Raymundo Riva Palacio

ESTRICTAMENTE PERSONAL

*Espionajes malditos

*En  los tres últimos lustros, la clase política ha preferido dirimir sus conflictos mediante el uso de herramientas ilegales, que colocar barreras legales y castigos ejemplares a quien viole la ley para alcanzar sus objetivos. Esto es un crimen, donde los delincuentes tienen casaca de políticos.

La temporada de campañas de estiércol tocó a quien faltaba: el árbitro electoral. La tómbola que degrada la vida pública le cayó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, al difundirse una conversación ilegalmente obtenida y difundida que revela un talante racista y clasista, y una actitud déspota hacia las comunidades indígenas. Golpe perfectamente dado a Córdova, en el ángulo de su carácter y personalidad, es condenable, por donde se vea, la violación a su vida privada. Córdova pagó en carne propia sus omisiones e irresponsabilidad histórica al no haber elevado la voz de protesta cuando los equipos de campaña optaron en 2015 por utilizar materiales ilegalmente obtenidos, como parte de la estrategia para denostar contrincantes y ganar favores electorales. Hoy, forma parte del circo de pistas interminables al no haber establecido, cuando menos, que las reglas del juego se estaban mutilando.
El espionaje político no es cosa nueva. Por décadas se ha utilizado en México como parte de un sistema de contrainteligencia: el régimen necesitaba saber qué hacían sus adversarios, qué planeaban sus rivales, qué deseaba la oposición, de la misma manera que las fuerzas de seguridad infiltran a los criminales para saber cuáles son las acciones que planean. La práctica era que, en el primer caso sólo conocían la información y lo que sabían se mantenía pasivamente en los expedientes de la policía política. Pero en los últimos años, la información tiene el mismo uso que con los criminales, por las razones contrarias: se utiliza para neutralizarlos. El morbo político y el escándalo fácil que buscan los medios, propició que la arena pública se prestara libremente para la degradación de la vida pública y la acción política.
El espionaje a Córdova unificó por primera vez los criterios editoriales de los medios que, antes que escoger el contenido de la conversación acusaron de espionaje telefónico. Doble moral, sin duda, que es donde anida la ansia y el hambre de los políticos que luchan en el lodo de la clandestinidad contra sus pares. Apenas hace una semana, pocos repararon en que la conversación entre un ejecutivo de OHL y el ex secretario de Comunicaciones del estado de México, había sido grabada y difundida ilegalmente. Nadie deja de regodearse con los contenidos de materiales ilegales, cuando las víctimas son los políticos. El caso de Córdova, que a muchos en los medios, sobre todo quienes vienen de la academia, sintieron como un agravio personal, cambió la dinámica. Falta que se recupere la memoria.
El espionaje político como brazo de la política legal fue inaugurado en 2003, cuando en un misterioso libro, Elba de Troya o Lady Macbeth, dio a conocer conversaciones telefónicas entre la maestra Elba Esther Gordillo, en ese entonces la secretaria general del PRI, y varias figuras de la política y el sector empresarial. La visión acrítica de los medios potenció la ilegalidad y la denostaron. Gordillo se preparaba para asumir la coordinación de la bancada del PRI en San Lázaro, que desde un principio fue débil y vulnerable. Cinco años después, el entonces senador Manlio Fabio Beltrones denunció un espionaje político en su contra, que provocó que la PGR en el gobierno de Felipe Calderón filtrara a los medios que no era el único político espiado, sino había más priistas, adjudicándole la autoría al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Las autoridades federales detuvieron a Luis Miguel Dena, un ex agente del Cisen que estaba contratado por el gobierno mexiquense para realizar mapas de riesgo, y años después fue exonerado. En la campaña presidencial de 2012, a casi un mes del voto, se difundió una grabación en la cual dos asesores del candidato Andrés Manuel López Obrador, pedían seis millones de dólares a un grupo de empresarios, con lo cual el tabasqueño, que estaba empatado con Peña Nieto, se desplomó.
En 2009, Luis Téllez renunció al cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes, luego de que en una disputa palaciega con la subsecretaria Purificación Carpinteyro, ésta entregó ocho grabaciones ilegalmente hechas para denostar a su jefe, en la cual, sin incurrir en ningún delito, el fraseo y el contexto de conversaciones privadas hizo inviable, en términos de legitimidad frente a sus interlocutores, que permaneciera en el cargo. Años después, en medio de la negociación sobre la reforma de telecomunicaciones en junio pasado, apareció una grabación telefónica de Carpinteyro, en ese momento diputada del PRD, donde le propuso a un ejecutivo de una telefónica un negocio en el sector de las telecomunicaciones. Ese conflicto de interés expuesto en esa conversación ilícitamente grabada la anuló de la discusión, y al PRD lo privó de su máxima experta en esa industria.
Estos casos son un racimo en un puñado de expedientes abiertos a lo largo de estos tres últimos lustros, en los cuales la clase política ha preferido dirimir sus conflictos mediante el uso de herramientas ilegales, que colocar barreras legales y castigos ejemplares a quien viole la ley para alcanzar sus objetivos. Esto es un crimen, donde los delincuentes tienen casaca de políticos. El llanto por Córdova debe ser el grito por todos y contra todos quienes este camino escogieron. Se pregunta la prensa quién lo espió, cuando saben los medios, los políticos y las instituciones, de dónde viene el grueso de las guerras sucias en esta temporada electoral: de los partidos, de los candidatos, de sus estrategas. Sus altoparlantes son los medios. Somos hipócritas que no admitimos lo que sabemos. Somos sibilinos. Lloramos cuando nos afecta, y gozamos cuando la pena está en el vecino de enfrente. Si se quiere cambiar, que se quiten las máscaras. Si no es el caso, a callarse la boca y seguir viviendo en donde el más fuerte es quien impone la ley.

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