Comunidades de Chilapa son “escenarios de guerra”, dice reporte de la SEG

Desde hace casi un año no hay clases regulares en Chilapa por la inseguridad

*La SEG asegura que las comunidades del sur del municipio, colindantes con el de Quechultenango, se han convertido en “escenarios de guerra”, según se describe en un reporte oficial

Luis Daniel Nava

Chilapa

De julio de 2014 a la fecha, la ola de violencia suscitada por los enfrentamientos entre dos grupos armados de la delincuencia, ha provocado la contante suspensión de labores educativas en el presente ciclo escolar en toda la región, informaron autoridades educativas.
En distintos hechos, las comunidades del sur de Chilapa, colindantes con el municipio de Quechultenango, se han convertido en “escenarios de guerra”, describe un reporte oficial.
El documento describe que el pasado 8 de julio de 2014, grupos armados antagónicos protagonizaron un enfrentamiento a balazos en la ciudad y en algunas comunidades aledañas, como El Paraíso, Xochitempa, Ayahualulco y otras colindantes con el municipio de Quechultenango, lo que provocó la suspensión de las clausuras del anterior ciclo escolar, en la mayoría de escuelas de la ciudad y comunidades vecinas.
El 22 de agosto de ese año, hubo más enfrentamientos en Chilapa y sus alrededores, dejando como saldo “varias personas muertas”; a partir de esa fecha se continuaron presentando balaceras, lo que orilló a que del 29 de noviembre en adelante, hasta llegar a las vacaciones de invierno, se interrumpieran labores docentes en la mayoría de las escuelas de la región.
El informe indica que este pasado 1 de mayo, se registró el homicidio del candidato del PRI a la presidencia municipal, en la comunidad Atzacoaloya, “hecho que motivo el pánico entre la población y la suspensión de labores educativas, principalmente en la parte sur del municipio”.
De nuevo, el 6 de mayo otro enfrentamiento, en la localidad de Zelocotitlán y a la entrada de Chilapa, dejó un saldo de seis personas muertas, aplazando el regreso a las actividades educativas, por no haber condiciones de seguridad para la comunidad escolar.
Las autoridades añaden que el 9 de mayo, la irrupción en Chilapa por unas 200 personas “que se identificaron como policías comunitarios” orilló a que las escuelas de la región, “nuevamente suspendieran sus actividades escolares en los cinco municipios (Chilapa, Ahuacuotzingo, Zitlala, José Joaquín de Herrera y Atlixtac)”.
El 6 de mayo, bajo esas circunstancias de riesgo, las autoridades educativas emitieron una circular, para suspender de manera oficial las labores hasta el 8 del mismo mes, y el 11 de mayo, al valorar que no había “condiciones mínimas para seguir la laborando”, se emitió otro comunicado, prorrogando la suspensión hasta el día 13 de mayo.
La constante suspensión de actividades, indica el documento, ha generado descontento entre los padres de familia de las comunidades de la parte norte del municipio, argumentando que en esa zona sí hay condiciones para trabajar.
No obstante, ataja el informe, Chilapa “es el paso para todas las localidades de los cinco municipios y es en esta ciudad donde se han generado los enfrentamientos de manera recurrente”.
“Los trabajadores de la educación sienten temor, al ver la presencia de los grupos armados”, se agrega.
Informa que se ha documentado el secuestro de una maestra de preescolar foráneo, hecho que ocurrió en el municipio de Ahuacuotzingo y que un docente de educación física está en calidad de persona desaparecida.
“Las escuelas de todos los niveles y modalidades han dejado de laborar, hasta por un periodo de 20 días hábiles en diferentes momentos”.
De un total de 62 mil 322 alumnos de preescolar, primaria, servicios estatales, secundarias generales y técnicas, 15 mil 826 no han recibido clases, indica.
Este domingo en Chilapa, el secretario de Educación, Salvador Martínez della Roca, aseguró que el total de las escuelas regresarían a laborar este lunes 25; en efecto más del 97 por ciento regresó a clases: de 663 escuelas, sólo 17 no abrieron por las mismas condiciones de inseguridad.

Dos hermanos, un antropólogo y un empleado,  en la lista de desaparecidos de Chilapa

“No es posible que en un Estado democrático y supuestamente de derecho como el que dicen que tenemos, se permita de manera tan impune que ocurran este tipo de situaciones sin que ninguno de los tres órdenes de gobierno haga nada”, señala el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los hermanos Héctor y Jorge Jaimes Abarca llevan vidas paralelas. El primero, de 30 años de edad, es antropólogo y colaborador del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa. El segundo es un joven de 18 años, diligente empleado de una tortillería en esa misma ciudad. Pero en dos meses a ambos los unió la misma tragedia: forman parte de la lista de desaparecidos en Chilapa.
El antropólogo desapareció en circunstancias extrañas el 18 de marzo pasado, después de que regresó a Chilapa, procedente de Chilpancingo, y el empleado, al parecer, fue levantado el 9 de mayo, cuando irrumpieron en Chilapa presuntos guardias comunitarios de distintos poblados de ese municipio.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, reprochó que no es posible que en un estado democrático y supuestamente de derecho “como el que dicen que tenemos, se permita de manera tan impune que ocurran este tipo de situaciones, sin que ninguno de los tres órdenes de gobierno haga nada”.
Declaró que “esto solamente nos indica hasta qué grado ha llegado la descomposición en la sociedad, pero sobre todo, la descomposición que existe en todas las esferas del poder, que no hacen nada por impedirlo”.
La mañana del 18 de marzo, Héctor Jaimes viajó a Chilpancingo a ver a su novia, con quien efectivamente se reunió, pero se separó de ella a las aproximadamente a las 5 y media de la tarde. A esa hora le comentó que todavía pasaría a atender un asunto a Galerías y que de allí saldría para Chilapa.
Héctor es antropólogo y de 2008 a 2011 participó activamente en el movimiento por la defensa de la red de agua potable que reclamaron los seis pueblos ubicados al sur de Tecuanapa, cuando los habitantes de la cabecera municipal se oponían a que el agua llegara a los pueblos de Mecatepec, Barrio Nuevo, El Guayabo, Tepintepec, El Carrizo y San Francisco.
Recientemente participaba junto con uno de sus compañeros, Gilberto Abundis, en la filmación de un video financiado por la Secretaría de la Juventud y relacionado con la elaboración del pan de Chilapa; ambos recorrían varias comunidades como parte de ese proyecto, por eso Héctor Jaimes era muy conocido no sólo en la cabecera municipal sino en varias de las comunidades.
Ese 18 de marzo, algunas personas lo vieron llegar a las 7 y media de la noche a la terminal de las combis del servicio público de la ruta Chilpancingo-Chilapa. Sin embargo Héctor desapareció misteriosamente en el trayecto de la terminal de las combis a su casa, a la que ya no llegó.
Una semana antes de que desapareciera, el antropólogo, quien colaboraba con el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, contó a sus familiares y a algunos de sus compañeros que lo andaban siguiendo, y reveló que seguramente era consecuencia del video que filmaban en algunas de las comunidades en donde se elabora pan. Esto porque les dijo que en algunas de las comunidades que había visitado hombres extraños le exigieron que no anduviera tomando película.
La extraña desaparición de Héctor se asoció con la de su compañero de proyecto, Gilberto Abundis, a quien hombres armados se lo llevaron 12 días después. Gilberto fue sacado de su casa cuando regaba sus plantas e igual que Héctor. Nadie ha vuelto a saber de él.

Jorge Jaimes llevó tortillas y ya no regresó

Jorge Jaimes Abarca llevaba una vida distinta que su hermano Héctor. Hasta el 9 de mayo, el joven de 18 años trabajaba en la tortillería 3 Hermanos.
Ese día, sus patrones lo mandaron a entregar un pedido de tortillas al Salón California, que se encuentra a orillas del bulevar Eucaria Apreza, en la cabecera municipal de Chilapa.
Horas antes habían irrumpido unos 300 hombres y mujeres de distintas comunidades que se dijeron guardias comunitarios provenientes de varias comunidades de ese municipio. La mayoría llegaron armados y señalaron que iban por tres jefes del crimen organizado que controlan la plaza, uno de ellos Zenen Nava Sánchez, El Chaparro, presunto jefe de Los Rojos.
Sin embargo de Jorge nadie sabía que anduviera en malos pasos; “se dedica exclusivamente a su trabajo, es serio y casi no habla con nadie, sólo que sean muy conocidos suyos”, contó uno de sus familiares.
El 9 de mayo, eran aproximadamente las 6 y media de la tarde cuando lo mandaron a dejar el pedido de tortillas, muy cerca de donde se encontraban los presuntos guardias comunitarios, en la glorieta Eucaria Apresa.
No hay evidencias de que fueron quienes entraron ese día a la cabecera municipal los que se lo llevaron, pero sus familiares están seguros que forma parte de la lista de 30 personas que se llevaron y que dos semanas después siguen desaparecidos.
De acuerdo con fuentes oficiales, en Chilapa se han documentado 101 desapariciones solamente de julio de 2014 a mayo de 2015. Sólo del 9 al 14 de mayo durante la irrupción de los presuntos guardias comunitarios se han presentado 16 denuncias, aunque fuentes extraoficiales aseguran que los levantados suman 30, pero que en algunos casos sus familiares no han presentado denuncias por temor.
Al respecto, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón con sede en Chilapa, Manuel Olivares Hernández, señaló que no es posible que en un estado democrático y supuestamente de derecho “como el que dicen que tenemos, se permita de manera tan impune que ocurra este tipo de situaciones, sin que ninguno de los tres órdenes de gobierno haga nada”.
Añadió que el problema de los desaparecidos en esa ciudad no es nuevo, “viene desde mucho tiempo atrás. Aquí lo preocupante es que los gobiernos federal, estatal y municipal, al igual que lo que ocurre en otros lugares del país, estén permitiendo que ocurran este tipo de situaciones”.
Recordó que el problema se recrudeció el año pasado, cuando en julio hubo enfrentamientos fuertes por la disputa del control de la plaza, “pero desde ese momento el gobierno municipal, estatal y federal no tomaron cartas en el asunto”.
“Hasta entonces todo mundo estaba conforme porque sólo un grupo de la delincuencia organizada mantenía el control y el poder de la plaza, y no se veían tanto la violencia, los secuestros, los asesinatos, el desmembramiento de los cuerpos, pero hoy que la disputa por la plaza se ha recrudecido, se ha vuelto más sanguinaria esta lucha”, dijo.
Para el defensor de derechos humanos la situación es preocupante porque el Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional permitieron que gente armada, “a la que el gobernador sustituto no reconoce como parte de la Policía Comunitaria”, realice este tipo de acciones.
“Esto significa que cualquier grupo se puede armar y puede tomar la cabecera municipal sin ningún problema. No es posible que frente a la Gendarmería se haya desarmado a los policías municipales. No es posible que frente al Ejército se detenga y se golpee a los jóvenes, a la gente de la cabecera municipal”, reprochó Olivares Hernández.
Insistió: “No es posible que en un estado democrático y en un Estado de derecho como el que dicen que tenemos se permitan este tipo de situaciones. Esto solamente nos indica hasta qué grado ha llegado la descomposición en las esferas del poder, tanto a nivel federal, estatal y municipal”, acusó.
Denunció que tal parece que el gobierno federal aplica una política y estrategia “muy retrógrada”, y que le apuesta a que los grupos se aniquilen entre ellos para que cuando ya estén debilitados entonces acabar de someterlos.
“Eso suena lógico porque los dejan enfrentarse, asesinarse y desaparecerse, con el argumento de que a fin de cuentas son del crimen organizado, pero aunque sean delincuentes estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de la vida y de la desaparición de muchas personas, pero parece que a los gobiernos federal y estatal no les preocupan mucho esta situación”, lamentó.
Añadió que en esta confrontación entre los grupos están cayendo y llevándose a muchos inocentes y que es lo más grave, porque el gobierno no hace nada por ellos como ocurre en Chilapa.
Olivares denunció que las cifras de desaparecidos en México, pero principalmente en Guerrero, son elevadas, pero que las cifras reales no se conocen porque la gente no tiene confianza en las autoridades y, por lo tanto, no denuncia, “y esto hace difícil tener un registro claro y concreto de este tipo de cosas que están pasando”.
Declaró que para resolver el grave problema en Chilapa el gobierno federal debe de tomar el control de la seguridad pública. “E inmediatamente tiene que comenzar a depurar a la Policía municipal. Mucho se ha dicho que la Policía municipal juega un doble papel en Chilapa, en un momento son policías municipales y en otro son halcones o definitivamente de la delincuencia organizada”.
Y luego criticó que mientras el problema crece, el gobernador Rogelio Ortega y el presidente municipal Francisco Javier García González se siguen peleando, “cuando lo primero que debieron haber hecho es buscar a los desaparecidos y darle una respuesta a los familiares”.
El defensor de derechos humanos declaró que en este caso hay un delito de omisión por parte del Ejército, por parte de la Gendarmería y por parte de la Policía Federal y de las mismas autoridades estatales y municipales, “porque ellos permitieron que esto sucediera, permitieron que frente a la policía, Ejército y Gendarmería se detuviera y se desapareciera a la gente. Entonces este es un delito de omisión que debe de ser juzgado, aquí el problema es que se necesita una denuncia y allí necesitamos gente que quiera hacerlo”, concluyó.