante las protestas contra el proyecto minero Tía María, en la provincia sureña de Islay.
El general Jorge Flores, director general de la policía nacional, añadió que se ha identificado al agente que realizó estos disparos y dijo que este dirigió su arma hacia una zona baldía colindante, con la intención de rescatar a un suboficial que era golpeado por los manifestantes.
“Gracias a esa acción liberan a ese policía, que ha quedado con fractura de codo y desviación de faringe. Por lo tanto estaba justificado el uso del arma”, remarcó.
Enfatizó que la actuación de las fuerzas del orden está regulada por el manual de derechos humanos aplicados a la función policial que, según dijo, tiene niveles disuasivo, reactivo y de uso de armas letales.
Las protestas en la provincia de Islay frenaron temporalmente el proyecto minero Tía María, del Grupo México, cuestionado por los defensores de la agricultura en Perú.
Southern contempla la inversión de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.
El viernes, el presidente de la empresa, Óscar González Rocha, anunció una “pausa” en el proyecto con el objetivo, según dijo, de permitir que todos implicados presenten “sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable”.
A pesar de ello, organizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú han convocado a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de mayo próximo para exigir la anulación total del proyecto minero.
Por su parte, el ministro de Justicia del Perú, Gustavo Adrianzén, criticó ayer a una jueza por negarse a enviar a prisión al principal líder de la protesta contra el proyecto minero Tía María, que ya dejó cinco muertos y más de 120 heridos en dos meses.
Una jueza de la provincia sureña de Islay, Janett Lastra, negó el lunes el pedido de la Fiscalía de cambiar la prisión suspendida (con libertad condicional) a efectiva (permanencia en la cárcel) de Pepe Julio Gutiérrez, quien por una protesta similar en 2011 fue condenado a cuatro años.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Perú que proteja a Gregorio Santos Guerrero, miembro de una comunidad indígena en San Juan de Chirinos y líder de las rondas campesinas de Cajamarca.
La Comisión dictó medidas cautelares a su favor el 14 de mayo por considerar que está en una situación de “gravedad y urgencia”, informó ayer en un comunicado el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos.