Inmigrantes en 30 ciudades de EU exigen el fin del bloqueo judicial a la acción de Obama

EFE

Chicago

Grupos de inmigrantes realizaron ayer una jornada de protesta para exigir que termine cuanto antes el bloqueo judicial a la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, cuyos efectos habrían beneficiado desde ayer a casi cinco millones de indocumentados.
A lo largo del día, miles de activistas protagonizaron concentraciones y vigilias frente a edificios gubernamentales y protestas en más de 30 ciudades, en las que pidieron que se retire el apoyo a la demanda colectiva presentada por 26 estados -la mayoría republicanos- que acusan al presidente de abuso de su poder ejecutivo.
La demanda de los estados ante un tribunal de Texas suspendió el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes (DAPA), que busca amparar a los padres de ciudadanos estadunidenses o con residencia permanente y que debía entrar en vigor este martes.
También está suspendida la expansión de la Acción Diferida (DACA) para los “soñadores” (jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños al país), mientras se determina su legalidad.
Después de que el juez federal Andrew Hanen, de Texas, suspendiera cautelarmente la acción ejecutiva del presidente, la decisión está pendiente ahora del Tribunal de Apelación de Nueva Orleans, que podría inhibirse y dejar la cuestión en manos del Tribunal Supremo.
Pero la incertidumbre judicial no aplaca las protestas de los inmigrantes.
En Birmingham, Alabama, miles de integrantes de la Coalición por la Justicia Inmigrante realizaron un “día de acción digital”, con llamadas telefónicas y mensajes al gobernador Robert Bentley y al procurador de justicia estatal, Luther Strange, para que retiren su apoyo a la demanda colectiva.
Se estima que en Alabama las acciones ejecutivas de Obama podrían beneficiar a unos 25 mil inmigrantes.
También la fiscal federal de Florida, Pam Bondi, apoyó una demanda “mal intencionada”, según declararon grupos proinmigrantes que exigieron ayer en Miami la restauración de la acción ejecutiva del mandatario.