Anituy Rebolledo Ayerdi

Alcaldes de Acapulco (XI)

Pilones y aldehalas

El alcalde Ramón Escalante y el cura bachiller Fernando de Vega Leguizamo, hacen mancuerna para una solicitud imperiosa ante el virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcacitas, “segundo conde de Revillagigedo, caballero de la orden militar de Carlos II y gentilhombre de la cámara de su majestad”.
Solicitan aquellos en 1790 una escuela de primeras letras para los muchos niños de Acapulco. Seguros que el presuntuoso Güemes argumentará falta de presupuesto para algo tan insustancial, proponen sostener a la institución con un método sui géneris. “A cargo de los 16 pilones y aldehalas (propinas) que pagan las pulperías (¿misceláneas?) por cada peso de mercancía vendida”.
“Insensatos”, hubiera sido la respuesta del señor virrey en caso de darla. “¿Queréis enviar a robar a los leales funcionarios del rey que completan sus haberes con tan miserables aldehalas?” Respuesta comprensible para un viejo palurdo y arrecho que solo tenía tiempo para cruzar apuestas sobre el color de los calzones de las damas de su remedo de corte. Ganaba siempre porque sus criados lo investigaban antes.
Ora que la primera escuela primaria oficial de Acapulco se establecerá en el puerto a finales del siglo XIX. Se llamó Miguel Hidalgo y Costilla con un letrero en su entrada: “vade retro viejas”, o séase, para puros machitos.

La corrupción

Don Andrés Orejón, un alcalde de Acapulco que no aceptaba chascarrillos a costa de su apellido, se solidariza con una petición del ayuntamiento de la ciudad de México y así le irá. Corre 1561. La solicitud a las cortes españolas para que ya no nombraran virreyes para México, “porque solo vienen a enriquecerse con su séquito insaciable y rapaz de parientes y favoritos”. No será envidiada la suerte de los peticionarios en etapa tan temprana de La Colonia.
El rey no haría tal cosa –quedarse sin representante personal en el Nuevo Mundo–, pero sí ordenará mayores controles en la administración de la Nueva España. Uno de los funcionarios encargado de ello, el visitador Balderrama, se atreverá a proponer sin éxito la reducción de los períodos de gobierno virreinal. Una permanencia larga –argumentaba–, predispone a tales funcionarios al robo, al abuso y a la arbitrariedad. Y remataba: tal como ha sucedido cuando han transcurrido apenas once años de la fundación de Acapulco”.
La sola mención de la palabra “visitador” acalambraba y provocaba ronchas a los funcionarios, incluso a los más influyentes. Se trataba de una figura semejante al hoy contralor, pero con autonomía y autoridad plena otorgada por el propio monarca. El visitador Moya y Contreras, por ejemplo, mandará a colgar a varios funcionarios ladrones y entre ellos empleados de la Aduana Marítima de Acapulco. Con un “estuvo bien, pero te pasaste”, será devuelto rápidamente a España. Perdurará entre aquellos leales servidores el recuerdo del visitador Palafox y Mendoza, admirado por su honorabilidad, rectitud y energía. ¿Y?, preguntaría hoy, entre muchos, un motociclista de tránsito.

Juicio de residencia

Uno de tales visitadores descubrirá, por ejemplo, los tejemanejes del virrey Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, cesado a la postre y sujeto al juicio de residencia. Consistía éste, como ya se ha citado aquí, en el arraigo del funcionario mientras se investigaba su fortuna y se recibían quejas de la población. Se averiguaba básicamente el monto de los bienes declarados al tomar posesión y los presentados al momento de dejar el cargo. Incluía esta investigación a parientes y favoritos así poseyeran residencias acapulqueñas de palapa y bajareque.
Otros virreyes en apuros. Diego López Pacheco y Bobadilla , marqués de Villena y duque de Escalona, acusado de vender en su provecho empleos y canonjías. El alcalde de Acapulco Francisco de Meca y Falces adquirió en 6 mil pesos la plaza de “contador de la caja real”, porque la alcaldía “no dejaba”. Su compadre Pedro Gil de la Sierpe se hizo de la de “tesorero y factor” de la misma dependencia. Este dio un enganche de 6 mil 300 pesos y el compromiso de cubrir, en cuanto “se persignara”, 2 mil 800 más.
El soberano español tampoco cantaba mal las endechas. Llega un día al puerto un españolito ceceante y presumido llamado Bernardo Ordóñez. Anuncia ser el nuevo “guarda mayor de Acapulco” y las burlas y chirigotas de la plebe no le bajarán de “muchachito pendejo y caguengue”. El acoso terminará cuando Bernardo muestre su nombramiento firmado así: Carlos II, Rex. “Sabio y previsor nuestro querido soberano al dar oportunidades a nuestros jóvenes”, elogiará oportunista y zalamero el alcalde Juan Antonio Gutiérrez de la Vega. Otros acusados de corrupción fueron los virreyes Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralvo, y también el marqués de Cadereyta. Como “venal y sin escrúpulos” se calificó al virrey Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte y no se diga al virrey Joaquín de Monserrat, marqués de Cruillas, auténtico capo del contrabando aduanal en el puerto.

Polo y Navarro

Para quien no habrá respeto y consideración será para el alcalde Diego Antonio Polo y Navarro, obligado a entregar a un mismo tiempo su alma al creador y sus bienes al fisco. Expliquémonos. Las celosas autoridades hacendarias del puerto ejecutan una diligencia confiscatoria ante el cadáver aún caliente del funcionario. Le embargan bienes hasta por 10 mil pesos para cubrir un suministro, dos años atrás, destinado a reparaciones en el fuerte de San Diego.
Indignados, los acapulqueños colmarán de improperios a los hacendistas cuando se conozca que don Diego había comprobado en su momento, peso sobre peso, tales erogaciones. La propia gente obligará la devolución inmediata de los bienes incautados de don Diego. Hay expresiones que resisten el paso de los siglos y que suenan hoy mismo tan actuales. ¡Son chingaderas!, una de ellas, se dijo de la acción en contra del difuntito.

El Rey Planeta

Felipe IV, quien tuvo únicamente dos reinitas, Isabel de Borbón y Mariana de Austria, emite el 8 de marzo de 1660 una cédula real con dedicatoria especial para sus funcionarios de Acapulco. “Castellano, alcalde mayor y capitán de guerra”, “contador y juez oficial real de la caja de Acapulco” , “Factor y proveedor de Acapulco”, “alguacil mayor”, “justicia mayor”, etc, etc.
Aludía el documento del llamado El Rey Planeta a los controles estrictos para evitar la corrupción en los procesos aduanales, particularmente en la recepción y despacho de los galeones de Manila. Será el alcalde Diego Ledesma quien estrena las nuevas reglas en materia de transparencia, como se llaman hoy tales a humaredas. Sospechoso de entrarle bien y bonito a los “mojes” y “cochupos”, le quitan primero facultades para administrar alcabalas y regular el juego, sometiéndolo enseguida al temido juicio de residencia. Para no hacer el cuento largo, Ledesma se defenderá como gato boca arriba durante más de dos años hasta demostrar su inocencia.

La pareja virreinal

José Iturrigaray e Inés de Jáuregui y Arístegui, virrey y virreina de la Nueva España en los primeros años del siglo XIX, forman una insólita pareja de rapaces depredadores de bienes públicos y privados. Antecedente remotísimo de una insolente pareja presidencial, cuya cínica presencia pública aún lastima a México.
Todo comienza a la llegada al puerto de Veracruz del representante real. Lo acompaña un séquito de 25 personas y medio centenar de maletas con artículos europeos exentos de impuestos. Pura quincalla, pues. Doña Inés se encargará de mercadearlos entre la sociedad veracruzana con ganancia neta de 119 mil pesos. “Nada mal para un primer día en México”, comenta ella. “Y pensar que nos faltan casi dos mil”, responde él.
Aficionado a las corridas de toros y a las peleas de gallos, Iturrigay se echará al morral a los capitalinos promoviendo gratuitamente tales espectáculos. Sus olés eran los más sonoros en la plaza de El Volador. También era devoto de la pesca y no se sabe que haya venido al puerto en pos de los barriletes.
Escribe don Vito Alessio Robles (Acapulco en la historia y la leyenda), que con Iturrigaray muchas cosas cambiaron en la administración virreinal. Será la señora la que dé la cara para todo asunto de dinero. Quien pretendiera, por ejemplo, un empleo oficial debía comprarlo a la virreina. Para conseguir el azogue indispensable para el beneficio de los minerales, los mineros debían hacer costosos regalos a doña Inés. Ella misma firmaba las órdenes para la confección de uniformes para soldados, gendarmes y el servicio palaciego.
La señora Jáuregui y Arístegui controlaba, entre otras muchas áreas del comercio de la ciudad, la venta de papel para la confección de cigarrillos y nadie más que ella autorizaba la apertura de casas de juego. Por mediación de la encopetada dama se conseguían concesiones mineras, los arrendamientos de las salinas y en general la explotación de todas las fuentes productivas. Solo ella tenía la llave para ver al virrey, incluso tratándose clérigos, militares, oidores y otros funcionarios. La cuantía del obsequio para la “doña” deberá corresponder en todos los casos al tamaño del favor recibido.

El Padrino

Ni denuncias ni quejas prosperarán contra la pareja virreinal porque Iturrigaray tenía un padrino poderoso, más que poderoso, poderosísimo. Se trataba de Manuel Godoy y Álvarez de Farías, duque de la Alcudia y Sueca y príncipe De la Paz. Favorito, primer ministro, secretario de estado y generalísimo de los reyes Carlos IV y Fernando VII. Más odiado que amado, como suelen ser los hombres tras el poder.
Quienes odiaban a Godoy adjudicaban su posición a que mantenía relaciones íntimas con la soberana María Luisa de Parma, “deslumbrada por la hermosura e inteligencia” del astuto personaje. Quienes lo rechazaban sostenían que la reina no tenía tempo para engañar a Carlos IV, siempre botada en la cama. ¿Cómo , coño –se preguntaban–, con 25 embarazos, 11 abortos y 14 hijos? ¿O sí?

Dulces de Querétaro

Sigamos con la pareja virreinal. José Iturrigaray e Inés de Jaúregui y Arístegui son acusados de levantar en cinco años una fortuna cuantiosísima. Al abandonar el palacio virreinal –sujeto él a un juicio de residencia–, los auditores encontraron, entre otros muchos bienes, acciones de empresas mexicanas con valor de 400 mil pesos. Servicios de oro para mesa, objetos de arte, un escritorio de oro, muchísimos diamantes y perlas, cincuenta servicios de plata, tabaqueras de oro y una enorme cantidad de dijes y joyas del mismo metal.
Un auditor trasijado creyó encontrar algo de comer al descubrir un cofre que anunciaba su contenido como “dulces de Querétaro”. Chasco. Había en él 7 mil 383 onzas de oro. En otro se rescató un lingote de oro y muchas joyas del mismo metal y uno más con 30 talegas con monedas de oro y cuatro libranzas por valor de 100 mil pesos cada una.

Multa

Iturrigaray fue aprehendido en 1808 y enviado a España para ser enjuiciado. Su juicio se celebra en 1810 y es declarado inocente. Nueve años más tarde se reabre el juicio y entonces el ex virrey será encontrado culpable del delito de desfalco. Se le aplicará una multa de 384 mil 24 pesos.
¡No, pos sí, desde endenantes!