El gobierno peruano pide llevar a la Justicia a manifestantes antimineros violentos

EFE / DPA

Lima

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Pedro Cateriano, pidió ayer a la Fiscalía y al Poder Judicial llevar ante la justicia a las personas que han usado la violencia o que bloquearon vías en la provincia sureña de Islay, donde hubo una protesta de más de 50 días contra el proyecto minero Tía María.
“Quiero exhortar al Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial para que todas aquellas personas que han hecho uso de la violencia, que han bloqueado carreteras, que han herido gente y que han causado daños materiales respondan penalmente ante la justicia”, manifestó el primer ministro.
En rueda de prensa, Cateriano agregó que los procuradores del Estado tienen la orden expresa para que “las personas que han hecho uso de la violencia sean sometidas a la administración de justicia”.
Cateriano declaró que el gobierno ha convocado a la empresa Southern Copper, de capitales mexicanos y a la cual pertenece el proyecto Tía María, “para que nos explique cuáles van a ser los pasos que van a dar en estos días de pausa”.
La compañía del Grupo México ha sido convocada además para explicar “de manera detallada y pedagógica al país los alcances del proyecto para que se despejen todas las dudas existentes”.
El jefe del gabinete ministerial señaló que en la provincia de Islay no solo hubo corrupción a nivel de liderazgo de las protestas, sino que “habría hechos delictuosos que vincularían al Poder Judicial”.
Julio Gutiérrez, uno de los principales promotores de las protestas contra el proyecto y quien se encuentra detenido tras ser acusado de bloquear carreteras y de daños a la propiedad privada, habría hecho un pago ilegal a una magistrada para evitar su ingreso en prisión, según audios difundidos por la prensa.