Plantan autoridades federales a comerciantes afectados por el cierre de un acceso a Revolcadero

Karla Galarce Sosa

Autoridades federales plantaron a los miembros de la Cooperativa 13 Estrellas, en el Palacio Federal, quienes denunciaron el cierre “arbitrario” del acceso Punto Muerto que la empresa Oprinsa, subcontratada por la Secretaría de Marina (Semar), hizo para instalar allí una bodega, el comedor y los dormitorios de sus empleados desde que comenzó el desmantelamiento de la estructura que sería el muelle que promovió Jar Estate Corp.
La empresa llegó el 30 de abril con una grúa de gran calado y cerró el acceso para desmantelar la estructura de lo que sería del muelle en playa Revolcadero. Entonces los trabajadores habían colocado una malla plástica para impedir el paso a los peatones y a los clientes de los cooperativistas. Sin embargo el plástico fue sustituido por una malla metálica que abarca de extremo a extremo los 8 metros de la calle y solo dejó un pasillo donde, al final, se coloca un candado desde hace una semana, señalaron los cooperativistas.
Encabezados por el procurador del Medio Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, y la delegada en Guerrero, Maricela Ruiz Massieu, inspectores de Profepa llegaron al área donde de los trabajos se desarrollan desde el 30 de abril para “verificar que todo marche bien”, informaron fuentes de la dependencia, que no detallaron si la visita del funcionario había sido programada o no.
En la reja metálica fue colocado un letrero que advierte la prohibición del paso a “personas ajenas” a la obra, así también una valla metálica que fue soldada con metales y láminas de galvanizadas desde el canal pluvial hasta la playa.
Los cooperativistas señalaron que el cierre de la vialidad impide el paso a sus clientes, a los empleados de los condominios aledaños para consumir alimentos, además de que la colocación y el trabajo de tres grúas impiden que se instalen toldos, sombrillas y camas de masaje, servicios que ellos prestan y de los que dependen al menos 27 familias.
Comentaron que el domingo pasado, una parte de la barrera metálica fue arrancada por el oleaje, pero que sería restituida para impedir el paso a los peatones en un diámetro de más de 4 mil metros cuadrados alrededor de la estructura.
El cooperativista Filiberto Zamora señaló que el encargado de la obra, de quien sólo dijo que se llama Álvaro, les ofreció que en compensación por los meses que mantengan cerrada la calle les construirían una cabaña en la planta alta del local de la cooperativa.
“Pero después, añadió, nos dijo que no habría nada y no nos informan quién nos va a ayudar todo el tiempo que no podamos trabajar”, expuso.
Los afectados se reunieron ayer después de que volvieron del Centro, minutos después de que el procurador del Medio Ambiente, Guillermo Haro, visitó el sitio en compañía de la delegada Maricela Ruiz.
“Nosotros estábamos buscándolos en el Centro, venimos del Palacio Federal, ya habíamos ido a Semarnat para saber qué solución nos van a dar porque cerraron la calle”, expresó.
Los cooperativistas reconocieron que carecen de título de concesión para ocupar zona federal, pero que pagan puntualmente cada año el uso y goce de los mil metros cuadrados que ocupan en la playa para sus toldos, sombrillas, sillas y camastros.
Comentaron que el pago que hacían al principio por el uso de la zona federal era de 12 a 16 mil pesos cada año, pero que hace un par de años pagan 2 mil 856 pesos gracias a la reclasificación a zona de ornato. Mostraron la licencia vigente de funcionamiento que requieren para que funcione el restaurante, documento expedido por el Ayuntamiento.
Advirtieron que de no tener una respuesta por parte de las autoridades federales y municipales, se manifestarán en el Palacio Federal, pues nueve socios y sus familias dependen completamente del trabajo que realizan en la playa desde hace más de 25 años, a un costado de la estructura que está siendo desmantelada.