Torturaron en la cárcel de Veracruz a Villar; lo sumergieron en un sanitario, denuncia la CNPA

*La integrante de la CRAC, Adelaida Hernández es acosada y maltratada por su compañera de celda, afirma el abogado Héctor Muñoz. Se declara incompetente la Fiscalía para declarar víctimas a los seis policías comunitarios asesinados por policías estatales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) se declaró incompetente para reconocer como víctimas a los seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de Juchitán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) asesinados el 30 de abril, cerca de Ometepec, bajo el argumento de que quienes intervinieron fueron policías estatales, no ministeriales.
El responsable del área de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Héctor Muñoz Guzmán denunció que no hay ningún responsables de ese ataque en el que murieron dos policías estatales y seis comunitarios, a los que gobierno estatal señaló de “delincuentes”.
Luego de una reunión con el vicefiscal Alejandro Santos, en Chilpancingo, el abogado anunció que van a recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para solicitar la reparación del daño para los deudos de las víctimas.
Dijo que van a denunciar que el coordinador de la Casa de Justicia, Eliseo Villar Castillo, aprehendido por militares después de los hechos del 30 de abril y trasladado al penal federal en Perote, Veracruz, pero ahora preso en Acapulco, fue torturado la noche en que lo internaron en la prisión.
Denunció que la coordinadora Adelaida Hernández Nava, detenida junto a Villar Castillo pero internada directamente en el penal de Las Cruces en Acapulco, es acosada y maltratada por su compañera de celda.
Ratificó que todas las acciones del gobierno estatal son violaciones al debido proceso de sus líderes comunitarios, y como ejemplo recordó que acusaron a Eliseo Villar de secuestro en el fuero federal para justificar su traslado a una prisión federal y sacarlo de Guerrero, y cuando el juez determinó su libertad lo entregaron a policías ministeriales del estado.
En ese proceso los abogados y familiares desconocieron durante 24 horas de su paradero, porque en un Ministerio Público de Jalapa, Veracruz, donde policías estatales entregaron a Villar Castillo a los ministeriales de Guerrero, les informaron que un juez lo requirió en el penal de Ometepec, pero en realidad lo internaron en la prisión de Acapulco.
Adelantó que mañana se vence el plazo para que el juez resuelva de nueva cuenta la situación legal de Villar, dé libertad o auto de formal prisión,y si es a favor no descartan que se presenten nuevas denuncias en su contra, para mantenerlo en prisión.
Añadió que el vicefiscal se negó a informarles el número de averiguaciones previas que existen contra Villar Castillo o de los policías comunitarios, alegando derecho de discreción, y eso los deja indefensos ante nuevas arbitrariedades.
Dijo que el funcionario sólo se comprometió a dar garantías a las viudas y madres de los policías comunitarios asesinados, para que presenten su denuncia ante el Ministerio Público a partir de la próxima semana, y comenzar la investigación de los homicidios.
Tras los ataques del 30 de abril, el gobierno del estado informó que los policías estatales se enfrentaron a balazos con delincuentes para rescatar a un secuestrado, y los comunitarios denunciaron que fueron emboscados y cuatro que quedaron vivos tras la balacera fueron ejecutados.
En la mañana en conferencia de prensa, Muñoz Guzmán consideró que sería un logro una mesa de trabajo para la discusión sobre la reparación del daño a los familiares de los policías comunitarios, como se había acordado previamente con las autoridades.
Sin embargo, en la tarde después de la reunión, denunció que no les dieron una respuesta clara sobre los deudos y los detenidos, “dicen que no ha terminado de estudiar la solicitud para el desistimiento de las denuncias contra Villar Castillo”, que solicitaron por escrito y certificada.
Advirtió que van a continuar la lucha legal en el fuero federal para pedir el estatus de víctimas para los policías comunitarios asesinados, así como la reparación del daño, vía que se agotó en el estado.
Indicó que van a pedir una o dos visitadurías para que revisen la condición fisica de los detenidos, a través de la Secretaría de Gobernación y de la CNDH, porque recientemente se enteraron que en Perote, Veracruz, Eliseo Villar fue incomunicado al entrar al penal, le cerraron la celda sin luz, unos hombres lo doblegaron y sumergieron en un sanitario.
En cuanto a Adelaida Hérnadez indicó que en la prisión de Las Cruces tiene que pagar cinco pesos por tortilla, y su compañera de celda le exige que pague 60 pesos por ver televisión o la tiene de vuelta a la pared, con los ojos cerrados, bajo amenazas.
Lamentó que en el gobierno les den un trato amable durante el diálogo, pero en los hechos no muestran voluntad de atender sus demandas.
En la mañana en conferencia de prensa, el responsable de la Casa de Justicia de Juchitán, Fructuoso Sánchez Cruz informó que ayer los pueblos se manifestaron en la carretera en Costa Chica, “es el principio de una gran lucha, responsabilizamos al gobierno del estado de lo que en adelante suceda, porque no dan respuestas claras. Van a iniciar una serie de movilizaciones, particularmente de los familiares de los asesinados”.
Consideró que el gobierno estatal se va a negar a reconocer a las víctimas, porque en sus filas “tiene asesinos con charola”.
Afirmó que la CRAC en Costa Chica no ha sido acosada por las autoridades, pero “tememos por nuestras vidas porque para el gobierno siempre estaremos fuera de la ley, por hacer lo que como gobierno no hicieron: abatir la inseguridad en justicia para nuestros pueblos”.
Aseguró que Villar y Adelaida tienen el respaldo de los pueblos, que se puede verificar a través de las actas de asamblea, “lo que diga Abad (García, coordinador de la Casa de Justicia matriz de la CRAC que exige que los coordinadores sigan en prisión) nos tiene sin cuidado.
Muñoz Guzmán destacó en las averiguaciones previas donde acusan a Villar y Hernández, que son reconocidos como policías comunitarios, “a ese grado de absurdo llega la justicia mexicana”.