Familiares de los seis comunitarios asesinados por policías estatales piden conocer la verdad y justicia

*También demandan reparación del daño por la pérdida de hijos, padres y esposos

Jacob Morales Antonio

Juchitán
(Segunda parte y última)

Los familiares de los policías comunitarios  de la Casa de Justicia de Juchitán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) asesinados por policías estatales el 30 de abril, exigieron conocer la verdad, justicia y la reparación del daño por la pérdida de sus padres o hijos, entre ellos dos jóvenes, uno de ellos amuzgo.
Cuatro familias de los seis policías comunitarios entrevistados exigieron a las autoridades justicia y castigo a los responsables de los crímenes. Afirmaron que sus familiares se integraron a las filas de la Policía Comunitaria por la carencia de seguridad en sus comunidades, y negaron que fueran “delincuentes” como los llamó el gobierno del estado.

Exigen justicia

Sentados bajo la sombra de las hojas de las palmeras a unos 40 metros del mar, y al lado de su casa edificada con ladrillos de concreto y techo de lámina, en la comunidad de Barra de Tecoanapa, Marquelia, la familia de Modesto Alberto Sánchez Cruz, llora al papá que cansado de las cuotas que los delincuentes exigían a los taxistas de la comunidad decidió participar para combatirlos.
Su esposa Ricarda Ramírez, de 43 años, rememoró que Modesto tenía tres años integrado a los comunitarios. Dejó cuatro hijos huérfanos, la más pequeña es una adolecente de 19 años. “Quería ayudar a la gente”, expresó la señora, que con las manos temblorosas y una mirada enérgica, exigió justicia.
Bajo la sombra, los padres del coordinador de la Policía Comunitaria en el municipio de Marquelia, Antonio Sánchez Santos de 73 años y Eugenia Cruz Guzmán de 75 años, afirmaron que su hijo tenía marcas de golpes y moretones en el cuerpo, además de un disparo en la cabeza. El padre afirmó “los policías les dispararon. Los policías directamente les dispararon”.
En el dictamen de la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense de Acapulco, dice que Sánchez Cruz murió por “laceración encefálica, hemorragia interna y externa consecutiva a heridas por proyectil de arma de fuego penetrantes y salientes en tórax y cráneo”.
La mamá dijo: “cuánta gente ha perdido la vida así, el gobierno se aprovecha de la gente, ese es nuestro coraje…ellos –el gobierno– no ven a los que son delincuentes, pero sí hay castigo para los campesinos y los pacíficos”.
Dos hermanos del comunitario muerto manifestaron que el propósito de él era auxiliar a la gente de la comunidad “queremos justicia, no es posible lo que le hicieron”, expresó su hermana Eulogia.
Mientras su hermano Marcelino advirtió “la gente está indignada, la Policía Comunitaria no acaba aquí. –El gobierno– está en su mesa resguardado por sus bandidos, ellos se venden”.
La familia es de origen campesino, se dedica a la pesca, y trabaja en el servicio del transporte público.
Dejó el campo por la sequía

El policía comunitario Pascual Miel Bautista dejó a sus dos hijas de 11 y 8 años de edad, una casa construida de piedras, lodo y carrizo, de techo de cartón, mide 4 metros de ancho por 5 de largo y a su esposa una casa de la mismas características de 4 por 4 con piso de tierra, donde ambos vivían desde hace 14 años.
Las viviendas se encuentran en la comunidad de El Aguacate, Juchitán. La esposa del comunitario se dedica a lavar ropa ajena, gana unos 300 pesos si le va bien durante el medio día de labor.
Ella dijo que su esposo dejó el campo desde hace tres años por la falta de lluvia en la zona, la tierra se volvió áspera para la siembra de maíz y frijol. El 17 de mayo cumpliría 40 años.
Adela Morales Santiago de 44 años, fue entrevistada el 6 de mayo, a dos días de haber enterrado a su esposo, recordó que su otro esposo, con quien procreó siete hijos también fue asesinado.
La incursión de su marido a la Comunitaria, fue también por el aumento de los asaltos en la carretera que conduce a la comunidad. Dijo que con los comunitarios su esposo recibía 5 mil pesos mensuales como ayuda para mantener a la familia.
“El gobierno no dice nada, el gobierno dice que eran unos delincuentes, eso no es cierto, yo exijo justicia y también –ayuda para sus hijas–como quedaron mis hijas, están estudiando”, dijo entre lágrimas.
Al término de la entrevista, la señora mostró la única foto que le queda de recuerdo de su esposo. La imagen está pegada en la credencial que lo identificaba como Policía Comunitario.
En su casa la señora no tiene agua potable. El lugar donde vivía con su esposo es reducido, en una esquina se encuentra una cama matrimonial de madera, en el otro un frigo-bar despostillado que aún funciona. En mecates sostenidos por la madera, hay ropa colgada. “no me da pena mostrar cómo vivo, esta es mi casa”.
El hijo amuzgo enterrado en tierras afro

El descontento y coraje por la muerte de su hijo se ve en su rostro. Jamás admitió que se integrara a las filas de la Policía Comunitaria. Sentado en una banca frente al altar colocado en el centro de salud de la comunidad de Tejas Crudas, Cuajinicuilapa, donde fue velado su hijo, el señor Amando Sóstenes Santiago de 72 años.
Dijo que su hijo es Fidencio Santiago Baltazar, radicaba en la comunidad de población afro-mexicana, pero su origen es amuzgo, de Cubres de Barranca Honda, Ometepec, ubicada a media hora de la cabecera municipal.
Las manos del señor delatan su dedicación al campo. Con una mirada en el horizonte y  un brillo a punto de estallar –tal vez recordando a su hijo– trata de hablar en castellano, después en amuzgo con un tono fluido cuenta que su esposa dejó a sus tres hijos cuando el asesinado era bebé. La más grande radica en Ometepec, y el más pequeño de sus hijos que procreó con otra mujer, tiene 15 años, y quiere seguir estudiando.
Fidencio tenía apenas un año de integrase a la Policía Comunitaria, después de salir de la cárcel de Ometepec donde estuvo preso un año por una denuncia de una supuesta violación a una menor que para él fue sólo una calumnia. Pero a pesar de ello pudo ingresar en la Comunitaria.
Una vecina reveló que el joven llegó a la comunidad a trabajar de peón. Y después ingresó a la Policía Comunitaria, vivía con una familia de Tejas Crudas. Su padre exigió resarcir el daño de la muerte de su hijo, porque apenas tenía 20 años y comenzaría una vida.
El joven fue enterrado el domingo 3 de marzo en la comunidad. Su cuerpo pasó una noche a las afuera del centro de salud, donde llegó todo el pueblo que lo conoció. En el altar fueron colocadas imágenes religiosas y veladoras.

La hija y la esposa que dejó en casa

Un joven inquieto, apasionado y con ganas de sacar a delante a su naciente familia, así lo recordó su abuela Rosa Hernández González. Érick Marbel Paniagua Bernal tenía 20 años, originario de la comunidad pesquera y ganadera de El Faro, a 45 minutos de la Cuajinicuilapa.
Con un carácter fuerte que distingue a las mujeres de la zona afro, y un semblante que denota tristeza y dolor, la abuela contó que la mamá del joven comunitario vive en Estados Unidos junto a sus hermanos, a su padre lo mataron cuando era chico y desde entonces ella lo crió.
En casa de la abuela el joven dejó a un niño de casi 6 meses de nacido, y a su mujer que apenas alcanza los 18 años. La abuela con lágrimas en los ojos cuenta que su nieto la visitó un día antes de que lo mataran y le prometió que pronto regresaría a su casa para registrar a su hija, pero no volvió vivo.
En un tono de reclamo la señora expresó “después de que se lo comieron –mataron–, ahora lo están difamando, –el gobierno– le está diciendo delincuente”. Recordó que su hijo se integró a la Policía Comunitaria hace un año por el abigeato, antes él apoyaba en la crianza y cuidado del ganado que tienen, además de realizar labores de campo.
“Yo veo difícil esto –cuando se le preguntó por la justicia–. Mi hijo no fue delincuente, era un hombre que trabajaba, él entró a la Comunitaria para servirle al pueblo, a la gente, pero me lo mataron, yo no esperaba esto, jamás me pasó por la mente esto”, dijo doña Rosa que no aguantó las lágrimas.
Santiago Baltazar  de 20 años y Paniagua Bernal de 19, murieron por disparos en la cabeza, en las fotos periodísticas del caso se ve que ambos jóvenes no presentaban disparos en el cuerpo. Ambos iban en la camioneta de redilas decomisada al proveedor y distribuidor de droga Noé Marroquín Reyes.